Mientras cinco víctimas de la dictadura de Agusto Pinochet siguen desaparecidas, el subsecretario de Justicia, Luis Silva, respaldó la reducción de penas a dos exagentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) condenados por cinco secuestros y atribuyó su firma a los decretos en los que se concedieron los beneficios, al criterio administrativo empleado por el ministro Fernando Rabat.
Silva defendió ante la Corte de Apelaciones de Santiago las rebajas otorgadas a los exagentes Patricio Leónidas González Cortez y Heraldo Velozo Gallegos, a pesar de que sus solicitudes habían sido rechazadas por el Ministerio de Justicia mediante decretos emitidos el 24 de septiembre de 2025, durante la administración del expresidente Gabriel Boric.
Los exagentes de la CNI recurrieron a la justicia, pero los recursos de amparo fueron desestimadas y la Corte Suprema ratificó la decisión el 2 de diciembre del mismo año
González y Velozo fueron condenados por su participación en los secuestros calificados de cinco integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR),Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otáro.
Según los antecedentes, durante hechos ocurrieron en septiembre de 1987, las víctimas fueron arrojadas al mar frente a Quintay, sus restos no han sido recuperados y son consideradas los últimos detenidos desaparecidos del régimen de Pinochet.
Tras la llegada de José Antonio Kast a la Presidencia, el subsecretario Silva envió dos informes a la presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago, Marisol Rojas Moya, en los que indicó que correspondía otorgar las reducciones de pena, argumentando que ambos condenados cumplían los requisitos establecidos por la Ley 19.856 y que no existían causales de exclusión para negarles el beneficio.
“Esta Subsecretaría estima que el beneficio de reducción de condena solicitado debió haberse otorgado”, indicó en los dos documentos, según consignó Bio Bío Chile.
En el caso de caso de Patricio González Cortez, el condenado había solicitado en 2025 una rebaja de 19 meses por buena conducta en Colina 1. Sin embargo el entonces ministro de Justicia, Jaime Gajardo, rechazó la medida y argumentó que el exagente de la CNI no había colaborado con el esclarecimiento de los crímenes, conforme a los criterios del Estatuto de Roma.
Por el contrario, el subsecretario Silva optó por respaldar la petición del exagente de la dictadura, señalando que “la gravedad del delito, la naturaleza del bien jurídico afectado o la consideración de la entidad de la pena impuesta no constituyen causales autónomas de exclusión del beneficio”, reportó El Mostrador.
De haberse aplicarse la reducción solicitada, González habría cumplido su condena en septiembre de 2025.
Silva atribuye firmas a decretos de rebajas de condenas al criterio de Rabat
El subsecretario Silva ha defendido la firma de los polémicos decretos que han otorgado los beneficios a los condenados argumentando que el Ministerio de Justicia no cuenta con facultades discrecionales para negar una reducción cuando se cumplen los requisitos legales.
Para explicar el cambio general de criterio de la cartera, ha citado fallos de la Corte Suprema de 2014, que no son los mismos que el máximo tribunal del país emitió en 2025 para rechazar las solicitudes de los exagentes de la CNI, Patricio González Cortez y Heraldo Velozo Gallegos.
En su defensa, Silva atribuyó sus firmas a la decisión del ministro Fernando Rabat de modificar el criterio administrativo de la cartera de Justicia y ajustarlo a la jurisprudencia que la Segunda Sala de la Corte Suprema sostuvo durante varios años sobre la irretroactividad de las normas penales.
A diferencia de su antecesor, Jaime Gajardo, quien optó por rechazar las solicitudes de rebaja de penas para los condenados, Rabat resolvió acoger administrativamente aquellas que, conforme a la interpretación judicial predominante, cumplían los requisitos legales.
A través de un video compartido en sus redes sociales, el subsecretario indicó que ni ministro Fernando Rabat ni él buscaban que «ninguno de esos criminales salieran de la cárcel ni un solo día antes del cumplimiento de su condena”, y señaló que “otorgar la rebaja no es una decisión personal ni del ministro ni mía”.
En la misma línea que el secretario de Estado, planteó existe un procedimiento en el que intervienen cuatro organismos diferentes: Gendarmería de Chile, una comisión integrada por profesionales y jueces y presidida por un ministro de la Corte de Apelaciones, la Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de Justicia y el propio ministerio.
«Frente a cada uno de ellos y durante el proceso, siempre es posible recurrir ante los Tribunales de Justicia», dijo al tiempo que destacó que «cada uno de estos organismos tiene funciones propias establecidas por la ley y el mismo Ministerio de Justicia debe actuar conforme a la ley».
Según Silva, tras llegar al ministerio rechazaron las rebajas de condena e indicó que él mismo firmó varias, sin embargo señaló que «desde la Corte Suprema llegaron sentencias que les obligaron a revertir la decisión.
En concordancia con Rabat, planteó que «el fundamento de la obligación desde la Corte Suprema era que en el ministerio estábamos privando ilegalmente a una persona de su libertad«.
«Y las decisiones de los tribunales de justicia se cumplen», subrayó.
También hizo mención, al igual que el secretario de Estado, que durante la administración del expresidente Boric, cuando «los ministros rechazaban las rebajas de condena, eran obligados por los tribunales de justicia a revertir esa decisión»
Señaló que ante ese escenario, el ministro Rabat «decidió ajustar el criterio jurídico con que en adelante se resolverían las rebajas de condena«.
«¿Y por qué aparece mi firma? Al que le corresponde firmar es al ministro de Justicia, pero cuando el ministro de Justicia no está, lo subroga el subsecretario; y cuando el subsecretario, subrogando al ministro de Justicia, firma, lo hace aplicando el criterio fijado por el propio ministro, y eso fue lo que hice», afirmó para defender las polémicas rebajas de condena.
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