Caso informante ‘E.R.’: Presentan querella por eventual asociación ilícita y terrorismo

El pasado 13 de mayo CIPER Chile reveló que en medio de la campaña presidencial de 2017, Andrés Chadwick -entonces jefe político de la carrera de Sebastián Piñera a La Moneda- se reunió con una mujer -E.R., como se le ha identificado-, quien aseguraba ser militante de una célula activa del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). La puso en contacto con el fiscal Emiliano Arias, quien la recibió junto a su colega de Rancagua, Sergio Moya.

De acuerdo a lo que señaló E.R. a CIPER, tras un quiebre con sus compañeros de militancia llegó a Andrés Chadwick luego de ser recibida por Isabel Plá, actual ministra del Sernameg. Fue esta última, a solicitud del actual ministro del Interior, quien llevó a la mujer hasta Rancagua y la dejó en manos de los fiscales Arias y Moya, quienes entonces trabajaban codo a codo.

Según la versión de E.R. y de documentos revisados por CIPER, por años el fiscal Moya habría cultivado cercanos vínculos con agentes de Inteligencia de Carabineros, especialmente con el mayor Patricio Marín, uno de los protagonistas del montaje de la ‘Operación Huracán’, actualmente en prisión preventiva por este caso.

En ese contexto, el medio de comunicación reveló uno de los chats que intercambiaron Moya y Marín el 29 de diciembre de 2017, en donde este último le dice al primero que «(el fiscal Omar) Mérida mañana va a reventar un tema de la Villa Francia con la informante (E.R.) y bombas». «Ojalá le resulte», le responde Moya.

E.R. dijo a CIPER que una vez instalada por Andrés Chadwick en las manos de Emiliano Arias, sostuvo al menos cuatro reuniones con los fiscales de Rancagua. En tres de ellas participaron Arias y Moya, y en la cuarta solo Arias.

El medio de comunicación agrega que fuentes del Ministerio Público consultadas por ellos «confirmaron que la mujer aportó datos que permitieron desactivar un artefacto explosivo que había sido instalado en Escuela de Suboficiales de Carabineros, así como detener a cuatro personas que supuestamente integraban una célula extremista de la Villa Francia, incautar armas y material explosivo».

E.R. dijo igualmente a CIPER que contó con protección policial solo hasta que estalló el escándalo por el montaje de la ‘Operación Huracán’ en enero de 2018 y que desde entonces quedó a la deriva y no volvió a tener contacto ni con Carabineros de la Dipolcar ni con la Fiscalía. 

«El fiscal necesitaba que yo pidiera que me preparan una bomba»

La mujer habló también con el medio de comunicación El Desconcierto el pasado 15 de mayo. Allí señaló que fue puesta en contacto con el fiscal centro-norte Omar Mérida, quien -dice- le preguntó por un barretín perteneciente al ex comandante del FPMR, Mauricio Hernández Norambuena («Ramiro»). «Lo único que quería el fiscal Mérida, era incautar armas. Estaba muy enfocado en eso, en encontrar armas», declaró E.R.

En ese contexto, la mujer asegura que antes de que estallara la ‘Operación Huracán’, realizó una última acción, «una bomba de contacto». «Los carabineros me lo piden por (Omar) Mérida. Me dicen que el fiscal dijo que necesitaba que yo pidiera que me preparan una bomba y que ellos me indicarían dónde ponerla, que filmarían y me pasarían los materiales. Los carabineros me siguieron en todo momento y me dijeron que la dejara en una plaza, en Las Rejas. Hubo una detonación controlada y luego se la llevaron al Gope de Cerrillos y ahí analizaron el material y recuerdo que dijeron que tuvo una reacción positiva, una explosión positiva. Estaba Mérida ahí», relató E.R.

La querella

En base a estos antecedentes, la mañana de este viernes los abogados de la Defensoría Popular María Magdalena Rivera, Washington Lizana y Betzabé Carrasco, ingresaron junto a su par Nicolás Toro una querella contra todos quienes resulten responsables del delito de asociación ilícita y delito terrorista, esto en el marco del vínculo denunciado a través de los mencionados medios de comunicación entre E.R., fiscales, el actual ministro del Interior Andrés Chadwick y otros funcionarios públicos.

Entrevistada por los medios Voz en Fuga y Sindicato ARI, la abogada María Magdalena Rivera explicó que «el planteamiento de esta ex militante de una célula terrorista es que su tarea (…) habría llevado al apresamiento de una supuesta célula terrorista, y la única detención que nosotros conocemos de aquella época es la de algunos representados nuestros».

En ese sentido, la jurista agregó que se trata de un hecho «de toda gravedad, porque se ve involucrado también a personajes conocidos anteriormente en el famoso montaje de la ‘Operación Huracán’ en La Araucanía», refiriéndose al mayor Patricio Marín.

Rivera sostuvo que a través de la acción legal están exigiendo a la Justicia «que haga una investigación y al Sexto Tribunal de Garantía que derive estos antecedentes para que realicen una investigación seria, porque nos encontramos hoy en un Estado de Derecho en que no puede existir ese tipo de relación».

La abogada se refirió igualmente a la supuesta colocación de un artefacto explosivo por parte de E.R. -ordenada según su relato por el fiscal Omar Mérida-, señalando que «esperamos que se apliquen todas las penas posibles en la eventualidad que se acredite la colocación de una supuesta bomba en Avenida Las Rejas y de la asociación ilícita para perseguir a activistas dentro de sectores donde sabemos que hay resistencia popular».

Por su parte, el abogado Nicolás Toro complementó lo expuesto por su par de la Defensoría Popular, sosteniendo que «lo que queremos denunciar, justamente para que se investigue, es cómo está operando la represión hoy, cómo opera la policía a través de todo un sistema irregular que puede involucrar a gente del Gobierno, del Ministerio Público y de otros sectores que aún no sabemos; y quiénes justamente participan de estos montajes y en esta persecución que obviamente está absolutamente fuera de todo tipo de norma».