A palos con los estudiantes: Como en antaño, denuncian caso de tortura

El 2011 ha sido el año del despertar social, destacando las movilizaciones contra el proyecto Hidroaysén y el conflicto estudiantil por la gratuidad y el fin del lucro en la educación

El 2011 ha sido el año del despertar social, destacando las movilizaciones contra el proyecto Hidroaysén y el conflicto estudiantil por la gratuidad y el fin del lucro en la educación. Las respuestas –más allá de mesas de trabajo– suelen apuntar a mantener un modelo económico y a no ceder en favor de políticas ambientales y educacionales que respeten el desarrollo sustentable y la igualdad de condiciones.

Y en la medida que se agudiza la movilización social aumenta la represión. La muerte del joven de 16 años, Manuel Gutiérrez, la madrugada del 25 de agosto, por un disparo realizado por Miguel Millacura, funcionario de Carabineros –aunque en principio se negara su relación con los hechos– es una de las noticias más graves, que ha evidenciado un accionar cuestionable y que recuerda procedimientos ocurridos durante la dictadura de Pinochet. La represión, al parecer, está de vuelta e instalándose en nuestra sociedad con impunidad.

Los testimonios y sus denuncias crecen. En el marco del Paro Nacional, convocado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) los días 24 y 25 de agosto, masivas marchas se produjeron en Santiago y en todo el país. El jueves 25, Valparaíso fue escenario de una marcha con cerca de cincuenta mil personas, que recorrió desde Plaza Sotomayor hasta el Congreso. Al término, más de trescientas personas resultaron detenidas y golpeadas, y otras, procesadas.

Fue el caso de Cristian Andrade, estudiante de Sociología de la Universidad de Valparaíso (UV), detenido en el frontis de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la misma casa de estudios, cuando ya se dirigía a su domicilio. En su denuncia, señala: “Alrededor de diez carabineros me detuvieron y trasladaron a un bus policial entre golpes de pies, puños y bastones”. Sin más detenidos, aún en el vehículo policial, ”efectivos de Fuerzas Especiales me propinaron más golpes y arrojaron al suelo, parándose sobre mi espalda, mientras otros me insultaban y agredían con patadas en los costados y extremidades”.

Esposado de manos en el bus policial – según su relato- continuaron los puñetazos en su rostro. En ese momento, Carabineros lo reconoce como dirigente (ex FEUV) agudizándose la golpiza. Después vinieron las amenazas hacia Andrade y su familia “en el caso de seguir participando en la movilización que llevan adelante los estudiantes chilenos o denunciar las agresiones a las que estaba siendo sometido”.

Lo que ya se salía de un procedimiento de detención y, según la versión del estudiante, se convertía en una de represión, se evidencia con lo que vino después. “Cubrieron parte de mi rostro y me fotografiaron mientras conversaban respecto a los cargos en mi contra para asegurarse de recibir una sanción grave (…) otro carabinero acciona una bomba lacrimógena de mano sobre un paño mojado, poniéndola sobre mi nariz, boca y heridas”. Para asegurarse de los efectos del químico, el funcionario “frotó el mismo paño sobre mi herida produciéndome dolor, irritación y más daño, acción que en ningún caso fue cuestionada por alguno de los seis funcionarios presentes en ese momento”. Por el contrario, relata Andrade, fue motivo de burla verlo inmovilizado y bajo los efectos del químico. “Otro de los efectivos policiales toma un limón partido y lo frota sobre la herida, vanagloriándose de la posición de autoridad en la que él se encontraba en ese instante”.

El bus continuó su marcha trasladando a doce estudiantes detenidos. Le quitaron las esposas sólo al llegar a la segunda Comisaría de Valparaíso para iniciar el procedimiento de rigor. “Nos llevaron esposados, esta vez a todos, a constatar lesiones al Hospital Van Buren… se constataron heridas, erosiones y hematomas en piernas, espalda, brazos y cara”, precisa Andrade.

La detención es una medida cautelar por la que se limita a una persona, provisionalmente, de su derecho a la libertad, para ponerla a disposición del juez que instruye la investigación y puede producirse antes de la existencia de un proceso penal, durante el mismo o cuando ha concluido. Con todo, la persona tiene derechos, como ser informada de los motivos de su detención, a guardar silencio, a no declararse culpable, a atención médica y constatación de lesiones, entre otros.

Sin embargo, participar de movimientos sociales y movilizarse –al menos en democracia- no es un delito. La simpatía y respaldo mayoritario que han dejado las demandas medioambientales y estudiantiles reflejan el interés ciudadano por transformaciones reales. Por ello, lo que se observa en los hechos denunciados por Andrade son ilegítimos y arbitrarios. El acto de “causar daño físico o psicológico intencionadamente, vinculado principalmente al dolor físico, que puede o no desembocar en la muerte de la víctima”, es sinónimo de abuso y tortura.

“Más allá de sentirme vulnerado y agredido, esto no detiene mi interés por ser parte del movimiento estudiantil”, explica Cristian Andrade, quien dice que espera que esto se investigue y tenga resolución judicial porque “si uno lo permite abre la puerta para que se reinstalen prácticas represivas que se suponía habían terminado”. Así que inició una denuncia contra Carabineros, presentada en la Segunda Fiscalía Militar, de Santiago, además de una demanda civil contra los efectivos que lo agredieron directamente, por apremios ilegítimos y ser incomunicado y amenazado, por policías que –como sucede en reiteradas ocasiones– no portaban sus placas de identificación a la vista.

La función de Carabineros, de acuerdo con la Constitución chilena, es “brindar seguridad a la comunidad en todo el territorio nacional mediante acciones prioritariamente preventivas, apoyadas por un permanente acercamiento a la comunidad». En ningún caso le corresponde ejercer justicia por sus propias manos como diversas personas han denunciado en estas últimas semanas, o como en el caso de Manuel Gutiérrez (asesinado en Macul), que hasta ahora ha derivado sólo en la baja de la patrulla policial, y al General Sergio Gajardo, sólo luego de que la Policía de Investigaciones hiciera una declaración que hizo imposible esconder el hecho.

Andrade apunta a que en la jornada del Paro hubo situaciones de violencia desmesurada contra los detenidos en ciudades como Santiago, Concepción y Temuco, donde Carabineros “detuvo a manifestantes que participaban en movilizaciones y luego en sus furgones policiales o comisarías aplicó severos castigos físicos y sicológicos que se suponían ya no existían en nuestro país, a vista y paciencia del alto mando, de un ejecutivo que generando temor y reprimiendo las movilizaciones estudiantiles pretende frenar las movilizaciones sociales en el país”.

La denuncia presentada por Andrade en la Fiscalía Militar de Santiago es contra el General Rodolfo Pacheco, de la Quinta Zona de Carabineros, por la responsabilidad del actuar los uniformados de Valparaíso. Según Rubén Jerez -abogado del estudiante agredido– “es probable que la causa tenga un lento trámite considerando que es contra un uniformado de alto rango”. En la ciudad puerto –sin mayor éxito- se intentó entrevistar al Mayor Cristian Herrera, de la Segunda Prefectura de Carabineros, para conocer su versión de los hechos y preguntar también por las medidas que esta institución tomará para evitar que su personal protagonice nuevamente procedimientos de esta magnitud.

Responder a las demandas sociales “a palos” trae a la memoria tristes recuerdos de nuestra historia, que nos ha enseñado que ninguna movilización social se detiene con amenazas. “La convicción y fuerza puede más que el temor que quieren propagar a través de la persecución, agresión y criminalización hacia los que queremos un país distinto”, expresa Andrade, agregando convencido que “hoy, más que nunca no podemos abrirles paso a quienes añoran con nostalgia los días más oscuros de la historia de Chile (…) por lo que es responsabilidad de todos denunciar hechos como estos para que no vuelvan a ocurrir”.

La denuncia puesta en Fiscalía militar contra general Rodolfo Pacheco, de la 5ta Zona de Carabineros, quien justificó el accionar de sus uniformados, se puso en Santiago y están a la espera de que la causa se traslade a Valparaíso.

Por Karen Medina / Valparaíso.

El Ciudadano


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