A tres meses de una condena injusta: otro capítulo en la política de criminalización del Estado chileno contra el pueblo mapuche

Una comitiva de comunidades en resistencia de Malleco, encabezada por el longko Víctor Queipul, ha viajado hoy hasta Santiago para presentarse ante la Corte Suprema y exigir la nulidad del juicio que condenó arbitrariamente a tres mapuche por la muerte de un carabinero. Esta acción es parte de una lucha mayor contra la criminalización sistemática que ejerce el Estado sobre el pueblo mapuche.

Las comunidades en resistencia de Malleco denuncian un nuevo caso de criminalización orquestado por el Estado de Chile. A solo tres meses de la condena contra los hermanos Matías y Heriberto Ancalaf, y Rodrigo Calabrano, por la muerte de un carabinero, se evidencian graves irregularidades en el proceso judicial que refuerzan una vez más el patrón histórico de represión, montaje y persecución hacia quienes defienden sus derechos colectivos y territoriales.

El juicio fue llevado adelante sin las garantías mínimas de un debido proceso. Se utilizaron testigos protegidos que nunca declararon presencialmente; sus declaraciones fueron presentadas por escrito y evidenciaron serias contradicciones en sus relatos. Pese a ello, se dictó una condena arbitraria, responsabilizando a tres comuneros de un supuesto impacto balístico, sin pruebas directas ni peritajes concluyentes.

Las comunidades sostienen que este montaje judicial se enmarca en una estrategia de Estado que busca desarticular los procesos de resistencia mapuche, especialmente cuando hay intereses empresariales de por medio. En este caso, el conflicto fue desencadenado por la instalación del Parque Eólico WPD —de capitales alemanes— frente a las comunidades. La resistencia legítima de las comunidades fue respondida con represión y criminalización, y muchas personas resultaron injustamente incriminadas.

Hoy, una comitiva encabezada por el longko Víctor Queipul se presenta en la Corte Suprema para exigir la nulidad del juicio y evitar el agravamiento de las penas. Esta acción se enmarca en la denuncia más amplia de un sistema judicial racista, funcional a los intereses del capital, y que ha sido históricamente utilizado para perseguir al pueblo mapuche.

Las comunidades no descartan recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, responsabilizando al Estado chileno por criminalización, represión y uso arbitrario del derecho penal como herramienta de castigo político.

Este caso no es una excepción, sino una expresión más de la política estructural del Estado frente a la causa mapuche. Frente a esto, las comunidades reafirman su compromiso con la lucha, la recuperación territorial y la autodeterminación.

Por Jean Flores Quintana, periodista.