Manuela Royo Letelier

Abogada defensora Caso Luchsinger Mackay y preparación de juicio: “Estamos seguros que vamos a lograr la absolución”

La representante de algunos de los acusados proyecta en conversación con El Ciudadano el resultado del inminente juicio por la muerte del matrimonio ocurrida en 2013. También habla la vocera de la machi Francisca Linconao, Ingrid Conejeros.

Por Gabriel Muñoz

28/04/2017

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Foto: Emol

Tras una semana de preparación del juicio oral por la muerte del matrimonio de latifundistas Luchsinger-Mackay en el Juzgado de Garantía de Temuco, defensoras y voceras de los 11 imputados se muestran confiadas en el veredicto final, esperado para fines de junio o julio de 2017.

“Se han excluído muchas pruebas que no tenían ninguna relación con los hechos en que se basa la acusación. Los querellantes ni el Gobierno entregaron sus pericias a la defensa y la familia Luchsinger ni siquiera llevó a sus testigos a declarar a fiscalía. Nuestro equipo está bien constituido, así es que estamos seguros que vamos a lograr la absolución”, afirmó en conversación con El Ciudadano la abogada defensora de la familia Catrilaf, Manuela Royo Letelier.

De esta forma, los 11 imputados por la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay podrían obtener su libertad a finales de junio o julio, ya que luego de la audiencias- que deberían terminar el próximo martes o miércoles- prosigue el auto de apertura del juicio oral, resolución donde se establecen los medios de prueba definitivos, tras la cual existe un plazo de 15 a 60 días para la realización del juicio.

Por su parte, consultada respecto a su opinión frente a los últimos avances del juicio, Ingrid Conejeros, vocera de una de las acusadas, la machi Francisca Linconao, explicó a este medio que ha sido un aporte que la causa se esté movilizando luego de un receso de 4 meses y que se ganó desde el punto de vista que se pudieron invalidar varios testigos. Sin embargo, agrega que en otro sentido no es tan bueno porque la acusación de José Peralino Huinca aún se toma como la única prueba.

Cabe recordar que Peralino fue quien ante la fiscalía y la policía dijo reconocer a través de fotografías a las otras 10 personas que supuestamente habrían participado en el ataque en el que resultó muerto el matrimonio. Sin embargo, tiempo después y frente a las cámaras de Canal 13 declaró que dicha acusación la realizó bajo amenazas.

“Próximamente se va a revisar la situación de la Machi Francisca, se va a pedir una audiencia especial para cambiar la medida cautelar de arresto domiciliario sólo nocturno. Si bien aún no se mejora bien, tiene ánimo para trabajar. Ha mejorado un poco su salud, aunque sigue con un poco de dolor pero quiere movilizarse, atender pacientes», señala la vocera Ingrid Conejeros.

Además, agrega que «por un tema económico familiar , también necesita su trabajo. Por lo tanto, ahí está la reactivación o la mejoría final a su salud, en el momento que ella empieza a retomar su vida normal”.

Despilfarro de recursos y negligencia profesional

Aún cuando la principal -y única- prueba que esgrime la fiscalía es el primer testimonio de José Peralino, casi todos los imputados han estado todo este tiempo en prisión preventiva, en una medida cautelar que se ha tratado de revertir pero que la Corte de Apelaciones de Temuco ha rechazado sistemáticamente.

Afortunadamente, y pese al extenso tiempo de investigación, el querellante particular de la familia Luchsinger no llevó a sus testigos a declarar a la fiscalía, lo cual es un requisito legal para presentarlos en juicio. Por lo tanto, el tribunal los excluyó, al igual que las pericias que éstos o el Gobierno deberían haber entregado a la defensa. “Esto es importante porque da cuenta de la negligencia de estos abogados que, si bien cuentan con muchos recursos, no fueron capaces de acompañar la prueba de la propia forma que la ley establece”, expresa la defensora Manuela Royo.

Asimismo, la geolocalización con que pretendían situar en el lugar de los hechos a la y los imputados también fue excluida por el tribunal. “Esto es grave porque aparte de ser irregular su incorporación, son peritajes que cuestan millones de pesos, pagados con todos nuestros impuestos”, señaló la abogada.

Por último, la representante de la familia Catrilaf indicó que “es importante señalar que la magistrada a cargo de esta causa, Alejandra García Bocaz, fue también la que dio la primera orden de detención, la que estuvo en la audiencia de control de detención, la que conoció todo desde el principio. Y es ella quien puede advertir que todas las promesas que se hicieron en un principio, respecto a la contundencia de la investigación, hoy día se han visto absolutamente disminuidas y -peor aún- no van a ser capaces de acreditar la participación de nuestros representados”.

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