Derechos Humanos en Argentina
Abuelas de Plaza de Mayo denuncia el abandono de la política de Derechos Humanos en Argentina
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Durante los últimos años, Argentina se había caracterizado por ser un ejemplo a nivel mundial en lo que hacía al juzgamiento y a la búsqueda de justicia por los delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico militar de 1976 en el país. Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo son un claro ejemplo de eso. Sin embargo, con el gobierno de Macri, las cosas parecen empezar a cambiar.
En esa dirección, Abuelas de Plaza de Mayo, organismo presidido por Estela de Carlotto, reveló que la ministra Patricia Bullrich «desarticuló» el Grupo Especializado de Asistencia Judicial», creado para colaborar con la extracción de muestras de ADN por vía judicial, a fin de permitir la identificación de los hijos e hijas de desaparecidos durante el terrorismo de Estado.
En ese sentido, Estela de Carlotto ya había denunciado lo que venía pasando con el gobierno de Macri en una entrevista a El Ciudadano: «Desde el gobierno están desarmando todo lo relativo con el área de Derechos Humanos» había señalado».
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La Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad no figura en el nuevo organigrama de la cartera, lo que calificaron como «un grave retroceso» en materia de esas políticas, por lo que le pidieron al presidente Mauricio Macri que «dé marcha atrás» con la decisión adoptada por la ministra Patricia Bullrich, señala El Destape.
Puedes leer el comunicado completo a continuación:
COMUNICADO DE PRENSA
Ref. Denunciamos el vaciamiento de áreas vinculadas a la restitución de nietos en el Ministerio de Seguridad.Las Abuelas de Plaza de Mayo expresamos nuestra profunda preocupación y denunciamos el vaciamiento que la Ministra Patricia Bullrich está llevando adelante en áreas sensibles del Ministerio de Seguridad de la Nación, dedicadas al sostenimiento de las políticas de Derechos Humanos que venía sosteniendo el Estado Nacional. En particular, la desarticulación del Grupo Especializado de Asistencia Judicial (GEAJ), creado a instancias de las Abuelas de Plaza de Mayo para colaborar con la extracción de muestras de ADN por vía judicial, que permiten la identificación de nuestros nietos y nietas.
En el día de la fecha se publicó en el Boletín Oficial la nueva estructura orgánica del Ministerio de Seguridad de la Nación, y allí pudimos constatar la desintegración de la Dirección de Derechos Humanos dependiente de la cartera ministerial. Este área ocupaba un rol muy importante en el relevamiento documental y en la producción de informes para asistir a las investigaciones judiciales por los crímenes de lesa humanidad. De ella también dependía el GEAJ, que fuera materia del Acuerdo de Solución Amistosa entre Abuelas de Plaza de Mayo y el Estado Nacional, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2009 (Acuerdo publicado en el Boletín Oficial el 20/11/09). Su creación obedeció a que, la delicada tarea de toma de muestras de ADN para identificar judicialmente a nuestros nietos, hijos de desaparecidos, no podía quedar en manos de las fuerzas de seguridad, que en muchos casos actuaban con complicidad con los apropiadores, fraguando la toma de muestras para tornar imposible las restituciones.
A fines de 2014 fue condenado, por el Tribunal Oral Federal Nº 5 de San Martín, el Oficial de Policía, Adolfo Porcel por haber fraguado en 2005, en complicidad con el ex gendarme y apropiador, Víctor Enrique Rei, las muestras del allanamiento realizado en la restitución del nieto Alejandro Pedro Sandoval Fontana. Esto motivó la necesidad de crear un Grupo Especializado para colaborar con la Justicia en el ámbito de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad a cargo de civiles comprometidos con la Memoria, la Verdad y la Justicia.
Las decisiones tomadas en la órbita del Ministerio de Seguridad implican un grave retroceso en los estándares alcanzados por el Estado Nacional en materia de investigación y juzgamiento en crímenes de lesa humanidad que lo tornan responsable internacionalmente.
Por tal razón, las Abuelas de Plaza de Mayo solicitamos al Presidente de la Nación que tome las medidas necesarias para dar marcha atrás con la grave decisión adoptada por la Ministra Bullrich. De lo contrario, denunciaremos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Gobierno Nacional por el incumplimiento del acuerdo de solución amistosa del año 2009.
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