ACCION rechaza operativos policiales contra radios comunitarias

Porque constituyen una violación a los derechos humanos y contravienen acuerdos internacionales firmados por Chile en esta materia

Por Director

05/08/2009

Publicado en

Justicia y DD.HH / Medios

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Porque constituyen una violación a los derechos humanos y contravienen acuerdos internacionales firmados por Chile en esta materia.
En carta pública dirigida a las autoridades de telecomunicaciones, la Asociación Chilena de ONGs ACCIÓN, manifestó un enérgico rechazo a los operativos efectuados por parte de la policía de Investigaciones, por mandato del Ministerio Público, a diversas radios comunitarias que operan en el paí­s y que realizan un importante trabajo ciudadano.

Según las ONGs estas acciones no se condicen con los acuerdos internacionales firmados por Chile en el terreno de la libertad de expresión y de la democratización de las comunicaciones.

Esta persecución, alertan, ocurre en el contexto de la discusión del Proyecto de Ley de radios comunitarias en el Parlamento, cuyo articulado completo fue aprobado por parte de las comisiones unidas Libertad de Expresión y Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados, y la próxima semana pasa a sala.

La ofensiva se ha realizado contra radios comunitarias de la región de Valparaíso y otras regiones, algunas de ellas con larga trayectoria y reconocimiento, como es el caso de Radio Placeres. El hostigamiento lo realiza la policí­a de Investigaciones por mandato del Ministerio Público, respondiendo a la denuncia de la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI) de Valparaíso en el caso de esa región.

A pesar que estos operativos se enmarcan en legalidad vigente, configuran una flagrante violación a la libertad de expresión al tratar de impedir la diversidad de voces en las frecuencias de radio, afectando a su vez a las organizaciones sociales y a los derechos de sus comunidades a recibir informaciones y opiniones, sostiene ACCION.

ACCION hace un llamado al gobierno a promover un debate de altura sobre el rol de la comunicación radial comunitaria para el desarrollo democrático de la sociedad chilena y enfatiza que una discusión de estas características debiera darse en un contexto no punitivo para estas emisoras.

Señor
Pablo Bello
Subsecretario de Telecomunicaciones
Presente

Sr. Pablo Bello,

Junto con saludarle cordialmente, la Asociación Chilena de ONGs ACCIÓN, quiere manifestar ante Usted su más enérgico rechazo a los operativos efectuados por parte de la polícía de Investigaciones, por mandato del Ministerio Público, a diversas radios comunitarias que operan en nuestro país y que realizan un importante trabajo ciudadano. Estas acciones constituyen una violación a los derechos humanos y no se condicen con los acuerdos internacionales firmados por Chile en el terreno de la libertad de expresión y de la democratización de las comunicaciones.

1. En la actualidad se discute el Proyecto de Ley de radios comunitarias en el Parlamento, cuyo articulado completo fue aprobado por parte de las comisiones unidas Libertad de Expresión y Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados, y la próxima semana pasa a sala. La Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile ANARCICH y las radios asociadas a AMARC Chile (Asociación Mundial de Radios Comunitarias) lo han valorado como un paso muy significativo en el reconocimiento de derecho a la comunicación. No obstante, AMARC Chile ha hecho ver las insuficiencias que presenta en comparación a los estándares internacionales de libertad de expresión y derecho a la comunicación, establecidos por distintos organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y UNESCO, entre otras.

2. En este marco se realiza una suerte de ofensiva contra radios comunitarias de la región de Valparaíso y otras regiones, algunas de ellas con larga trayectoria y reconocimiento, como es el caso de Radio Placeres. El hostigamiento lo realiza la policía de Investigaciones por mandato del Ministerio Público, respondiendo a la denuncia de la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI) de la Región de Valparaíso respecto a la ilegalidad de las radios comunitarias.

3. Estos operativos, aunque realizados en el marco de la legalidad vigente, configuran una brutal violación a la libertad de expresión al tratar de impedir que voces diversas puedan expresarse a través de las frecuencias de radio, afectando a su vez a las organizaciones sociales y los derechos de sus comunidades a recibir sus informaciones y opiniones.

4. Las radios comunitarias en Chile y en el mundo han jugado un rol clave para la expresión de sectores marginados, estigmatizados o invisibilizados por los medios tradicionales, así como de las de zonas geográficamente aisladas y de comunidades de interés como los pueblos originarios, las mujeres, los movimientos ecologistas o de defensa de los usuarios y consumidores, por nombrar sólo algunas que usan este medio para difundir sus planteamientos.

5.- Por lo mismo, creemos que es crucial un debate de altura sobre el rol de la comunicación radial comunitaria para el desarrollo democrático de la sociedad chilena. Una discusión de estas características debiera darse en un contexto no punitivo para estas emisoras, promoviendo la amplia participación del mundo social organizado, con el fin de incorporar los acuerdos internacionales firmados por Chile en el terreno de la libertad de expresión y de la democratización de las comunicaciones.

6. Diversas organizaciones y redes sociales de comunicación comunitaria impulsan la campaña «Por el Derecho a la Comunicación» para dar un marco positivo al debate parlamentario, y creemos que las acciones represivas no contribuyen a alentar el espíritu que la Presidenta entregara en el mensaje que encabeza el proyecto de ley sobre radios comunitarias.

Adjuntamos un anexo con las acciones policiales realizados en contra de las radios comunitarias.

Esperando que su ministerio acoja nuestra denuncia y tome las medidas necesarias para aclarar estos hechos y evitar que se repita esta situación, se despide atentamente,

Álvaro Ramis O.
Presidente
Asociación Chilena de ONGs
ACCIÓN

CC: Ministra Secretaria General de Gobierno Carolina Tohá
Ministro de Transportes y Telecomunicaciones René Cortázar

ANEXO

LOS HECHOS

El viernes 31 de julio se produjo un fuerte operativo de la Policía de Investigaciones de Chile en la ciudad de Valparaíso contra emisoras comunitarias que desarrollan una tarea informativa y cultural, argumentando su carácter “ilegal”. El operativo estuvo a cargo del comisario de la Brigada Investigadora del Ciber Crimen, Marcos Olivari León, a partir de denuncias del Presidente Regional de ARCHI, Eugenio González, titular de la Radio Congreso de Valparaíso.

La acción fue presentada en conferencia de prensa el mismo viernes, luego que el 30 de julio al mediodía cerraran las emisoras UV15 de Cerro Las Cañas y 2000 de Cerro Montedónico, de la misma ciudad. Este día, la Policía de Investigaciones llegó hasta los estudios de Radio Placeres pero no pudo ingresar a incautar sus equipos.

Más al sur, también el 31 de julio, la Policía allanó los estudios de las radios Renacer y Conexiones de Lota. En el primer caso se trata de una emisora que había tenido concesión, pero las autoridades afirman que ya no estaba vigente. En ambos casos incautaron todos los equipos aunque no hubo violencia contra los comunicadores de las emisoras.

En la región Metropolitana, una situación similar afecta a Radio sin Tierra en la comuna de la Reina.

Por temor a la represión, varias emisoras comunitarias se han autocensurado, silenciado sus trasmisiones y escondido sus equipos. Mientras tanto, otras radios como la Placeres de Valparaíso, con más de 12 años al servicio de su comunidad, han señalado que ellos “no bajarán sus antenas” porque seguirán ejerciendo su derecho a la comunicación y a la libertad de expresión.

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