ACNUDH : Causas de derechos humanos en Chile deben ser tramitadas ante la jurisdicción civil y no militar

La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) manifestó su preocupación frente a que el caso de Jorge Aravena Retamales, fallecido en un furgón policial el pasado 17 de febrero, sea investigado por la jurisdicción militar chilena.

“El Estado chileno ha asumido el compromiso internacional de revisar y modificar el sistema de Justicia Militar, a fin de establecer límites a su competencia  y  excluir a los civiles de dicha jurisdicción”, expresó el Representante Regional del ACNUDH, Amerigo Incalcaterra.

“Este lamentable caso debería ser investigado y resuelto por  la justicia civil y con las garantías del debido proceso”, comentó Incalcaterra. “Además, confío en que la justicia civil dé curso a la denuncia presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, e inicie una pronta y eficaz investigación de los hechos”.

Incalcaterra recordó que varios mecanismos internacionales de derechos humanos  se han manifestado en reiteradas ocasiones sobre la justicia militar. En 2007, el Comité de Derechos Humanos señaló a Chile que el uso de la jurisdicción militar para procesar a civiles es incompatible con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El mismo comité recomendó a Chile la revisión del Código de Justicia Militar, para ajustarlo a los estándares internacionales.

En el mismo sentido el Comité contra la Tortura, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Personas, y recientemente en enero de 2014 en el marco del Examen Periódico Universal, han recomendado a Chile que los casos de violaciones de derechos humanos deben ser tramitados por la jurisdicción civil y con todas las garantías del debido proceso.

Por último, Incalcaterra hizo un llamado a que “se revisen los procedimientos de actuación policial para asegurar su adecuación a los estándares internacionales en materia de uso de la fuerza y el derecho de toda persona detenida a ser llevada sin demora ante la autoridad judicial competente”.

El Ciudadano