Activista feminista presentó querella por torturas contra Carabineros: «El trato fue tan vejatorio que tengo crisis de pánico»

Dettoni, segunda de izquierda a derecha

Este jueves se presentó una querella criminal en el 8º Tribunal de Garantía de Santiago por los delitos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes atribuidos a funcionarios de Carabineros en contra de Elena Dettoni Nova, esto en el marco de una manifestación pacífica en apoyo y solidaridad con las estudiantas del Liceo 7 de Providencia realizada el pasado 6 de junio, quienes denunciaban abusos sexuales y maltrato por parte de algunos de sus profesores.

Representada jurídicamente por la Corporación Humanas, Dettoni señaló -en conversación con El Ciudadano– que la detención la afectó de sobremanera, por eso la querella. «El trato fue tan vejatorio que tengo crisis de pánico. He recaído todo lo que había avanzado en recuperarme de una depresión que me dio a principios de año. Prácticamente no salgo a la calle”, declaró.

Crónica de un abuso institucionalizado

Elena Dettoni es una activista feminista, integrante de la Coordinadora ‘Ni una menos’. Relata que al saber de la campaña de denuncia por acoso del profesorado a las estudiantes del Liceo 7 -llamada ‘Ni lo callo ni lo aguanto’- se le hizo una obligación hacerse parte y acompañar a estas estudiantas. Expresa que quiso manifestar su apoyo pacífico en las afueras del liceo, como un acompañamiento, un ejercicio de sororidad y una estrategia para enfrentar la violencia sistemática y estructural a la que se ven expuestas desde niñas.

“Mi detención fue a raíz de la desesperación e impotencia al ver cómo estas niñas estaban siendo brutalmente reprimidas. Una de ellas estaba con su jumper en la cintura, en el suelo, recibiendo manotazos y golpes. Fue una reacción innata de ir a proteger a otra de esta forma represiva y específica hacia el cuerpo de las mujeres. Pensando en que estas niñas no tenían que ser víctimas de este trato es que reaccionamos”, recuerda.

Luego de intentar proteger a una de las estudiantas que -acusa- era manoseada por Carabineros, Dettoni fue brutalmente detenida y trasladada a la 19ª Comisaría de Providencia, donde asegura que fue violentamente despojada de sus vestimentas, maltratada, insultada y amenazada en todo momento. Todo esto, sin atender a una delicada condición de salud, producto de una fibromialgia y un tratamiento depresivo que la obliga a medicarse. “Cuando puse en evidencia esto, tiraron mis pastillas. Y cuando estaba constatando lesiones, la funcionaria pública le manifestó al doctor que yo tenía drogas en mi cartera”, expone.

Lamentablemente, como es habitual, no le fue informado el motivo de su detención ni se le leyeron sus derechos. Con su relato queda en evidencia, además, la burocracia que implica la denuncia, razón por la que seguramente desisten muchas otras Elenas. “Había que cumplir con una serie de protocolos, como era constatar lesiones en el Colegio Médico, después en el traumatológico. Luego, estudian los antecedentes, hacen una entrevista a los que recibieron mi versión de los hechos y se determina la congruencia y veracidad para, después de eso, elaborar un informe. En este caso, por tratarse de torturas, demora más porque se aplica el ‘Protocolo de Estambul’ y se tienen que realizar una serie de cruces de información. Sólo allí la abogada puede preparar la querella”, enumera la integrante de la Coordinadora ‘Ni una menos’.

Dadas las vejaciones y el trato recibido, ella plantea que era un deber y un ejercicio político denunciarlos. “Debemos incidir en que cesen estas prácticas represivas”, afirma. Y es enfática en sostener que “se debe ser súper responsable con lo que se está planteando: la querella no es menor. Tiene que ser bajo una evaluación médica, bien estudiada y evaluada para saber si efectivamente estos apremios constituían tortura”, apunta.

Acciones legales

La querella por tortura y violencia contra la mujer efectuada por la Corporación Humanas en representación de Elena Dettoni, busca que se investiguen los hechos de violencia policial ocurridos. Asimismo, “aboga por determinar la responsabilidad penal que le cabe a los funcionarios de Carabineros en las torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos”. Además, “propende a la adopción de garantías de no repetición respecto de esta clase de crímenes porque, lamentablemente, lo ocurrido no constituye un hecho aislado: son frecuentes este tipo de acciones de violencia policial en contra de mujeres -en el contexto de manifestaciones sociales- como una manera de castigarlas y de amedrentarlas para inhibir la participación política y social”, afirma la abogada de la institución, Camila Maturana.

Aún cuando no se ha logrado determinar la individualización de las y los funcionarios involucrados en las torturas denunciadas, la acción legal está dirigida contra todos quienes resulten responsables. Además, se solicita al Ministerio Público que desarrolle una investigación para castigar a los culpables.

Si bien la Corporación Humanas ha estado en contacto con las adolescentes del Liceo 7, ofreciéndoles apoyo y asesoría legal, aún no se presentan acciones legales desde las estudiantes. “La querella que se presentó es sólo por mi parte. Decidí seguir este mecanismo legal porque me lo debo y es ahora que debemos denunciar que somos reprimidas cuando nos manifestamos. Nos violentan e imponen medidas sancionatorias para que no hagamos válido nuestro legítimo derecho a la manifestación social. Somos reprimidas en una sistemática práctica de abuso por parte de los funcionarios públicos que trabajan en estas instituciones”, denuncia la activista feminista.