La acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, llega hasta el presidente José Antonio Kast, ya que la oposición busca aclarar si impartió instrucciones sobre los criterios utilizados para otorgar las rebajas de condena a agresores sexuales de menores y condenados por crímenes de lesa humanidad.
En la página 189 del libelo, los parlamentarios que impulsan la acusación solicitan que la Cámara oficie al mandatario con el fin de aclarar si dio directrices respecto a los parámetros que el ministro de Justicia aplicó al suscribir los decretos que otorgaron los beneficios, y de ser así precisar cuáles fueron las instrucciones.
El objetivo explícito de esta diligencia es esclarecer si las resoluciones obedecieron únicamente a las definiciones de la cartera ministerial o si existieron lineamientos emanados desde la Presidencia.
Adicionalmente, los parlamentarios requieren la entrega de documentación administrativa, correos electrónicos, minutas y directrices internas que faciliten la reconstrucción detallada de cómo se llevó a cabo el proceso.
De igual forma, plantean citar a declarar al exsubsecretario de Justicia Luis Silva, al subsecretario de Derechos Humanos Pablo Mira, al exministro Jaime Gajardo y a funcionarios regionales del Ministerio que presuntamente alertaron acerca de los impedimentos legales existentes para otorgar ciertos beneficios.
El libelo contiene tres capítulos que atribuyen al secretario de Estado infracciones a la Constitución y las leyes, incumplimiento de obligaciones internacionales y vulneraciones al principio de probidad. Además, incluye 106 antecedentes, entre los que figuran decretos, sentencias judiciales, oficios, respuestas institucionales y publicaciones de medios de comunicación.
El primer apartado objeta las rebajas de pena otorgadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores, a pesar de que una reforma legal de 2022 los excluye de estas garantías. Ante esto, Rabat ha justificado su actuar apelando al principio de irretroactividad y a los fallos previos de la Corte Suprema.
No obstante, quienes impulsan la acusación argumentan que el mismo Ministerio de Justicia tenía atribuciones para rechazar solicitudes y que existían decisiones judiciales que habían denegado peticiones similares bajo el actual mandato, que además contaron con el respaldo de los tribunales.
De acuerdo con el documento acusatorio, en la institución «coexistieron dos criterios opuestos» durante el mismo lapso de tiempo, consignó El Mostrador.
El segundo apartado se centra en los beneficios penitenciarios concedidos a individuos condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Aunque los legisladores reconoce que la legislación no excluye automáticamente a todos los condenados por estos delitos del sistema de reducción de penas, aseguran que su aplicación exigía un análisis particular sumamente estricto.
“El estándar internacional no exige negar todo beneficio a estos condenados, sino someter su concesión a un examen más exigente, individual y motivado. Lo que se reprocha es haber suprimido ese examen”, plantea la acusación que comenzó este lunes 16 de noviembre su tramitación parlamentaria.
Reparos sobre la probidad
El tercer capítulo se refiere a justificaciones y argumentos presentados por Rabat frente al Congreso. Los parlamentarios le imputan una falta a la probidad “al faltar a la verdad, entregar información inexacta y omitir antecedentes relevantes”.
Asimismo, se le cuestiona haber pasado por alto fallos judiciales que avalaban decisiones opuestas a las defendidas por el secretario de Estado.
El sorteo realizado este lunes en la Cámara de Diputadas y Diputados determinó que la comisión revisora estará integrada por Lorena Pizarro (PC), Lorena Fries (FA), Raúl Soto (PPD), Carlos Chandía (RN) y Germán Verdugo (PNL).
