Admiten uso de testigo sin rostro en juicio contra 3 adultos y 2 menores mapuche

El Centro de Investigación y Defensa Sur (Cidsur) denunció el mantenimiento del uso de «testigos sin rostro» por parte de la justicia chilena en procedimientos contra comuneros mapuche.

En concreto, Cidsur se refirió al proceso abierto contra cinco mapuche -dos de ellos menores de edad- acusados del delito de incendio que tuvo lugar en 2013 en la casa de veraneo del notario de Victoria, Federico Oyarce, en el sector Pailahueque de Ercilla.

El pasado viernes 13 de febrero, en la audiencia de preparación del juicio oral celebrada en el Tribunal de Collipulli, el juez de Garantía Suplente de Collipulli, Alfredo Cox Castro -el mismo que autorizó la extracción compulsiva de sangre a los comuneros Hugo Melinao y Juan Queipul– autorizó la utilización en el juicio de un testigo sin rostro, cuyo testimonio será usado como prueba de cargo contra todos los imputados.

Según lo sostenido por Cidsur, el juez argumentó su decisión aludiendo al contexto en que se produjeron los hechos; “para nadie es sorpresa que  Collipulli y Ercilla son zonas de conflicto donde ocurren atentados”.

Ante el rechazo de las solicitudes de exclusión, «los abogados de CIDSUR evalúan posibles acciones ante la resolución que permitirá ir a juicio contra mapuche con un testigo protegido» sostienen en la nota emitida.

La Audiencia de preparación continuará el próximo 9 de marzo, día en que los abogados defensores presentarán las pruebas en favor de los acusados, entre quienes se encuentran  Carmen Manquepi Rebolledo, de la Comunidad de Butalelbum del Alto Bio Bio y Juan Patricio Queipul, de la Comunidad Autónoma de Temucuicui representados por los abogados del CIDSUR Karina Riquelme Viveros y Sebastián Saavedra Cea.

La institución recuerda además la condena que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (INDH) impuso al estado chileno el pasado año por violar los derechos fundamentales de ocho comuneros al utilizar testigos protegidos y aplicar la Ley Antiterrorista en los procesos judiciales abiertos contra estos, a quienes ordenó indemnizar y revocar la condena, entre otras medidas.