Amenaza de muerte a defensor ambiental mapuche en Chiloé: piden protección urgente y activar Escazú 

Chile ha experimentado una escalada de violencia ejercida contra defensores ambientales, en especial de aquellos que protegen territorios indígenas y ecosistemas frente a intereses extractivistas. Un caso reciente que ha generado alerta y preocupación es el de Miguel Raín, dirigente de la comunidad indígena williche Cerro Colorado en la isla Caucahué, comuna de Quemchi, Chiloé, quien ha recibido amenazas de muerte.

Las intimidaciones y hostigamiento se vinculan directamente a la labor que ejerce como defensor ambiental y territorial, en el marco de la tramitación de un Espacio Costero Marino para Pueblos Originarios (ECMPO), mecanismo legal que busca preservar el uso ancestral del maritorio por comunidades indígenas, y que en la práctica ha despertado resistencia de intereses económicos ligados a actividades extractivas.

El dirigente williche ha solicitado difusión pública para visibilizar su situación y exigir protección efectiva, advirtiendo sobre un patrón sistemático de violencia contra defensores ambientales e indígenas en el país.

Tras tomar conocimiento de las amenas de muerte contra Raín, el diputado Jaime Sáez (FA) entregó los antecedentes del caso al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), para solicitar que se apliquen todas las medidas de resguardo  y protección de forma inmediata.

Amenazas de muerte por defender espacio costero Chiloé

El parlamentario se enteró del hostigamiento contra el defensor ambiental y territorial, a través de las publicaciones compartidas en redes sobre la Alerta País Urgente que emitió el pasado sábado la organización Defendamos Patagonia.

Con dicha alerta la agrupación exigió acción inmediata por parte de vecinos de Quemchi, autoridades policiales y la Fiscalía, advirtiendo que «no permitiremos que la violencia contra defensores ambientales se instale como método de acción política en nuestro archipiélago«.

Asimismo, solictó que se desarrollara una investigación de forma expedita.

La difusión pública se realizó a solicitud expresa de Raín, para dar a conocer las amenazas en su contra y garantizar su seguridad.

«Yo primero me entero a través de redes sociales de organizaciones de Chiloé respecto de esta situación, eso fue durante el sábado en la tarde-noche, luego, a través de las mismas organizaciones, logré hablar por teléfono con el señor Miguel Raín y en ese instante él me explica el nivel de amenazas que venía sufriendo en los últimos días, amenazas directamente relacionadas con su labor como autoridad ancestral y como defensor del borde costero y de los abusos constitucionales en su isla, en la comuna deQuemchi, en Chiloé», indicó el diputado Sáez.

«Posteriormente a eso, como era ya en de noche, fin de semana, únicamente logré tomar contacto con el delegado presidencial provincial de Chiloé, el señor Marcelo Malagueño, que me señaló que efectivamente había una denuncia realizada ante Carabineros de Chile en la comuna de Quemchi, y posterior a eso me señaló que se comunicaría con el Ministerio Público para poder conocer si esa denuncia ya había sido remitida desde Carabineros a la Fiscalía. Es probable que eso haya sucedido durante el día lunes, en virtud de que esta conversación fue el sábado en la noche», relató en conversación con El Ciudadano.

Entrega de antecedentes al INDH para proteger a Miguel Raín

El parlamentario por el Distrito N° 26 de la Región de Los Lagos, entregó, mediante oficio, los antecedentes del caso de las amenazas contra el dirigente williche al Instituto Nacional de Derechos Humano (INDH), esto con el fin de solicitar que se tomen todas las medidas de resguardo «y si es que procediera invocar el Tratado de Escazú también para poder generar las medidas de protección necesarias para garantizar la integridad tanto de Miguel Raín, como de su familia y cercanos que lo apoyan en su labor como dirigente social».

Al ser consultado sobre sin contempla emprender otras acciones para que este nuevo caso de hostigamiento contra un defensor ambiental no quede impune, el legislador indicó que insistirá con la Delegación Presidencial Provincial de Chiloé para que se proteja la integridad de Miguel Raín.

«Las solicitudes formales (ante el INDH) tienen un tiempo administrativo que no necesariamente es todo lo ágil que uno quisiera, por lo mismo, le vamos a insistir a la Delegación Presidencial Regional y Provincial que se tomen todas las medidas de resguardo, que haya una comunicación permanente con don Miguel Raín o con su familia, si es que fuese necesario, para estar monitoreando la situación», explicó.

«Además de la denuncia, hasta ahora, hasta donde yo he sabido, no se han llevado adelante otro tipo de acciones, que haya persistido el amedrentamiento, la amenaza, o bien que se haya solicitado alguna medida particular de resguardo policial, por ejemplo. Eso lo desconozco hasta este momento», acotó.

En diálogo con El Ciudadano, el dirigente williche manifestó sentirse muy afectado por la situación que está atravesando y destacó que viene siendo objeto de hostigamiento y amenazas desde hace tiempo, aunque en los últimos días se han incrementado.

«A todas las autoridades y quienes me apoyan: esto viene ocurriendo hace tiempo, pero ahora las amenazas son más fuertes. Pido justicia y apoyo; psicológicamente no estoy bien, me siento perseguido. Que esto no quede impune: que se haga justicia», acusó.

“Tengo pocas palabras, no puedo decir mucho porque me cuesta para hablar en esta situación y sería ideal que ustedes me apoyen en este tema, agradecido de todos los que me están apoyando y ojalá que esto no quede en impune, que se haga justicia, es lo que pido, que se haga justicia», señaló.

El diputado Jaime Sáez confirmó que el líder de la comunidad indígena Cerro Colorado se encuentra bastante afectado tras recibir las amenazas de muerte.

«Cuando yo hablé por teléfono, yo no lo conozco en persona, la primera interacción fue esa conversación telefónica durante el sábado. Se notaba una persona muy afectada emocionalmente, no se notaba como alguien que estuviera o exagerando o inventando algo. Muy por el contrario, se podía percibir a través de su voz la angustia por la situación y también respecto de su familia», señaló.

Ataques sistemáticos contra defensores territoriales y ambientalistas en Chile

La situación que atraviesa Miguel Raín refleja una escalada peligrosa que incluye amenazas personales, vigilancia, criminalización y hostigamiento contra quienes alzan la voz por los derechos colectivos y la preservación del medio ambiente y los ecosistemas.

Ante este preocupante caso, desde Defendamos Patagonia alertaron sobre un patrón creciente de violencia contra defensores de derechos indígenas y del medio ambiente, particularmente en el sur del país. La organización remarcó que este no es un hecho aislado y que “la defensa del territorio no puede costar la vida de nadie”.

Uno de los casos emblemáticos es el de Julia Chuñil Catricura, dirigenta mapuche y defensora ambiental de 73 años, desaparecida desde el 8 de noviembre de 2024 en Máfil, Región de Los Ríos.Desde entonces, ha sido activada una intensa búsqueda que hasta el momento no ha podido dar con su paradero.

La presidenta de la comunidad mapuche Putreguel era objeto de amenazas años antes de su desaparición, pero hasta ahora no hay responsables identificados. Su familia y adherentes han advertido sobre un posible montaje y responsabilizan al Estado por la inacción judicial en este caso.

Asimismo, cabe mencionar el hostigamiento sufrido por otras defensoras, como Vilma Mellado, quien enfrentó amenazas anónimas por oponerse a proyectos eólicos de la empresa AES Andes. Mellado recibió una carta con recortes de revista que decía: «el pueblo olvida a mujeres sin el respaldo».

En otro incidente, la abogada mapuche Orietta Llauca sufrió un atentado incendiario en su oficina en Llanquihue el 29 de noviembre de 2024. El incendio, que consumió documentos judiciales clave, fue atribuido a sustancias acelerantes y descartó una falla eléctrica. Llauca, reconocida defensora ambiental, vinculó el ataque a su labor en la defensa de los derechos territoriales mapuche. «Esto no es un accidente, es un paso más en la escalada de amenazas», declaró.

En Chiloé, la comunidad Mapuche Huilliche Cacique Pairo de Apeche de Queilen, denunció más de 60 casos de ataques y amenazas de muerte desde 2006, relacionados con su resistencia a la tala ilegal de bosques nativos. La cacique Oriana Oyarzún Teca lidera esta lucha, enfrentando violencia física y despojo territorial. La Fundación Escazú Ahora exigió la implementación del Acuerdo de Escazú para proteger a los defensores ambientales.

La científica, exconvencional constituyente y ambientalista Cristina Dorador también ha sido víctima de amenazas. En enero de 2024, fue publicado un mensaje anónimo que decía: «Una de las miles de basuras que tendrá que ‘desaparecer por obligación’».

Una lucha que se ha replicado durante siglos en defensa de las aguas y territorios sagrados tiene como ejemplo a la Machi Millaray Huichalaf, autoridad ancestral que protege el Ngen Mapu Kintuante, en el territorio de Pilmaikén, quien junto a diversas comunidades, ha sostenido durante años una activa resistencia frente a la invasión transnacional, enfrentando un constante hostigamiento como consecuencia.

El caso de Macarena Valdés, encontrada muerta en 2016 en su hogar en Tranguil, Panguipulli, sigue sin resolverse. Valdés, opositora a un proyecto hidroeléctrico, fue hallada colgada en circunstancias sospechosas, antecediendo una serie de amenazas y hostigamientos. Un peritaje independiente reveló que su muerte tuvo la participación de terceros, pero las investigaciones permanecen estancadas.

Estos casos reflejan una crisis sistemática contra defensores ambientales e indígenas en Chile, donde la defensa del territorio y la naturaleza se enfrenta a poderosos intereses económicos y la inacción estatal.

Ante este escenario, diversas comunidades y organizaciones exigen justicia y cese de la impunidad, así como la aplicación efectiva del Acuerdo de Escazú y la protección inmediata para quienes arriesgan sus vidas por el medio ambiente y los derechos indígenas.

Diputado Sáez: «Chile está al debe con la implementación del Tratado de Escazú»

En conversación con El Ciudadano, el diputado Jaime Sáez (FA) destacó que el caso de Miguel Raín no es el primero en el que dirigentes medioambientales, especialmente autoridades ancestrales, sufren amenazas.

«El año pasado vimos como un Lonko también en Chiloé (Ramón Chiguay) terminó quitándose la vida a partir de todas las presiones y amenazas que sufrió precisamente por defender los espacios costeros marítimos de pueblos originarios. Hemos visto, en términos generales, como ha ocurrido también en otras regiones del país y sin ir más lejos tenemos el caso de Julia Chuñil, que hasta este minuto no hay ninguna noticia respecto a su paradero o las circunstancias que llevaron a su desaparición y por lo tanto, uno no puede esperar a que las cosas se compliquen aún más».

«Hay que actuar, creo yo, prematuramente y por esas razones que hemos tomado el contacto con los servicios competentes y con las autoridades relacionadas con el tema para que se tomen las medidas de resguardo que posean», subrayó.

A juicio del parlamentario, Chile está al debe con la implementación del Tratado de Escazú.

«Este fue suscrito a comienzos del gobierno del presidente Gabriel Boric, pero luego los avances para su adecuada implementación y su bajada, digamos, a la concreción real han sido extremadamente lentas, diría yo, inexcusablemente lentas. Es de una gran irresponsabilidad porque cuando esto no avanza, evidentemente quienes defienden el medio ambiente quedan en un manto de desprotección que amenaza sus vidas y su integridad», planteó.

De acuerdo con Sáez, el llamado es a impulsar una adecuada implementación «de esta política pública tan importante y tan esperada por muchos años».

Asimismo, indicó que los distintos actores, tanto sociales, empresariales y políticos, deben profundizar e invertir tiempo y recursos en el diálogo social, «porque aquí hay intereses, muchas veces, en la mayoría de los casos son intereses legítimos, ya sea defender los ecosistemas y las comunidades o, eventualmente, desarrollar un proyecto de inversión en base a las normas vigentes, pero eso tiene que hacerse en un marco de respeto mutuo, de diálogo y también, por qué no decirlo, de negociación para que, efectivamente, las comunidades que se van a ver impactadas por algún tipo de proyecto de inversión tengan las compensaciones o las mitigaciones que corresponden».

«Creo que eso, en general, en la región de Los Lagos, en el último tiempo y a partir de toda la política que se ha generado, primero con la promulgación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, donde se generó toda una ola de campaña de desinformación diciendo que esto iba a terminar con la industria agrícola, que es absolutamente falso, y luego con también la misma campaña de desinformación en torno a la Ley Lafkenche y a la posibilidad de derogarla o de modificarla abiertamente, regulándose a favor del empresariado», afirmó.

«Creo que son cuestiones que no se pueden permitir y, por el contrario, lo que hay que potenciar son espacios de resolución de conflictos y de articulación de una mejor gobernanza entendiendo que el sur de Chile, el mar, a diferencia de gran parte del resto del país, no es mar abierto, es un mar interior con espacios bien delimitados, donde evidentemente todas las actividades productivas están en una tensión porque son muchos incumbentes en poco espacio físico y eso requiere una gobernanza adecuada y que las instituciones públicas estén al servicio de lo mismo para que tanto las comunidades como las empresas puedan alcanzar los mejores acuerdos de entendimiento posibles», señaló el parlamentario frenteamplista.

Sáez enfatizó que en su rol como diputado de la República siempre va a estar disponible para «favorecer espacios de encuentro y de resolución de conflictos en el marco del respeto por el Estado de Derecho y por la integridad de todas las partes».