Bolivia legaliza la justicia indígena

Los indígenas podrán administrar su propia justicia.

La cámara baja del Congreso boliviano aprobó una ley que les da a los pueblos indígenas el derecho a administrar justicia de forma autónoma y según sus propios valores y costumbres.

La medida hace efectivo uno de los principales cambios contemplados en las reformas constitucionales aprobadas por un referéndum en enero de 2009.

La nueva Carta Magna define a Bolivia como un Estado plurinacional y les otorga más poder a las 36 comunidades indígenas del país.

Según el gobierno boliviano, la mayor parte de la población indígena percibe a la justicia ordinaria como corrupta y racista.

La oposición, sin embargo, teme que la medida pueda estimular castigos colectivos como linchamientos y lapidaciones, que se han vuelto más comunes en los últimos años.

Sólo el mes pasado, cuatro policías fueron linchados en una comunidad andina, que justificó el acto en nombre de la justicia comunitaria. Las autoridades aún están buscando a los responsables.

PROBLEMAS DE COMPETENCIAS

La polémica en torno de la justicia indígena ha sido muy similar a la que precedió a la aprobación de la nueva Constitución.

El borrador de la Carta Magna, refrendado en una votación popular, fue aprobado en asamblea constituyente en ausencia de la oposición.

Hay quien teme que la medida estimule los linchamientos.

Lo mismo ocurrió en esta oportunidad en el Congreso con la promulgación de la Ley del Órgano Judicial.

Al mismo tiempo, aunque la discusión sobre las reformas estuvo centrada en el tema de la reelección presidencial, en su momento algunos críticos también afirmaron que las nuevas disposiciones podían generar conflictos de competencias con las autoridades ya establecidas.

Ése fue también uno de los principales reclamos de la oposición a la nueva ley, que no establece si la justicia indígena se aplicará sólo en el caso de delitos menores, como disputas por tierras, o también en crímenes como el homicidio y el narcotráfico.

El Congreso tiene, sin embargo, un plazo de 180 días para aprobar otra norma, la de «deslinde jurisdiccional», que deberá precisar los campos de acción de las justicias ordinaria y comunitaria.

Varios analistas han apuntado que en Bolvia, país en el que el 60% de los habitantes se identifican a sí mismos como indígenas, los dos sistemas han coexistido desde siempre.

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Fuente: BBC Mundo