Tras el fallo que les obliga a eliminar y abstenerse de compartir publicaciones en redes sociales que sean críticas al cuestionado proyecto de tierras raras de la minera Aclara Resources, los ambientalistas de Penco, Región del Bio Bío, Camila Arriagada y Arnoldo Cárcamo presentaron un recurso de apelación para revertir esta decisión que atenta contra la libertad de expresión.
La acción judicial fue presentada ante la Corte de Apelaciones de Concepción por sus abogados Antonia Figueroa y Cristian Urrutia.
A inicios de febrero, la empresa minera a través de su filial REE Uno SpA, interpuso un recurso de protección contra Arriagada y Cárcamo, acusándolos de desprestigiar su proyecto de tierras raras y «enlodar su reputación», a través de las redes sociales.
El pasado 26 de mayo el tribunal de alzada emitió su fallo sobre el recurso de protección interpuesto en febrero de 2025 por Max Larraín Correa, representante legal de REE Uno SpA -filial propiedad de la empresa minera de tierras raras Aclara Resources-, contra Arraigada y Cárcamo, acusándolos de gestionar una cuenta de redes sociales vinculada a la organización Keule Resiste.
En el recurso, la minera planteó que había «sido víctimas de diversos ataques de terceros destinados a enlodar y afectar la reputación y el buen nombre de Aclara», individualizando a ambos ambientalistas como administradores de la cuenta, por lo que exigían el borrar «todo el contenido publicado en descredito de Aclara» y que se abstuvieran en lo sucesivo «de realizar publicaciones en descrédito de Aclara».
Ambos activistas rechazaron estas acusaciones y advirtieron que se trataba un intento de censura e intimidación por parte de Aclara contra todo aquel que se oponga o critique su proyecto de tierras raras.
Explicaron que Queule Resiste (@Keuleresiste) «no es una organización formal, sino una plataforma en donde se publica y se difunde contenido en oposición crítica hacia la minera», y señaló que «nunca he tenido un vínculo directo ni con la administración de esta cuenta ni en representación de esta plataforma».
Sin embargo, luego de tres meses, la Corte de Apelaciones de Concepción, decidió acoger el recurso, ordenando «a los recurridos la eliminación de toda publicación de mensajes o imágenes o finalmente contenido que hayan á replicado de la página de Instagram cuenta @Keuleresiste o Facebook Keule Resiste, (…) debiendo asimismo abstenerse, en lo sucesivo, de realizar actos como el que dio origen a la presente acción».
No hay pruebas contra los activistas ambientales
En el recurso de apelación presentado ante la Corte de Valdivia, los abogados alegaron que el mismo tribunal determinó que no hay pruebas para comprobar que los ambientalistas son administradores de la cuenta donde se publicaron los posteos relacionados con el proyecto de la minera.
Indicaron que el fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia «vulnera gravemente el principio de congruencia procesal, al acoger el recurso por hechos no planteados en el escrito de protección».
«En efecto, el recurso presentado por la empresa ACLARA, REE UNO SpA, imputa expresamente a
Camila Arriagada y Arnoldo Cárcamo la gestión y administración de la cuenta de Instagram @Keuleresiste» y en ninguna parte del escrito de protección «se les atribuye a nuestros representados
la difusión secundaria, replicación o compartición de publicaciones realizadas por
otros», plantearon,
«La única conducta denunciada es la de ser creadores y administradores del contenido publicado en la cuenta», destacaron.
En el documento, los profesionales indicaron que en su fallo que el tribunal de alzada determinó que «no existe ningún elemento de juicio que permita ponderar algún tipo de relación de dominio con las referidas cuentas desde las cuales se realizan las publicaciones» y a pesar de ello, «sin mediar prueba que lo acredite», estableció que «existen elementos de juicio que […] han permitido establecer que los recurridos han replicado los mensajes, publicaciones e imágenes […].»
Asimismo, advirtieron que la Corte incurrió «en graves defectos al analizar y ponderar la prueba aportada en autos».
Explicaron que las 38 capturas de pantalla presentadas con el recurso y las capturas que se acompañaron con posterioridad carecen del análisis lógico necesario para establecer en la sentencia la existencia de un nexo causal o atribuir a nuestros representados la autoría o la mera réplica de las publicaciones.
«Ninguna de las imágenes acompañadas muestra el perfil o nombre de Arnoldo Cárcamo o Camila Arriagada, ya sea comentando, dando “me gusta” o compartiendo las publicaciones, de modo que no existe indicio alguno de que «ellos hubieran intervenido directa o indirectamente en la difusión»., enfatizaron.
Los abogados indicaron que no se llevó a cabo, ni acompañó ningún tipo de informe pericial informático o un estudio exhaustivo de metadatos, por lo que al no hacerlo, «la Corte de Apelaciones de
Concepción incurrió en una presunción apresurada e infundada de responsabilidad».
En la apelación de los defensores ambientales demandados por Aclara se plantó que el echo de obligarlos a borrar las publicaciones en redes sociales criticando el proyecto tierras raras atenta contra tratados internacionales y derechos constitucionales.
La acción legal recordó que Camila Arriagada y Arnoldo Cárcamo son reconocidos dirigentes sociales de la comuna de Penco y durante años han actuado de forma activa en procesos de consulta ciudadana, audiencias públicas y manifestaciones pacíficas en oposición al proyecto minero de Aclara.
Por tal motivo, su accionar legítimo de participación social, «se encuentra amparado por los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, y en el artículo 19 Nº12 de la Constitución Política de la República, que asegura la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio».
También señaló que el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, protege de forma reforzada la libertad de expresión ,cuando esta se ejerce en contextos de fiscalización ciudadana y crítica a proyectos extractivos de impacto ambiental.
«En consecuencia, ante el escaso sustento probatorio y el contexto general del caso, resulta evidente que esta acción de protección ha sido utilizada con el propósito de silenciar la oposición ciudadana, configurando un uso abusivo del recurso, que no puede ser convalidado por los tribunales», afirmó.
“Buscan acallar la disidencia”
La abogada Antonia Figueroa recordó que desde que asumieron la defensa de Arriagada y Cárcamo plantearon de forma categórica «que no son ellos quienes administran esta página y no se incorporó ningún elemento probatorio en la causa que pudiese dar cuenta de lo que eran recursos señales.
«Sin perjuicio de ello, la Corte acogió el recurso de protección y señaló que deben eliminar contenido y abstenerse futuro de hacer publicaciones en contra de la minera», añadió.
Por su parte, el abogado Cristian Urrutia, planteó que, aparte del elemento jurídico, se evidencia «una instrumentalización, un abuso del recurso de protección, ante la carencia probatoria y el hecho de que no existe ninguna prueba de este procedimiento que vincule directa o indirectamente a don Arnoldo (Cárcamo y a Camila (Arriagada) por lo que se les imputa».
Ratificó que ambos son reconocidos dirigentes sociales de Penco, que se han manifestado legítimamente contra la minera Aclara y «ante dicha situación, nosotros lo hicimos también en la contestación, en los alegatos, en el procedimiento, que hay una instrumentalización por parte de Aclara, por parte de sus abogados, que tiene por objeto acallar, silenciar la disidencia contra el proceso que lleva a cabo la minera en Penco».
En consecuencia, indicó que ante la falta de pruebas y argumentos, «vamos a seguir adelante con la tramitación ante la Corte Suprema».
«Esto conlleva a interponer un recurso de apelación, el cual ya fue interpuesto, ya se ingresó a tramitación y ahora vamos a seguir con todo, por efectos de que se rechace el recurso, porque nos parece insólito porque no existe ninguna prueba que vincule a nuestros representados y tiene por objeto amedrentar en definitiva y acallar las voces de la disidencia contra la minera», enfatizó en un punto de prensa realizado durante la tarde del miércoles.
Ambientalistas «no van a bajar los brazos»
La dirigente ambiental Camila Arriagada agradeció el apoyo que ante el fallo de la Corte de Apelaciones, han recibido por parte de más de 250 organizaciones y personas naturales.
«Vemos una señal de amedrentamiento y hostigamiento contra quienes defendemos nuestro territorio y ver que el Poder Judicial, en este caso la Corte de Apelaciones, al darle el favor a un poder económico, a una empresa privada, es un acto sumamente peligroso. Quieren sentar precedentes de que no pueden haber voces críticas en los territorios, que no se puede oponer nadie a un proyecto porque está en riesgo de ser judicializado. Es claro mensaje que quieren transmitir con este tipo de judicialización», afirmó.
Sin embargo, aseguró que como defensores medioambientales «no van a bajar los brazos».
«Vamos a seguir adelante en esta lucha, porque es muy importante decir también que la empresa minera Aclara no tiene Resolución de Calificación Ambiental, ha tramitado su proyecto por años, para poder ser calificado ambiental y no lo ha conseguido. De hecho el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el año pasado desistió de seguir evaluando este proyecto porque es deficiente, porque es malo y con Arnoldo Cárcamo hemos presentado observaciones ciudadanas de carácter técnico. Esos son nuestros argumentos para decir que esta esta minera engaña a la población, porque no ha mostrado todas las consecuencias negativas que va a tener el medio ambiente, gracias a un proyecto, una minera verde, de una minera limpia. Lo cual nosotros ponemos en duda y eso es por lo que hoy en día se nos persigue», enfatizó.
En la misma línea, Arnoldo Cárcamo, recordó que por años ha luchado por la defensa del territorio de Penco ante las amenazas de toda empresa extractivista, «que solo y a costa de cualquier cosa, quieren nuestros recursos naturales sin importar el cuidado del medio ambiente».
«Mi oposición no es antojadiza , sino que me he preocupado de leer este proyecto desde los inicios y con todo lo que he leído me he dado cuenta que es un mal proyecto. En todas las partes ellos razonan y presentan sus proyectos amigables al medio ambiente y ahora lo venden como un proyecto verde, reconocen afectaciones importantes, pero la normativa vigente acepta este tipo de trueques y cuando hay un obstáculo recurren a los favores políticos , partidistas y le acomodan sus necesidades como un traje a la medida, y a nosotros nos colocan trabas, silenciando y amordazando a quien puedan levantar la voz», planteó el activista.
«Queremos dar las gracias por todo el apoyo de norte a sur de nuestro país y a los ambientalistas solidarios y medios de comunicación independientes, porque ellos dan a conocer esta problemática ambiental, porque para nosotros que no tenemos recurso se nos hace difícil dar nuestra posición. Seguiremos hasta las últimas consecuencias ya que en un país democrático, entre comillas, es el legítimo derecho a dar opinión bien informada», indicó en conversación con El Ciudadano.
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