Caso Clarín: denuncian relaciones impropias entre el Estado Chileno y jueces del tribunal internacional

El martes 13 de septiembre pasado, Víctor Pey y la Fundación Presidente Allende (FPA) recibieron la comunicación del Tribunal Internacional de Arbitraje del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) sobre el fallo de un largo juicio contra el Estado de Chile para obtener una indemnización por la expropiación, en 1973, del diario Clarín. La resolución de este tribunal fue recibida con sorpresa por parte de Pey y la FPA, demandantes en este proceso, en cuanto los jueces no acogieron ninguno de sus argumentos favoreciendo, contrariamente, todos los presentados por el Estado de Chile.

Esta resolución tuvo, asimismo, un doble enigma. En 2008, otro tribunal de arbitraje del mismo CIADI había fallado a favor de Víctor Pey y la FPA y había condenado a pagar al Estado de Chile una suma en torno a los doce millones de dólares, veredicto que no dejó satisfechas a la partes, motivo por el cual convocaron al tribunal que el pasado 13 de septiembre comunicó su sentencia.

Esa resolución desplegó sólidos argumentos a favor de los demandantes, todos ellos desechados por el actual y cuestionado tribunal. Entre esas decisiones, el anterior tribunal reconocía a Víctor Pey como legítimo dueño del diario Clarín, así como también confirmaba su nacionalidad española y admitía a sus herederos. Pero sin duda, el punto más relevante es que el tribunal reconocía que a Víctor Pey el Estado chileno le había denegado el derecho a justicia. En aquella sentencia quedaba claro. “Este tribunal ha constatado previamente, además de su competencia para conocer de la demanda de arbitraje formulada ante el CIADI por la primera y la segunda parte demandante, que en cuanto al fondo, el Sr. Pey Casado es efectivamente el propietario de los bienes confiscados por las autoridades chilenas y que la inversión no gozó del ‘tratamiento justo y equitativo’ previsto por el APPI. En otras palabras, ha constatado que la demandada (el Estado de Chile) ha cometido una denegación de justicia” y violado la obligación de garantizar a la inversión un tratamiento justo y equitativo.

El enigma del fallo del 13 de septiembre, sin embargo, comenzó a diluirse para dar pie a la perplejidad. Durante el transcurso de las siguientes semanas la FPA obtuvo información de fuentes fidedignas que revelaron serias irregularidades en el reciente fallo de ese tribunal arbitral. En concreto, el gobierno de Chile habría tenido contactos, en los cuales habría pagos involucrados, con el bufete de abogados británico Essex Court Chambers, al que pertenecen dos de los jueces que formaron el tribunal que falló a favor del Estado chileno. Ante esta situación, que contraviene los reglamentos de la instancia de arbitraje, el viernes 14 de octubre Víctor Pey y la FPA presentaron ante la corte internacional una demanda para que el Estado chileno revele a la brevedad qué tipo de contactos ha tenido con estos abogados y qué pagos, con sus respectivos montos, habría realizado durante el proceso judicial.

UNA EXPROPIACION

POR 43 AÑOS

El diario Clarín, que Víctor Pey compró a Darío Sainte Marie Sorucco en 1972, era entonces el periódico de mayor tiraje nacional, con una media diaria superior a los 200 mil ejemplares, llegando los fines de semana a cerca de medio millón. En estas circunstancias de mercado fue secuestrado por la dictadura militar, sus periodistas perseguidos y encarcelados, en tanto sus activos, como su flamante rotativa Goss, y sus inmuebles, confiscados. Pese a las reclamaciones de Pey, los gobiernos de la post dictadura han puesto todo tipo de obstáculos para pagar una indemnización.

Clarín, desaparecido en su versión impresa hasta el día de hoy desde hace ya más de 43 años, logró marcar la agenda pública desde la Izquierda como pocos periódicos hicieron. No sólo por su masividad, de corte popular, y penetración como primera lectoría nacional, sino por sus abiertas posturas antioligárquicas, que causaban una permanente molestia entre las elites. Esta clara y decidida línea editorial tuvo un efecto decisivo en el apoyo de Clarín a la campaña presidencial de Salvador Allende de 1970 y en la posterior defensa de su gobierno. Esta identidad es para muchos observadores y analistas el motivo por el cual los gobiernos de la transición, atados en pactos con las elites y los poderes económicos, han bloqueado la indemnización y la posibilidad de un regreso de Clarín a las calles.

¿Por qué un tribunal internacional?

Víctor Pey llegó a Chile en 1939 en el Winnipeg junto a muchos otros refugiados españoles tras la caída de la República. Como ingeniero, realizó importantes obras de infraestructura a lo largo del país durante las décadas siguientes. En tanto, en la esfera política, aun cuando no militaba, mantuvo una estrecha amistad con personalidades entre las que destacaba Salvador Allende. Pey, libertario y de Izquierda, interesado en los cambios sociales y políticos, compró Clarín durante el gobierno de Allende. Al no obtener la devolución del diario tras el exilio en la década de los noventa, recurrió, en su calidad de inversionista español, al tribunal internacional que tiene el CIADI para diferencias en materias de inversiones.

RELACIONES PROHIBIDAS

Los argumentos incorporados en la demanda de Pey y la FPA apuntan a irregularidades para impedir el pago de esta indemnización. En una carta al secretario del Tribunal Arbitral del CIADI, informaron que después de la fecha de comunicación de la sentencia del 13 de septiembre tuvieron conocimiento, “a través de fuentes fidedignas, que la República de Chile habría tenido relaciones duraderas con miembros de Essex Court Chambers durante el desarrollo de la presente fase del diferendo entre el Estado de Chile y las partes demandantes, iniciada el 16 de junio de 2013, y en particular, después que dos de sus miembros -Sir Frank Berman, QC, y MV.V. Veeder, QC- hayan sido nombrados árbitros del presente tribunal arbitral”. Asimismo, señalaron que el Estado de Chile no informó al CIADI de ninguna relación directa o indirecta con los miembros del bufete británico Essex Court Chambers especializado en litigios y arbitrajes internacionales.

En concreto, a través de esta carta los demandantes solicitaron que el gobierno de Chile revele su relación con esa firma de abogados, “teniendo en cuenta que el plazo de la Regla de Arbitraje N°49 termina ocho días hábiles después”.

El lunes 17 de octubre venció el plazo y el Estado de Chile no develó ante el Tribunal Internacional de Arbitraje sus relaciones con la oficina londinense de la que forman parte dos de los tres árbitros que dictaron el fallo del 13 de septiembre de 2016. Por tanto, a partir de ahora, y tras las señales que apuntan a un grave vicio en el reciente fallo, se abre otra etapa en este proceso.

Para los demandantes, el gobierno está obligado a informar los “millones de dólares que la República de Chile o un organismo dependiente de ella hubiera pagado a miembros y personas relacionadas con Essex Court Chambers hasta el 13 de septiembre 2016, y las fechas de los pagos correspondientes, en particular a partir de las fechas en que los dos árbitros fueron nombrados en el actual tribunal arbitral”.

Asimismo, debe informar, entre otras consultas, si el Estado de Chile, o un organismo dependiente de él, es un cliente actual o anterior de miembros de Essex Court Chambers, así como también si los servicios que el gobierno chileno, o un organismo dependiente de él, reciben de miembros pertenecientes a esta firma de abogados en consejos estratégicos o en transacciones específicas.

Ante el silencio absoluto del gobierno, en los próximas días Víctor Pey y la FPA podrían tomar la iniciativa que les permite la Regla de Arbitraje 49 de pedir a este mismo tribunal arbitral decisiones adicionales y correcciones de la sentencia comunicada el 13 de septiembre. Aún más, las partes podrán igualmente pedir la revisión de la sentencia en un plazo de noventa días.

Pero las acciones no quedarán acotadas al terreno legal. A medida que se conozcan más detalles de las oscuras e ilegales operaciones y los montos involucrados entre el gobierno de Chile y el bufete de abogados londinense al que pertenecen dos de los jueces que conforman el tribunal, las denuncias pasarán al terreno político, detonando un escándalo de grandes proporciones cuyos efectos son aún impredecibles.