María José Montesino, titular de la Quinta Notaría de Coquimbo, compareció ante el Ministerio Público el pasado 22 de junio en calidad de imputada dentro de la arista «nombramientos» del caso Hermosilla, causa que instruye la fiscal regional Claudia Perivancich en Valparaíso. Su declaración no solo abordó los pagos que ella y su cónyuge, Fernando Martel, realizaron a Gonzalo Migueles —expareja de la removida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco—, sino que además involucró directamente al senador UDI Sergio Gahona en una presunta solicitud de financiamiento electoral.
Según consta en su testimonio consignado por CIPER, la notaria afirmó: «En época de campaña han llegado muchos candidatos a pedirme aportes diciéndome que ellos influyeron en mi nombramiento, Gahona fue uno de ellos, me pidió para su campaña $1 millón, como muchos otros, a los que yo me negué».
La declaración de Montesino se enmarca en la investigación por las nueve boletas que Migueles emitió a su nombre por un total de $6,7 millones, las cuales, según la notaria, corresponden a una comisión por corretaje de propiedades.
Al ser consultado por el medio citado, el senador Gahona negó los hechos a través de su equipo de prensa: «Lo desmiento categóricamente».
La notaria, por su parte, corroboró que su declaración apunta al parlamentario y precisó que la solicitud se realizó vía telefónica, aunque aclaró que el financiamiento estaría destinado a la elección de candidatos para el Consejo Constitucional de 2023 y no a su campaña senatorial. «Yo le dije que no tenía plata», sostuvo Montesino, quien además indicó que en la conversación no se abordó la eventual vía Servel para canalizar los aportes.
Traspasos a Gahona y otros políticos
La vinculación de Gahona con el caso Hermosilla no es el único antecedente que pesa sobre el parlamentario. En la arista conocida como «trama bielorrusa», que se investiga en la Fiscalía de Los Lagos, se detectó que en enero de 2023 el conservador Sergio Yáber emitió un cheque por $4 millones a su nombre. El senador UDI señaló en esa oportunidad que el documento correspondía a un préstamo de su parte. Además, su hija, Paulina Gahona, fue contratada en el CBR de Yáber.
En esa misma causa existen otros casos que vinculan a políticos con dineros del conservador de Puente Alto. Según los antecedentes, Yáber transfirió $1,6 millones al senador demócrata Matías Walker, quien explicó que el dinero correspondía a un apoyo para una pasantía estudiantil de uno de sus hijos en el extranjero.
Asimismo, en una interceptación telefónica del 3 de octubre de 2025, el propio Yáber afirmó haberle llevado $1,7 millones al diputado republicano Cristián Araya.
Aunque el parlamentario negó haber recibido dinero, aunque confirmó haber asistido al domicilio de conservadordurante su campaña:
«El señor Yáber me contactó y me invitó a comer a su casa a propósito de mi campaña en la elección de diputados, invitación que acepté y asistí», declaró, agregando: «Quiero dejar algo muy claro. Nunca he recibido un peso del señor Yáber».
La investigación también indaga una declaración que vincula al CBR de Chillán, Yamil Najle, con la senadora PPD Loreto Carvajal.
El abogado Eduardo Lagos señaló a los fiscales que Najle habría pagado $300 millones a la parlamentaria para que lo ayudara en su nombramiento, diligencia que hoy lleva el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, y que se mantiene en reserva. Carvajal ha negado los hechos: «Esto es absolutamente falso, una canallada destinada a silenciar la verdad y entorpecer el avance de la investigación».
Respecto a los pagos que motivaron su comparecencia, Montesino explicó que estos fueron ejecutados por su cónyuge, el exnotario Fernando Martel, y correspondían a una comisión que Migueles se adjudicó por el arriendo del inmueble que ella ocupó como notaria entre 2022 y 2023, propiedad que pertenece a Sergio Yáber.
Según CIPER, en la investigación constan además transferencias por $54 millones de Martel a Migueles por asesorías entre 2022 y 2024, cuando este era notario interino de La Cisterna, pagos que la fiscalía judicial considera una retribución por gestiones para su nombramiento. Martel, sin embargo, sostuvo que esos montos corresponden al trabajo que Migueles realizó en la notaría.
Todos estos hechos configuran una relación económica entre notarios o conservadores con políticos que, de comprobarse un financiamiento electoral al margen del Servel, podría constituir delitos.
Obtén tu Pasaporte y apoya a El Ciudadano
Elimina la publicidad, accede a contenido exclusivo y sé parte de la comunidad.
Cancela en cualquier momento · Sin permanencia
