Caso Tsunami: Imputados por las 105 muertes logran negociar impunidad con la Fiscalía

Los 4 años de investigación, los alrededor de 650 testigos, los $300 millones gastados y el trabajo de 70 peritos quedaron este lunes 7 de marzo reducidos a una anécdota en el llamado Caso Tsumani, luego de que el Ministerio Público llegara a un cómodo acuerdo con los imputados para no enfrentar un juicio oral por las 105 muertes que dejó el trágico terremoto del 27 de febrero de 2010.

«No siempre una sentencia es la solución a un conflicto. Una sentencia no necesariamente va a determinar reparar a una víctima que sufrió la pérdida de un pariente, la muerte de una persona”, dijo al respecto el Fiscal Regional Metropolitano Occidente, José Luis Pérez Calaf, responsable de la negociación con los acusados. 

¿Qué fue lo que se negoció? A cambio de su impunidad, los seis acusados se comprometieron a reparar a las familias, desembolsando entre todos 245 millones de pesos. Así, el ex subsecretario de Interior, Patricio Rosende, pagará $80 millones; la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, $40 millones; el ex jefe del Centro de Alerta Temprana, Johaziel Jamett, $5 millones; y los ex funcionarios del SHOA, Mariano Rojas, Andrés Enríquez y Mario Andina, $40 millones cada uno.

Patricio Rosende

La suma de todas estas cifras da un total de $235.000. ¿Qué ocurrirá con los otros $10 millones que faltan? Se ocuparán para que la Fiscalía realice una suerte de seminario en donde, en palabras simples, le enseñe a la ciudadanía cómo es que el sistema de emergencia falló esa madrugada, quitándole la vida a un centenar de personas.

Además de esto, el acuerdo incluyó otros dos requisitos: que los inculpados tengan un «comportamiento intachable» durante un año y que «pidan perdón». Sin embargo, según informa Radio BioBío, «ha trascendido que los imputados leerán un texto en el cual no pedirían perdón completamente».

Correa, Girardi, Abott

Este caso ocupa un lugar privilegiado entre los más politizados del último tiempo, partiendo por el blindaje a la presidenta Michelle Bachelet, y en donde no podía no estar el ex ministro de la Concertación y hombre clave del lobby permanente de la clase política con el empresariado, Enrique Correa, quien -según consigna El Mostrador- «prestó servicios de asesorías a los abogados de la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, y del ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende».

«Los familiares de las víctimas no tienen una explicación. Algunos me dicen: ¿qué hay detrás de esto?», declaró a CNN Chile el abogado querellante Alfredo Morgado, quien también hizo hincapié en lo crucial que fue para el giro en la causa el cambio de fiscal. Esto, porque la anterior encargada de la investigación, Solange Huerta, quien debió dejar el caso luego de que cumpliera sus 8 años en el cargo, había sido tajante en su posición de llegar a juicio oral, pidiendo de hecho 818 días de condena para cada uno de los imputados.

De ahí que -en la arista política de este caso- ahora vuelva a salir a colación la reunión que sostuvieron en septiembre de 2015 el influyente senador Guido Girardi y el entonces postulante -y actual Fiscal Nacional- Jorge Abbott, en la casa del PPD. ¿Qué se negoció en ese encuentro? ¿Existe una relación entre esa cita y la impunidad acordada para el Caso Tsumani?

Jorge Abbott

Una reunión que, por lo demás, podría estar surtiendo no solo efectos en el juicio por las muertes en el terremoto del 27F, sino que también en el Caso SQM pues, como se ha dado a conocer en los últimos días, este podría correr la misma buena suerte para los imputados. «Si no hay más querellas (del SII), tendremos que terminar las causas por alguna de las formas de término que la ley establece», adelantó la semana pasada Abbott.  

105 muertos, 1 solo condenado

Pero que Bachelet, Rosende o Fernández no paguen por sus responsabilidades políticas, administrativas o de otra índole en el desastre que dejó el actuar estatal tras el terremoto grado 8.8, no significa que todos hayan podido aferrarse al salvavidas de la impunidad. Siempre hay un hilo más fino por donde todo se corta y en este caso su nombre es Osvaldo Malfanti Torres. Desde este lunes, este ingeniero forestal de 36 años pasó a ser el único condenado, luego de que cumpliera a partir de 2014 los 541 días de presidio remitido a los que la justicia chilena lo sentenció.

La salida negociada entre el Ministerio Público y los abogados de los acusados por la tragedia del 27F se concertará este próximo 14 de febrero, día en que estaba fijada la audiencia preparatoria del juicio oral. Una instancia en la que -tal como le informaron en la reunión donde el fiscal Pérez Calaf comunicó el acuerdo- los abogados querellantes se opondrán a esta salida alternativa. Será el último saludo a la bandera en el Caso Tsunami.

Por Daniel Labbé Yáñez