Nuevos antecedentes del entramado de influencias, coimas y lavado de dinero que investiga la Fiscalía Regional de Los Lagos en el caso del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec Spa (CBM), conocido como «Arista Bielorrusa«, se conectan con el exfiscal Manuel Guerra.
Según reveló CIPER, el expersecutor, reconocido por su rol en el emblemático Caso Penta y quien fuera encargado de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, habría recibido seis transferencias por $19,5 millones por parte de una red ligada a los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas ,los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, quienes se encuentran actualmente en prisión preventiva, acusados de soborno reiterado y lavado de activos.
Según la fiscalía, Vargas y Lagos como representantes del CBM pagaron 45 millones de pesos a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco a través de su pareja Gonzalo Migueles (también en prisión preventiva, para que fallara en favor de consorcio que prestaba servicios y mantenía una controversia legal con la Corporación Nacional del Cobre (Cocelco) por término anticipado de contrato y que le significó a la empresa estatal un desembolso de cerca de $17,1 mil millones.
De acuerdo con registros bancarios analizados por CIPER), se identificaron seis transferencias por un total de $19,5 millones que llegaron a Manuel Guerra, cuando ya no era fiscal, entre el 24 de octubre de 2023 y el 18 de junio de 2024. Los fondos no provinieron directamente de los penalistas formalizados, sino de dos fuentes asociadas a su operación: la secretaria de su bufete, María Pía Peñaloza, y la sociedad «Lagos Asesorías Legales Limitada», propiedad de Eduardo Lagos.
El detalle de las transacciones es el siguiente:
-24 de octubre de 2023: María Pía Peñaloza transfiere $250.000 desde una cuenta del Banco Santander.
-26 de octubre de 2023: Peñaloza efectúa un segundo giro, desde otra cuenta del Santander, por $2.250.000.
-11 de diciembre de 2023: Un tercer envío desde Peñaloza suma $2.000.000.
-18 de abril de 2024: Desde la cuenta de «Lagos Asesorías Legales Limitada» en el Banco Itaú, se transfieren $2.500.000.
-22 de abril de 2024: Nueva transferencia desde la sociedad de Lagos, por $5.000.000.
-3 de mayo de 2024: Otra transferencia desde la misma fuente, por $2.500.000.
-18 de junio de 2024: Una última transferencia desde Lagos Asesorías Legales suma $5.000.000.
La secretaria María Pía Peñaloza fue vinculada directamente al esquema de lavado de activos durante la audiencia de formalización de Lagos y Vargas. Según la fiscalía, concretó acciones presuntamente diseñadas por sus empleadores para blanquear el dinero de las supuestas coimas.
Los registros muestran que, de hecho, Peñaloza recibía constantemente transferencias de Vargas y Lagos, y que el mismo día en que giró $2,5 millones a Guerra (sumando las dos primeras transferencias), Mario Vargas le había traspasado a ella una cifra idéntica.
Guerra justifica los pagos por asesorías legales
Consultado por CIPER, Manuel Guerra explicó por escrito el origen de estos fondos, desvinculándolos de la causa bielorrusa y atribuyéndolos a trabajos legales conjuntos.
“Respecto de lo consultado, todos los pagos que recibí del señor Lagos a través de sus sociedades se relacionan con causas en que presté servicios conjuntamente con él [Lagos] o en que lo asesoré en una causa criminal en que fue imputado. Es así que es del caso señalar que, entre otras, llevé una causa por un juicio arbitral en la ciudad de Iquique junto al señor Lagos. Igualmente asesoramos conjuntamente a un imputado en una causa seguida en la Fiscalía de San Fernando por fraude al fisco. Del mismo modo, participé junto al señor Lagos y el señor Vargas en la asesoría del exgerente general de Primus Francisco Coeymans, tanto como querellante como imputado. Todos los dineros recibidos por dichos conceptos fueron declarados ante el Servicio de Impuestos Internos tanto en boletas como en declaraciones rectificatorias que efectué ante dicho servicio las cuales fueron aprobadas por el mismo SII y respecto de las cuales pagué los impuestos correspondientes. Hago presente que jamás asesoré al señor Lagos y sus sociedades en los asuntos que forman parte de la investigación que se sigue en su contra”.
CIPER constató que, efectivamente, durante el período en que recibió las transferencias desde la sociedad de Eduardo Lagos (abril a junio de 2024), Guerra litigaba junto a Lagos y Vargas en el Caso Primus, representando al exgerente Francisco Coeymans. En ese mismo lapso, la hermana del exfiscal, María Paz Guerra, formaba parte del equipo de trabajo del estudio Largos, Vargas y Silber (LVS).
Los abogados defensores de los principales formalizados optaron por el mutismo. Tanto Sergio Contreras, representante de Mario Vargas, como Cristián Cáceres, abogado de Eduardo Lagos, señalaron a CIPER que prefieren no hacer comentarios.
Compleja situación legal del exfiscal Guerra
La aparición de estas transferencias añade una capa de complejidad a la situación legal de Manuel Guerra, quien ya está siendo investigado por presunto cohecho en una causa separada que sigue la Fiscalía Regional de Arica, derivada de sus conversaciones de chat con el abogado Luis Hermosilla. Además, su nombre había surgido previamente en la causa bielorrusa a través de mensajes de texto encontrados en el teléfono de Harold Pizarro –dueño de una casa de cambio investigada–, donde Guerra intentaba cambiar US$8.000 en febrero de 2024. Medios como T13 también han dado cuenta de intercambios de mensajes entre Guerra y la exministra Ángela Vivanco, donde discutirían sus respectivas situaciones procesales.
El descubrimiento de este flujo financiero directo desde la red de Lagos y Vargas hacia el exfiscal plantea nuevos interrogantes para la Fiscalía de Los Lagos, que deberá determinar si estos movimientos –que Guerra justifica como honorarios legales– tienen o no conexión con el esquema de lavado por el que están formalizados los representantes legales del consorcio bielorruso. Mientras, este miércoles 4 de diciembre, la Corte de Apelaciones de Santiago revisará la querella de capítulos interpuesta por el Ministerio Público en su contra, en el marco de la investigación por cohecho.
La investigación contra el expersecutor se originó tras la revelación de una serie de conversaciones que este mantuvo con el abogado Luis Hermosilla, en el contexto del denominado «caso Audios». Según un reportaje de Ciper del año 2024, en uno de esos diálogos ambos hablaban de coordinarse con una tercera persona, identificada como «Andrés», para encontrar una «salida» al alto connotación pública caso Penta, lo que puso en alerta a las autoridades.
La indagatoria se centra en eventuales conductas delictivas cometidas por Guerra mientras estaba a cargo de causas de gran repercusión pública, no solo el caso Penta, sino también otras como Exalmar.

