CDE amplía querella contra Ángela Vivanco en la trama bielorrusa y promete perseguir a todos los funcionarios involucrados

En un decisión clave dentro de la investigación del caso conocido como «trama bielorrusa», el presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Raúl Letelier, anunció que el organismo ampliará la querella penal en contra de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.

“El Consejo ha decidido ampliar la querella penal que tiene en este caso contra la exministra Ángela Vivanco y esperamos también ser parte importante de las investigaciones desarrolladas en ese ámbito para poder perseguir a todas las personas y funcionarios públicos que puedan haber intervenido en estos tipos de hechos”, declaró la máxima autoridad del organismo estatal a cargo de la defensa del patrimonio público, tras una reunión que se desarrolló en Palacio de La Moneda y que contó con la participación del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y el ministro de Justicia, Jaime Gajardo.

Letelier profundizó en la gravedad del caso en el que se investigan eventuales actos de corrupción que habrían significado un millonario perjuicio económico a la empresa estatal Codelco, argumentando que la acción judicial es fundamental para el correcto funcionamiento del Estado.

“Para nuestra institucionalidad es preocupante este tipo de casos, nosotros sabemos que en los casos penales es claro que hay responsabilidades personales de cada uno de los que han intervenido en este tipo de hechos, lo entendemos así, y bueno, parte de que las instituciones funcionen es que precisamente se den este tipo de querellas, se den este tipo de persecuciones y obtengamos en algún momento la condena penal que buscamos”, sostuvo.

Vivanco y la «Muñeca Bielorrusa»

El caso conocido como la arista «Muñeca Bielorrusa» dentro de la macro causa «Audio», ha tenido repercusiones en el mundo judicial y ha originado allanamientos e incautaciones de computadores y teléfonos, además de la detención del contador Gonzalo Migueles —esposo Vivanco—, del abogado Eduardo Lagos y de su socio, el abogado Mario Vargas Cociña.

El pasado 5 de noviembre, tras sumarse formalmente a la causa, el CDE presentó una querella criminal contra estos tres imputados —por soborno, cohecho y lavado de activos —incluyendo además a los conservadores de Bienes raíces de Puente Alto y Chillán, Sergio Yáber y Yamil Najle.

Según el libelo, los imputados habrían participado en una red de pagos irregulares hacia Migueles, a cambio de gestiones de Vivanco en favor del Consorcio Belaz Movitec (CBM), empresa chileno-bielorrusa que prestaba servicios y mantenía una controversia legal con la Corporación Nacional del Cobre (Cocelco) por término anticipado de contrato.

Según la acción legal interpuesta ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la exministra Vivanco, integrante de la Tercera Sala de la Corte Suprema, participó de una serie de decisiones a favor del consorcio ante la presentación de diferentes recursos de protección, queja y apelación el máximo tribunal del país, realizando actuaciones con infracción a los deberes de su cargo, a cambio de beneficios económicos recibidos por su pareja.

Cabe destacar que debido a que al momento de los hechos Vivanco se desempeñaba como jueza de la suprema, y, por ende, tenía fuero.la fiscalía no la incorporó en el listado de órdenes de detención ni la formalizó junto con los tres imputados, ya que se requiere que el tribunal de alzada acoja una querella de capítulos con los cargos en su contra, para luego poder proceder a su formalización.

En septiembre de 2024, Vivanco fue suspendida de la Suprema, después de que se estableciera que mantuvo contactos con el abogado Luis Hermosilla, formalizado por lavado de dinero, soborno y evasión fiscal como parte del denominado «Caso Audio», que involucra a una gran cantidad de ex funcionarios gubernamentales, políticos y empresarios.

Las conversaciones de WhatsApp entre Vivanco y el penalista, quien cumple arresto domiciliario total, darían cuenta de su influencia para que la exministra integrara la Corte Suprema y posteriormente interfiriera en nombramientos y entrega de información clave.

«El Estado debe responder con toda su fuerza»

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, secundó la postura del CDE y reafirmó el compromiso del Gobierno con la probidad.

“Cuando la probidad se ve amenazada, el Estado debe responder con toda la fuerza de las instituciones”, afirmó Elizalde, añadiendo que “toda conducta eventualmente constitutiva de delito o falta de la probidad debe ser investigada con el máximo rigor y de comprobarse responsabilidades corresponde aplicar las sanciones más severas que establece nuestro ordenamiento jurídico”.

El secretario de Estado descartó cualquier tipo de ambigüedad en la búsqueda de justicia.

“Aquí no hay espacio para la duda, la verdad completa y la justicia total son innegociables, y Chile demanda y merece claridad absoluta. Asimismo, el Gobierno valora y reconoce las decisiones que ha adoptado el propio Poder Judicial, orientadas a iniciar procesos disciplinarios y cuando corresponde la destitución de magistrados involucrados en hechos que pudieran afectar la integridad del sistema de justicia”, indicó, en declaraciones recogidas por La Tercera.

Elizalde también recordó el impacto directo del caso en el patrimonio de todos los chilenos, al verse afectada la estatal Codelco.

“No debemos olvidar que, finalmente, en este caso se afectó el patrimonio de Codelco y, por tanto, el patrimonio de todas las chilenas y chilenos. Reafirmamos que ninguna forma de corrupción, abuso o falta de la propiedad puede ser tolerada. La democracia se fortalece cuando sus instituciones actúan con firmeza, transparencia y responsabilidad”, planteó.

Investigaciones exhaustivas y rigurosas

Por su parte, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, puso el acento en la metodología que deben seguir las pesquisas.

“Las investigaciones tienen que ser exhaustivas, tienen que ser rigurosas, tienen que llevarnos a todo lo que ha ocurrido en estos casos y en ese sentido esperamos que prontamente nuestro país pueda tener claridad de qué fue lo que ocurrió y además también si es que hay responsables, tal como lo decía el Presidente del Consejo, si es que las personas cometieron algún ilícito, sean responsables por sus hechos”, expresó.

Plazos de la querella contra Vivanco

Consultado sobre el desarrollo procesal de la querella, el presidente del CDE se refirió a los tiempos que maneja la justicia. Letelier explicó que las audiencias de formalización “toman su tiempo, no son tan automáticas como muchas otras audiencias que se dan en el ámbito del proceso penal, sobre todo cuando son casos que tienen algún nivel de complejidad que hace necesario tomarse algo de tiempo para esas audiencias”.

No obstante, manifestó tranquilidad respecto a la agenda judicial. “Por el momento nosotros no estamos especialmente preocupados sobre esos tiempos y esperamos sin duda que en el corto plazo tengamos audiencias al respecto”, concluyó Letelier, dejando en claro que, pese a la complejidad, el CDE espera avances concretos a la brevedad.