Los mensajes que intercambiaron por WhatsApp el penalista Luis Hermosilla y el abogado José Ramón Correa entre 2018 y 2023 han dejado al descubierto una red de influencias que operaba en las altas esferas del poder judicial chileno y que incluye gestiones directas ante ministros de la Corte Suprema, intervenciones en nombramientos estratégicos y acciones para favorecer a la actual contralora Dorothy Pérez.
Si bien la capacidad de Hermosilla para moverse en los círculos de poder no sorprende debido a los antecedentes que han sdalido a la luz en el marco del Caso Audio, por el que ha sido imputado por delitos tributarios, soborno y lavado de activos, los diálogos evidencian por primera vez el entramado de contactos que manejaba Correa, un abogado de 49 años formado en la Universidad de Los Andes, exjefe de gabinete en la Contraloría y actual accionista de Azul Azul, cuya red de relaciones se extiende de manera transversal por todo el espectro político.
Según reveló Reportea, en una conversación de agosto de 2018, Hermosilla le pidió a Correa que utilizara su amistad con el ministro de la Corte Suprema Manuel Valderrama para evitar que se repitiera el juicio por el asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay, un caso de alta sensibilidad política vinculado al proceso de pacificación de La Araucanía.
«Necesitamos que se rechace la nulidad del caso Luchsinger«, escribió Hermosilla, y Correa respondió sin titubeos: «Lo veo mañana sin falta». Dos meses después, el 10 de octubre de 2018, la sala penal de la Suprema falló unánimemente evitando un cuarto juicio, un resultado que el entorno de Hermosilla celebró como un triunfo. Valderrama, consultado por el medio de investigación, aseguró no recordar esa gestión y afirmó que su relación con Correa se limita a conversaciones sobre el club Universidad de Chile.
Gestiones por Dorothy Pérez
Pero las revelaciones no terminan ahí. Los chats también exhiben las gestiones de Correa a favor de Dorothy Pérez, actual contralora general de la República, cuando fue desvinculada del organismo en 2018 por su antecesor Jorge Bermúdez. Pérez presentó un recurso de protección que llegó a la Corte Suprema, y allí la maquinaria de influencias se puso en marcha.
El fallo que ordenó su reincorporación se definió por un estrecho margen, y uno de los votos clave fue el de la entonces ministra Ángela Vivanco, actualmente en prisión preventiva y enfrenta cargos por cohecho y lavado de activos, quien había sido promovida intensamente por Hermosilla y Correa para llegar al máximo tribunal.
La propia contralora declaró por escrito a Reportea que no conoce a Luis Hermosilla y que José Ramón Correa fue solo un «excompañero de trabajo».
Sin embargo en los chats ambos comparten comentarios sobre la disputa que mantenían Pérez y Bermúdez y Hermosilla le comenta a Correa: «Bonita pelea de tu amiga» y luego ambos coordinan estrategias legales y comunicacionales para debilitar a al ex contralor.
Intervención en nombramientos
La intervención de Correa en el sistema judicial no se limitó a casos puntuales, ya que los mensajes revelan su participación activa en nombramientos estratégicos dentro del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.
En enero de 2019, tras reunirse con la relatora Lilian Leyton, Correa le escribió a Hermosilla que hablaría con el entonces ministro de Justicia, Hernán Larraín, para impulsar su candidatura a la Corte de Apelaciones de Santiago. Leyton juró en marzo de ese año. Algo similar ocurrió con Verónica Sabaj, actualmente destituida y formalizada por vínculos con Hermosilla, y con el conservador de bienes raíces Sergio Yáber, enredado en la llamada «trama bielorrusa». «Lo encuentro buenísimo y nos reportaría 100%», escribió Correa al recomendar a un candidato para el Tribunal Constitucional.
En otra ocasión, tras compartir tres botellas de vino con el ministro Juan Cristóbal Mera, Correa fue concluyente: «Es absolutamente nuestro«, reportó el medio citado.
El entramado de relaciones que maneja José Ramón Correa destaca por su transversalidad. Su matrimonio en 2011 reunió a figuras como José Antonio Kast, Ricardo Lagos Weber, Andrés Chadwick y Francisco Vidal. Ha sido socio de Iván Aróstica, expresidente del Tribunal Constitucional, y de Carlos Mackenney, expresidente del Consejo de Defensa del Estado. En enero de 2010, organizó un asado en Casablanca que congregó a la entonces presidenta Michelle Bachelet, a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, al fiscal nacional y al presidente saliente de la Corte Suprema.
Según Reportea, el abogado no estuvo disponible para emitir comentarios para la elaboración del artículo de investigación.
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