La Cámara de Diputados aprobó con 122 votos a favor y la Comisión de Seguridad del Senado despachó por unanimidad el proyecto que permite a Carabineros y a la PDI cotejar perfiles genéticos sin pasar por el Servicio Médico Legal, con el objetivo de reducir demoras que, según Contraloría, han llegado a más de una década.
El Ciudadano
El Sistema Nacional de Registros de ADN está a punto de experimentar el cambio más profundo desde su creación. La Comisión de Seguridad Pública del Senado aprobó este martes en general, y por unanimidad, el proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal y la Ley N° 19.970 para poner término al monopolio del Servicio Médico Legal (SML) en el cotejo de huellas genéticas. La iniciativa, que ya había sido despachada por la Cámara de Diputados con 122 votos a favor y 9 abstenciones, pasará ahora a la Sala del Senado para su votación en particular.
El cuello de botella que el proyecto busca destrabar
El diagnóstico que sustenta la reforma es una asimetría de tiempos que, en la práctica, ha frenado investigaciones penales durante años. Los laboratorios de Carabineros (Labocar) y de la PDI son capaces de determinar una huella genética a partir de evidencia biológica en un plazo cercano a 10 días. Sin embargo, esa misma huella debe esperar entre 8 y 10 meses para que el SML la coteje con la base de datos nacional. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, fue categórico al describir la situación ante la Sala de la Cámara: «Ese es el cuello de botella que este proyecto viene a destrabar».
La evidencia de las demoras es abrumadora. Un informe de la Contraloría General de la República, remitido a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, detectó retrasos de hasta más de 11 años en el análisis de huellas genéticas, además de miles de perfiles no incorporados al sistema, deficiencias en la trazabilidad y custodia de evidencias, y ausencia de plazos para la emisión de peritajes. Otra fiscalización del organismo contralor reveló casos de hasta 13 años de retraso en el ingreso de huellas a los registros de ADN.
Qué cambia exactamente
El proyecto introduce modificaciones en dos cuerpos legales. En el Código Procesal Penal, reemplaza el artículo 199 bis para incluir expresamente, junto a los profesionales del SML, a profesionales y técnicos debidamente acreditados de Carabineros y de la PDI entre quienes pueden efectuar pruebas biológicas destinadas a determinar huellas genéticas. En la Ley N° 19.970, la modificación de mayor impacto se concentra en el artículo 13: los laboratorios policiales quedarán habilitados para comparar directamente los perfiles con el Sistema Nacional de Registros de ADN y remitir el informe de resultados al Ministerio Público o al tribunal correspondiente, sin la derivación obligatoria al SML.
El cambio, sin embargo, no desmantela por completo el rol del SML. El organismo conservará funciones críticas: mantendrá el control exclusivo sobre la conservación y destrucción del material biológico, y seguirá siendo la entidad encargada de acreditar los laboratorios policiales habilitados para realizar estas pericias. El Servicio de Registro Civil e Identificación, por su parte, continuará administrando y custodiando el Sistema Nacional de Registros de ADN.
Resguardos y reservas constitucionales
El proyecto contempla garantías para las víctimas. La incorporación de una huella al registro requerirá instrucción del Ministerio Público, y la víctima deberá ser previamente informada y consultada sobre su derecho a oponerse. Además, se mantiene la exigencia de que los perfiles utilizados se limiten a información genética no codificante.
El punto más conflictivo del debate parlamentario fue la incorporación de adolescentes al sistema. El diputado Jaime Bassa (FA) formuló una reserva de constitucionalidad contra el artículo 3° del proyecto, argumentando que la norma «desconoce el principio constitucional de especialidad de la responsabilidad penal adolescente» y vulnera la garantía de igualdad ante la ley al asimilar el tratamiento de adolescentes y adultos en una materia donde sus diferencias de desarrollo y culpabilidad exigen un estatuto diferenciado. En la misma línea, el diputado Marcos Barraza (PC) advirtió que acreditar al profesional no equivale a acreditar el laboratorio completo y cuestionó la ausencia de reglas claras frente a eventuales resultados contradictorios entre instituciones.
El respaldo transversal y el camino que resta
La votación en la Cámara reflejó un apoyo amplio, aunque no exento de matices. La diputada Ana María Gazmuri (AH) valoró la utilización de la capacidad científica ya instalada en las policías, aunque advirtió sobre la necesidad de reforzar la trazabilidad y la custodia de la información genética. El diputado Felipe Camaño (IND) resumió el espíritu de la iniciativa: «No podemos tener tecnología disponible y permitir que la burocracia termine atrasando una investigación».
El Gobierno sostiene que la iniciativa no requiere nuevos recursos fiscales, ya que ambas policías cuentan con laboratorios acreditados, equipamiento y personal especializado. Según el Informe Financiero de la Dirección de Presupuestos, el proyecto no generará un mayor gasto estatal. Al 31 de diciembre de 2024, Carabineros había aportado 4.374 de los 7.640 perfiles genéticos incorporados al sistema, equivalentes al 57,25% del total nacional.
La Comisión de Seguridad del Senado —integrada por Karim Bianchi (Ind.), Cristián Vial (Ind.-republicanos), Andrés Longton (RN), Pedro Araya (PPD) y Juan Luis Castro (PS)— dio su aprobación unánime, y ahora la pelota está en la Sala del Senado. Si el proyecto supera ese trámite sin modificaciones sustantivas, Chile dejará atrás un modelo en el que un solo organismo concentraba una etapa clave de la evidencia científica, y las policías que investigan los delitos podrán también comparar las huellas que ellas mismas levantan. El objetivo declarado es que la ciencia del ADN deje de ser un cuello de botella y se convierta en lo que siempre debió ser: una herramienta ágil al servicio de la justicia.
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