Chile debe responder a recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Aplicación de la ley antiterrorista, investigar casos de arresto y deportación de periodistas y cineastas que trabajan con la situación del pueblo mapuche y proteger los derechos de la familia, entre los puntos pendientes ante los cuales el Estado debe definirse.  Chile ya rechazó en mayo recomendaciones relativas al aborto.

* Decisión del gobierno será entregada mañana en sesión especial ante el pleno del Consejo de Derechos Humanos.  Grupo de trabajo de la sociedad civil que realiza un seguimiento de estas recomendaciones, se pronunciarán al respecto tras conocerse la postura oficial.

El pasado 08 de mayo en Ginebra Chile rindió su primer Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, dando cuenta de sus avances y desafíos en el cumplimiento de los estándares internacionales de protección de Derechos Humanos.  En la oportunidad y luego de escuchar las exposiciones de la delegación gubernamental, que fue encabezada por el Ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, los más de 50 estados presentes formularon un total de 71 recomendaciones al Estado chileno, rechazando éste dos de ellas y postergando su decisión sobre cuatro importantes materias para la sesión que tendrá lugar mañana jueves 24 de septiembre.

El Consejo asignó a los representantes de Cuba, Senegal y Qatar la responsabilidad de elaborar el documento que consigna la discusión e incluye las recomendaciones formuladas a Chile, dado a conocer el 12 del mismo mes.

71 observaciones

Las observaciones recibidas trataban principalmente sobre la ratificación de tratados internacionales aún pendientes, la ausencia de una institucionalidad de derechos humanos, el mantenimiento de la jurisdicción militar para el juzgamiento de civiles, la administración de justicia en general y la necesidad de un sistema especial de justicia para infractores adolescentes, la constatación de situaciones de abusos policiales mediante el uso desproporcionado de la fuerza, y la condición de vulnerabilidad en que se encuentran importantes sectores de la población, tales como mujeres, indígenas (especial mención tuvieron casos de niños y mujeres), minorías sexuales, inmigrantes y personas privadas de libertad.

Las recomendaciones no aceptadas por Chile fueron aquellas relativas al aborto, para garantizar que las leyes en la materia se ajusten a las obligaciones de derechos humanos suscritas por el país.  Específicamente, el gobierno rechazó revisar la legislación que penaliza el aborto en toda circunstancia, incluyendo la violación, el incesto y las situaciones en que la vida de la madre esté en peligro, así como asegurarse que la información de planificación familiar y de regulación de la fertilidad sea accesible al público

Mientras que los puntos postergados sobre los cuales se deberá pronunciar el Estado chileno mañana, son aquellos referidos a la ratificación de la Convención Internacional sobre mercenarios; la protección de la familia como grupo natural y fundamental de la sociedad, basado en una relación estable entre hombre y mujer de acuerdo al artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; la investigación de casos de detención y deportaciones de periodistas y cineastas que realizan trabajos acerca de la realidad del pueblo mapuche; y la revisión de legislación antiterrorista y su aplicación a comunidades indígenas, en particular en contra de los mapuche.

Anuncios y compromisos voluntarios

Durante la sesión de mayo, Chile hizo además dos importantes anuncios.  El primero, la formulación de una invitación permanente a los órganos especializados de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que visiten el país, incluidas las relatorías especiales.  Y el segundo, el compromiso de elaborar un Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos con amplia participación de la sociedad civil.

Dentro de los compromisos asumidos por el Gobierno a través del Ministro Viera Gallo también estaba la creación de una mecanismo de seguimiento a las recomendaciones que se le hicieron a Chile en relación con el EPU, el que debería estar integrado por las organizaciones de la sociedad civil que participan de este proceso y por los tres poderes del Estado.  Sin embargo, a la fecha, esta instancia de trabajo no se ha concretado.

Por Paulina Acevedo