Chile y su violencia contra la infancia

Desde hace meses que la niñez viene siendo un tema delicado para la imagen pública de nuestro país. No hace mucho que la relatora para la infancia de las Naciones Unidas, Rosa María Ortiz, catalogó a Chile como el país peor evaluado de América Latina en materia de derechos humanos. La denuncia de la comunidad mapuche sobre la agresión a un menor de 11 años por parte de carabineros, vino a subrayar el asunto.

Nueve de la tarde y Plaza Italia continúa con su flujo de masa ambulante. Skaters que saltan escaleras, bicicletas furiosas que cortan el viento y suelas aceleradas que se escapan de los metros  para unirse a algún grupo de pantalones enfilados a un compás. Todo vigilado por una patrulla de carabineros que se aproxima al grupo que no sigue a la corriente. Están de pie y sostienen un letrero enmarcado por velas que se baten entre el viento y la voz de un megáfono. Es la corporación SOFINI, la misma que el  lunes pasado marchaba por huérfanos en repudio a la violencia policial contra niños mapuche y ahora se reúne en su jornada de ayuno prolongado en defensa de la infancia vulnerada.

Rodrigo Paz, dirigente de la organización SOFINI, es quien se luce con la voz amplificada, “venimos a denunciar lo que está pasando con los niños chilenos, 15 mil niños que hoy día están virtualmente secuestrados por SENAME en hogares a los cuales ingresan no por estar actuando en delito, sino por medida de protección.” Si bien se establece que los niños no deben permanecer un plazo mayor a un año en los recintos, en promedio los menores están entre cuatro y cinco años. De ellos, un treinta por ciento no va a colegios, como tampoco recibe la ayuda psicológica correspondiente, denuncia Rodrigo basado en el informe de la Comisión Jeldres.

Jacqueline Prouvay, integrante de SOFINI, viene de colocar la última vela. Está aquí puntualmente desde las nueve, pues es quien se ofreció para participar con veinticuatro horas de ayuno. Está decidida, en Chile las cosas están mal y hay que hacer algo para cambiarlo. “Es que no hay políticas que sean de verdad y protejan a los niños. Los jueces en este país lo único que saben hacer es meter niños al SENAME, y por otro lado ese mismo juez deja en libertad a abusadores y violadores de niños. De qué justicia estamos hablando.”

Para Francisca Quiroga, cientista política de la Universidad de Chile, en la práctica,  la mirada del Estado se ha focalizado en responder en forma aislada, con una ausencia total del enfoque de derechos. “Se interviene frente a las denominadas situaciones de “vulnerabilidad de los niños” sin considerar la participación, autonomía progresiva, respeto y no discriminación, por mencionar algunos de los derechos mínimos que en Chile no son incorporados en los discursos y prácticas de las instituciones gubernamentales”. En otras palabras, dice Francisca, la legislación es anacrónica y se requieren reformas estructurales.

La cientista política explica que, según la OCDE, Chile es uno de los países con la mayor segregación socioeconómica a nivel escolar en educación. “Existen informes internacionales que hablan sobre la violencia excesiva de las fuerzas policiales en adolescentes demostrando la ausencia de reconocimiento constitucional y el déficit en políticas públicas”.

Una práctica habitual en Chile

Siete balines en el cuerpo de un niño de once años de etnia mapuche, fue la imagen del último allanamiento por parte de Fuerzas Especiales en las comunidades de Ercilla. El menor dio su testimonio a través de un video, “estábamos jugando a la pelota, después llegaron policías disparando al que cayó cayó nomás y me dieron a mí que caí. Después me levanté y me fui donde mi abuelita.”

Para Rodrigo Paz, lo que ocurrió no fue una casualidad, habla de una práctica habitual en Chile donde la policía militarizada en territorio Mapuche entra y sale de las comunidades disparando a quien se le pone por delante. Hace sólo unos meses un cabo de fuerzas especiales fue condenado por la Corte Suprema por el asesinato por la espalda a un comunero mapuche, Jaime Mendoza Collio. La condena consistió en tres años de presidio remitido, es decir tres años de ir a firmar a una cárcel pública.

Para la corporación SOFINI el asunto es claro, lo que debe haber es una moral ciudadana y luego una voluntad política. “O el pueblo mapuche se arma hasta los dientes e inicia una guerra prolongada que no tiene ninguna posibilidad de ganar y lo único que puede producir es más y más muertes de inocentes; o los huincas, los chilenos al Norte del río Bío Bío, se hacen cargo de que con sus votos e impuestos el propio Estado chileno está masacrando un pueblo usurpándolo, torturándolo y aterrorizándolo con allanamientos”.  

Por María Jesús Ibáñez

El Ciudadano / Clarín