Familiares de torturados: «Claro se fue sin ser juzgado»

La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP, señaló hoy que lamenta profundamente que el empresario Ricardo Claro Valdés, haya fallecido «sin haber sido jamás sometido a proceso por su complicidad en crímenes de lesa humanidad en contra de sus propios trabajadores, así como en la tortura y muerte de chilenos que fueron prisioneros en los barcos de la Compañía Sudamericana de Vapores», señala la presidenta de la AFEP Marta Godoy.
La organización  recordó que el empresario Ricardo Claro Valdés formó parte del directorio de ELECMETAL, empresa que, según está procesalmente probado, retuvo ilegalmente y luego entregó un grupo de trabajadores a una patrulla militar que posteriormente los asesinaría y desperdigaría sus cuerpos por distintos lugares de la capital, presumiblemente para producir un efecto aleccionador.
Asimismo, agregan las acusaciones, «al 11 de septiembre de 1973 era dueño de la Compañía Sudamericana de Vapores, rol en el cual facilitó sus barcos para allí fueran torturados y hechos desaparecer muchos chilenos, lo que también está probado en tribunales».

La organización de Derechos Humanos entregó antecedentes judiciales que señalan que el 17 de septiembre de 1973 la Empresa Elecmetal, que después de estar en manos de los trabajadores había sido devuelta a sus antiguos dueños con la nominación de Patricio Altamirano como delegado directo de la Junta
Militar, entregó a seis de sus trabajadores, algunos dirigentes de la empresa
y otros del cordón Vicuña Mackenna a un piquete compuesto por efectivos del
Ejercito y Carabineros.

Según relata Mario Fernández, ex trabajador de esa compañía propiedad de Ricardo Claro y hermano de dos de las víctimas, él mismo presenció como sus hermanos Miguel y Juan y varios miembros del sindicato fueron citados a la oficina de la gerencia por el interventor militar Patricio Altamirano, el gerente Gustavo Ross y el director, Fernán Gazmuri. Los trabajadores salieron de allí esposados y en poder de Carabineros. No se les volvió a ver con vida.

«Meses antes que viniera el golpe, el gerente Gustavo Ross, citó a mi hermano Juan para conversar. Le dijo que si no dejaba libre a la empresa, sufrirían las consecuencias», relata Mario Fernández. Para él está claro que Elecmetal lo entregó para que fuera asesinado y sostiene que aunque la empresa estaba intervenida por los militares, era Ricardo Claro el que daba las ordenes ahí, vía telefónica. «El nunca perdió el poder. Y todos sabían lo que iba a pasar. Sabían en que condiciones estaban matando a los trabajadores», reclama.

Los trabajadores José Devia Devia, José Maldonado, Augusto Alcayaga, Miguel y Juan Fernández Cuevas y Guillermo Flores, fueron asesinados y repartidos en diversas calles de Santiago.
Sus cuerpos con señales brutales torturas, quemaduras con soplete y múltiples impactos de bala, fueron ubicados sólo por casualidad en el Instituto Médico Legal poco antes de ser enterrados como N.N.
Según los antecedentes recopilados por la AFEP, la decisión de entregarlos habría sido tomada  en una reunión del directorio de la empresa compuesta por Ricardo Claro Valdés, Fernán Gazmuri Plaza, Danilo Garafulic, Gustavo Ross Ossa, Raúl Briones y el delegado de la Junta Milita, Patricio Altamirano, quien personalmente  habría retenido en su oficina a Juan Fernández Cuevas y  entregado a sus ejecutores. Los demás dirigentes fueron detenidos al interior de Elecmetal y sacados en un vehiculo de Carabineros y otro dispuesto por la misma empresa.

Por otra parte, desde el mismo 11 de septiembre la compañía Sudamericana de Vapores, puso a disposición de la Armada dos de sus barcos. Uno de ellos, el Maipo, trasladó a 380 detenidos desde Valparaíso hasta Pisagua, lugar en el que varios de ellos fueron asesinados.

El otro barco facilitado fue el Lebu, que cumplió el rol de cárcel flotante. Más de dos mil personas pasaron por sus bodegas y camarotes, siendo torturados y algunos asesinados.

CIVIL CLAVE EN LA DICTADURA

Ricardo Claro se integró al gobierno militar como asesor del canciller, contraalmirante Ismael Huerta, el 12 de septiembre de 1973. Días después acompañó a Huerta a Washington en lo que sería la primera intervención del régimen ante la Asamblea de la ONU. Su función fue bien específica: conseguir recursos económicos para el gobierno militar.

Para la realización de la sexta asamblea de OEA, en Santiago en 1976, Claro fue designado coordinador general del encuentro. Las violaciones de los derechos humanos fueron tema obligado y los esfuerzos de Pinochet y sus funcionarios dieron sus frutos: la resolución final hizo una tibia censura que El Mercurio transformó en apoyo total.

El entonces presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Jaime Castillo Velasco, y Andrés Zaldívar se las ingeniaron para hacer llegar a los delegados algunos documentos que denunciaban las muertes, desapariciones y torturas. Ricardo Claro los acusó de traidores y el régimen dispuso la expulsión de Castillo y la prohibición de ingreso de Zaldívar. Claro también estuvo presente en la reunión que Pinochet sostuvo con Henry Kissinger en aquella ocasión.

hace un par de años Claro fue funado en las puertas de Megavisión. Los manifestantes aseguraron que Claro puso a disposición de las fuerzas de seguridad dos barcos de otra de sus empresas, la Compañía Sudamericana de Vapores, para ser usados como centros de detención y tortura.

Uno de ellos, el Maipo, trasladó a 380 detenidos desde Valparaíso hasta Pisagua. Muchos de sus “pasajeros” perdieron la vida. El otro, el Lebu, cumplió el rol de cárcel flotante y más de dos mil personas pasaron por sus bodegas y camarotes.