Dos casos recientes de profesionales de la prensa que resultaron agredidos mientras cubrían procedimientos policiales, reavivan las alertas por la violencia ejercida por los uniformados y la falta de protección efectiva para los trabajadores de las comunicaciones en Chile.
“En ese momento en que me encontraba con mi cámara enfocando, un funcionario policial llegó por detrás y me empujó. Por la fuerza del empujón, caí al suelo golpeando mi hombro izquierdo contra el suelo”, relata Juan González, reportero gráfico de la agencia internacional Reuters, al describir la agresión que sufrió el pasado 3 de septiembre mientras cubría manifestaciones estudiantiles en el centro de Santiago. Ocho días después, fue sometido a una cirugía para reparar una fractura de clavícula, lesión que lo dejará de baja laboral durante varias semanas y con un tiempo de rehabilitación aún incierto.
El caso, documentado por los académicos Claudia Lagos Lira y Javier García García en su columna “A palos con la prensa. Agresiones policiales contra reporteros que documentan el uso de la fuerza», que evidencia una vez más la recurrencia de la violencia policial contra la prensa en Chile.
González, quien lleva una década como colaborador habitual de Reuters, portaba una cámara fotográfica, credencial de prensa y equipo de protección personal al momento de los hechos. Según su testimonio, alrededor de las 11:20 horas, funcionarios de Carabineros corrían hacia manifestantes en las proximidades del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) y realizaban detenciones. Mientras fotografiaba la escena, un efectivo policial lo empujó por la espalda, provocando su caída y el posterior diagnóstico de fractura de clavícula izquierda. Las imágenes compartidas por colegas y un video grabado por el equipo de Señal 3 La Victoria confirman la secuencia, aunque en ninguno de los registros disponibles es posible identificar las etiquetas con los nombres de los efectivos policiales involucrados.
El fotógrafo Aliosha Márquez Alvear, quien fuera profesor de González años atrás, presenció los hechos y fotografió la secuencia en que un efectivo empuja a Juan. Señaló que le llamó mucho la atención «cómo Carabineros estaba haciendo las detenciones, las acciones para anular a las personas».
Tras la agresión, González logró ponerse a resguardo y despachar sus fotos, pero el dolor se volvió insoportable, por lo que llamó a su colega Carlos Santibáñez, quien lo acompañó al Hospital Dr. Alejandro del Río (ex Posta Central).
“Lo ayudé a ordenar su equipo. Se veía muy mal”, relató Santibáñez, quien durante el estallido social de 2019 también fue agredido por efectivos policiales. “Me golpearon. Mucho. Quedé traumado”, confesó.
La investigación del caso está en manos de la sección de derechos humanos de la PDI, que ya recibió la denuncia y espera que la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte indique las diligencias a seguir. Con el apoyo del Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC), González solicitó la activación del Protocolo de protección a personas defensoras de Derechos Humanos, instrumento creado en 2024 en el marco de la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal, pero que apenas es conocido. El reportero gráfico insistió en que “ojalá se pueda hacer algo. Que no sigan ocurriendo este tipo de cosas y no le vuelva a ocurrir a nadie más”.
Nueve horas detenido: el caso de Benjamín Lillo
El segundo caso documentado por Lagos Lira— quien es Doctora en Media and Communications en la University of Illinois at Urbana-Champaign y académica de la Universidad de Chile— y del jurista García García—quien es director del Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC) e investigador del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (OBSERVACOM—ocurrió el domingo 6 de septiembre de 2026.
Durante esa jornada, Benjamín Lillo, reportero y director del medio comunitario Señal 3 La Victoria, pasó alrededor de 9 horas detenido, de las cuales permaneció esposado durante dos, mientras cubría la tradicional Romería al Cementerio Central para recordar a las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet.
El equipo de Señal 3 La Victoria portaba máscaras de gas, credencial de prensa y chalecos con el logo del canal, elementos que los identifican claramente como trabajadores de la comunicación y alrededor de las 13 horas y Lillo observó que funcionarios de Control de Orden Público (COP) de Carabineros detuvieron a una brigadista de salud. Según los registros difundidos por el propio medio, el reportero se alejó de la multitud y se situó en un lateral de la calle para registrar el traslado de la detenida sin obstruir la labor policial. Sin embargo, “funcionarios de Carabineros me toman por la espalda diciendo que estaba obstruyendo la detención… yo solamente estaba grabando, en ningún momento me interpuse”, relata Lillo. A pesar de identificarse como prensa, fue trasladado a un vehículo policial y esposado.
Antes de ser llevado a la Comisaría de Conchalí, Lillo fue conducido al CESFAM Dr. Lucas Sierra para constatar lesiones, donde permaneció esposado durante la toma de signos vitales. “En total estuve unas dos horas y media esposado”, detalló. A las 22 horas, tras 9 horas detenido, fue puesto en libertad. En las afueras de la comisaría, el reportero indicó que los funcionarios “no se ponían de acuerdo por los motivos de la detención, si era atentado contra la autoridad, desórdenes públicos”, y al momento de la publicación de la columna en CIPER, no había claridad sobre si se registraron cargos o si la Fiscalía presentará una acusación en su contra.
“Esto se está volviendo cotidiano”, advirtió Lillo,al tiempo que denunció que casi todos los integrantes del equipo de Señal 3 La Victoria han sufrido hostigamiento y violencia policial.
El director del medio comunitario incluso interpuso una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su caso no es aislado: según datos del Observatorio del Derecho a la Comunicación, las agresiones a la prensa se han vuelto recurrentes, y el principal agresor a reporteros que cubren protestas son funcionarios policiales, como han documentado informes del ODC y de organismos internacionales como la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Falta de protección y estancamiento legislativo
Los casos de Juan González y Benjamín Lillo no son hechos aislados. La columna de Lagos Lira y García García subrayó que, pese a la existencia de protocolos e iniciativas de formación policial, estos aún son poco conocidos o implementados. Desde 2023 se ha realizado un programa piloto con Carabineros de Chile que busca establecer un módulo de formación permanente en el trato y protección a la prensa, pero los esfuerzos han sido puntuales y no sostenidos en el tiempo.
En 2022, un grupo de parlamentarios presentó un Proyecto de Ley de protección a periodistas y personas trabajadoras de la comunicación (Boletín N° 14964-24), iniciativa que hace más de dos años que no presenta avances en su tramitación y hasta la fecha el Ejecutivo no compromete recursos financieros para crear un mecanismo de protección. Esta falta de protección efectiva deja a los periodistas en una situación de vulnerabilidad alarmante, especialmente cuando el principal agresor en coberturas de protestas son funcionarios policiales.
La ausencia de respuestas de Carabineros a las consultas realizadas por los autores de la columna sobre los casos de González y Lillo, así como sobre la implementación de políticas de capacitación sostenidas, profundiza la sensación de impunidad. Hasta el momento en el que el texto fue publicado, solo se supo que Juan González salió bien de la cirugía de osteosíntesis —una placa y tornillos para fijar su clavícula—, pero las preguntas sobre la protección de la prensa en Chile siguen sin respuesta. Mientras el proyecto de ley permanece estancado y los protocolos existentes no se aplican de manera efectiva, los periodistas que documentan el uso de la fuerza continúan expuestos a agresiones, detenciones arbitrarias y violencia policial, sin mecanismos claros que garanticen su seguridad y el ejercicio pleno de su labor informativa.
*Imagen destacada (referencia): Colegio de Periodistas de Chile.
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