Como Pinochet: violadores de los DD.HH. se escudan en la demencia para eludir la cárcel

El pasado 20 de mayo, el estudio jurídico “Caucoto Abogados”, especializado en derechos humanos, difundió un listado actualizado de exagentes condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet que se encuentran prófugos de la justicia desde hace décadas.

En la lista se encuentran ex militares, ex carabineros, ex funcionarios de la Armada, y civiles integrantes de aparatos represores del régimen como la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), la Central Nacional de Inteligencia (CNI), inteligencia naval, y el Comando Conjunto, acusados como autores y coautores de secuestro calificado, homicidio calificado, asociación ilícita y aplicación de tormentos, entre otros delitos.

Dentro de los prófugos que siguen burlando a la justicia figuran los involucrados en el asesinato de Víctor Jara y Littré Quiroga; el crimen del diplomático español Carmelo Soria, las operaciones Cóndor y Calle Conferencia, así como el crimen de Reinalda Pereira y Caso “Quemados”, entre otros procesos.

Em concreto, el expediente realizado por el abogado Francisco Bustos, incluyó a 12 condenados por delitos de lesa humanidad: Luis Enrique Barrueto Bartnin (empresario); Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda (oficial de Ejército ®, DINA); Alberto Roque del Sagrado Corazón Badilla Grillo (oficial Armada®); Nelson Edgardo Hasse Mazzei (oficial del Ejército ®); Pablo Belmar Labbé (oficial de Ejército®); René Patricio Quilhot Palma (oficial del Ejército ®); Juan de Dios Higueras Álvarez (suboficial de Carabineros ®); Miguel René Riveros Valderrama (oficial de Ejército ®); Jaime Ojeda Torrent (oficial de Ejército ®); Andrés Pablo Potin Lailhacar (ingeniero civil – Patria y Libertad – Comando Conjunto); Iván Humberto Figueroa Canobra (oficial de Ejército ®), y Alberto Juan Fernández Michell (oficial de Carabineros ®), quien posterior a la publicación del listado, fue detenido el pasado 5 de junio por efectivos de la PDI en Iquique, Región de Tarapacá.

El exteniente de Carabineros se encontraba prófugo desde marzo de 2024, tras ser condenado a presidio perpetuo por su participación en la masacre de 19 trabajadores en Laja y San Rosendo, ocurrida pocos días después del golpe de Estado de 1973, durante el inicio de la dictadura.

Prófugos, impunes y ahora “locos”

El abogado Francisco Bustos, responsable de elaborar el informe, destacó que a diferencia de los listados anteriores, esta vez llama la atención que en varios casos, una vez que los ex uniformados son capturados declaran tener problemas de demencia para evadir la justicia.

“En el último tiempo, diversos agentes han comenzado a pretextar problemas mentales para evitar o interrumpir el cumplimiento de sus penas, incluso si estos han sido prófugos de la justicia, resulta sospechoso que luego de su detención reclamen deterioro cognitivo, cuando han desarrollado estrategias sofisticadas para escapar de la justicia, y evitar pagar por los crímenes que cometieron en la dictadura», planteó el profesional.

Este modus operandi aplicado por varios ex uniformados, se asemeja a la estrategia del dictador Augusto Pinochet quien simuló una enfermedad de salud mental para no ser juzgado por crímenes de lesa humanidad, luego de su detención en Londres en octubre de 1998 y de su inminente extradición a España a manos de la orden de captura internacional del juez español, Baltazar Garzón.

Gobierno de Frei habría colaborado en la simulación de demencia de Pinochet

En abril pasado salió a luz que el Gobierno del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle (DC) habría colaborado con Pinochet para que fingiera demencia senil.

La revelación forma parte del nuevo libro del investigador británico Phillippe Sands, «Calle Londres 38«, y se basa en el testimonio de por un alto asesor del gobierno de Frei en ese entonces.

Cristián Toloza Castillo, quien participó del grupo encargado de traer de vuelta a Pinochet, contó al autor que se elaboró un informe para que el dictador pudiera fingir que no estaba en las condiciones de salud necesarias para ser extraditado a España.

“Se detallaba cómo debía aparentar estar deprimido”, afirmó Toloza, señalando que el documento instruía al excomandante en jefe del Ejército a decir que había considerado el suicidio, que tenía problemas de memoria y que expresara ideas incoherentes.

Aunque Pinochet fue arrestado en Londres el 16 de octubre de 1998 por orden del juez español Baltasar Garzón, quien solicitó su extradición para juzgarlo por crímenes de lesa humanidad, el 2 de marzo del 2000, el ministro del Interior británico, Jack Straw, decidió no entregarlo a España por razones humanitarias, argumentando que padecía demencia senil.

Según Toloza, la estrategia médica fue inicialmente planteada por las autoridades británicas como una vía legal para liberar a Pinochet sin llevarlo a juicio. “Sabían que podían frenar la extradición por motivos de salud”, aseguró.

En este contexto, el gobierno de Frei habría facilitado al comandante en jefe del Ejército, Ricardo Izurieta, un documento con instrucciones precisas sobre cómo debía comportarse Pinochet. Al ser consultado sobre si el informe llegó al exdictador, Toloza respondió que lo suponía, ya que “Izurieta viajó a Londres y se reunieron”.

El testimonio también expone que el presidente Frei temía que la detención de Pinochet desencadenara un nuevo golpe de Estado o episodios de violencia en Chile. Según Toloza, en junio de 1999 advirtió a Jonathan Powell, jefe de gabinete de Tony Blair, sobre los riesgos de retenerlo en Londres. “Si Pinochet muere en Gran Bretaña, lo convertirán en un mártir. ¿Es eso lo que quieren?”, le preguntó.

Para convencer a los británicos, el gobierno chileno presentó evidencia de que Pinochet podía ser procesado en Chile. De este modo, Toloza viajó a Londres con una fotocopia de un documento supuestamente proporcionado por el Ejército, que acreditaba que el dictador autorizó la Operación Caravana de la Muerte luego del golpe de Estado.

Tras la decisión del ministro británico Straw de liberar a Pinochet por razones humanitarias, el dictador regresó a Chile el 3 de marzo del 2000, siendo recibido en el Grupo Nº10 de la Fuerza Aérea en silla de ruedas, pero al descender del avión, se burló de ese beneficio levantándose de su silla de ruedas, caminando sin problemas, saludando a quienes fueron a recibirlo al aeropuerto y abrazando a Ricardo Izurieta, una imagen que causó controversia.

«Hicieron un gran acto de provocación al país», admitiría 23 años después el expresidente Frei en una programa de televisión.

En 2001, el juez Juan Guzmán procesó a Pinochet por su rol en la Caravana de la Muerte. No obstante, la Corte Suprema determinó que su estado mental no le permitía enfrentar un juicio.

Tras la revelaciones del libro, los excancilleres del Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, José Miguel Insulza y Juan Gabriel Valdés, aseguraron que dicha administración no ayudó al dictador a fingir una enfermedad mental. Por su parte, el exministro de Defensa Edmundo Pérez Yoma, quien asumió en junio de 1999, negó conocer el documento entregado a Izurieta.

Sin embargo, el escritor y abogado británico Philippe Sands ratificó que puede demostrar que es falso que Augusto Pinochet estuviera enfermo cuando fue detenido en Londres a petición del juez
español Baltasar Garzón.

«Ante un tribunal, puedo demostrar que no hay ninguna duda de que había un acuerdo entre los gobiernos inglés (británico) y chileno sobre Pinochet», subrayó.

Luego de conocerse este trama, los familiares de las víctimas de la Caravana de la Muerte presentaron a mediados de mayo una querella por el encubrimiento por parte del Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle del principal responsable: el general Augusto Pinochet.

El libelo —ingresado por la abogada Karinna Fernández— apunta a las revelaciones sobre la ayuda prestada por el Gobierno de Frei a Pinochet entre 1999 y el 2000.

La entrevista que dejó en evidencia la falsa demencia de Pinochet

En conversación con El Ciudadano, el abogado Francisco Bustos, señaló que en efecto, Augusto Pinochet logró evadir la extradición a España, argumentando «estos motivos de enfermedad mental, de demencia».

«Por eso Pinochet después es sobreseído en los casos, pero los procesos se reactivan en Chile cuando, si no me equivoco, él dio una entrevista a la televisión en Miami (EE.UU), y ahí se dan cuenta que en realidad está bien y está perfectamente lúcido y que entonces no tenía el diagnóstico que se decía», recordó.

De hecho, en la entrevista con la periodista María Elvira Salazar, del Canal 22 de Miami, el dictador aseguró que nunca cometió excesos en su régimen y se consideró a sí mismo un «ángel».

Afirmó en esa oportunidad que no tenía que pedir disculpas por lo que pasó en Chile entre 1973 y que eran sus opositores quienes debía pedirle perdón a él. «Perdón de qué. Se olvidaron de que son ellos los que tienen que pedirme perdón a mí, por los atentados que sufrí contra mi vida», dijo.

En una frase que causó indignación, Pinochet culpó a algunos de sus subalternos de los «excesos» cometidos durante su régimen, a quienes definió como «gente que no se controla, subalternos, que actúan y que ahora se quedan callados».

También aseguró que «los dictadores terminan mal». «Yo nunca fui aspirante a dictador, porque hay que considerar que las dictaduras terminan mal, yo siempre actué con sentido democrático, por eso convoqué a una elección a los 16 años (de su régimen). O seguía yo, o seguía otro. ¿Cómo iba a ser dictador si tenía una Junta?», afirmó.

El entonces anciano de 87 años, que se encontraba liberado de la acción de los tribunales chilenos, donde se enfrentaba a más de 300 querellas, debido a una demencia subcortical leve según sus abogados, se mostró lúcido durante la entrevista, incluso bromeó varias veces y se felicitó por las medidas del régimen que lideró.

También reconoció que el episodio «más injusto» que le había tocado vivir fue la detención de 503 días en Londres, donde estuvo privado de su libertad por la acción judicial iniciada por el juez español Baltasar Garzón.

«Pensé que podía morir allí. Aunque no me emociono, no lloro. Fue una experiencia injusta. La justicia no fue justa conmigo, ahora estoy esperando a que la justicia divina actúe», aseguró, al tiempo que indicó que se consideraba una buena persona: «un ángel», que actúo «por el amor a su patria».

Al ser consultado sobre su estado de salud, Pinochet, contestó que sufría a veces de dolores de cabeza que estaban controlados con medicamentos, pero que en general «tenía buena salud».

Un análisis médico-psiquiátrico de la participación de Pinochet en la entrevista determinó entre otras conductas, que el dictador había manifestado un manejo del lenguaje que le permitió comunicarse adecuadamente, enfatizando incluso lo que él deseaba destacar y que además mostró un especial nivel de atención y flexibilidad intelectual.

«En el discurso de Pînochet hay una total ausencia de «perseveraciones2 que es un síntoma sutil y casi siempre presente en los casos, incluso iniciales, de demencia, como tampoco se pesquisó incontinencia (emocional, signo frecuente e inequívoco de la demencia vascular, (…) tampoco se apreciaron problemas de memoria. Asimismo, un discurso fluido y espontáneo, competente y adecuado, emocionalmente controlado, acompañado de gestos sobrios, concordantes y expresivos, con características temáticas de autoalabanza, cautela y peyoración, junto con una prosodia pertinente, nos parecen incompatibles con el diagnóstico de demencia, aun en sus etapas iniciales», indicaron los doctores médico cirujanos y psiquiatras, Martín Cordero Allary y Andrea Bahamondes Moya, así como la doctora Paz Rojas Baeza, (neuro-psiquiatra).

Supuesta demencia frustró extradición de Pinochet a España

El Ciudadano consultó al abogado Francisco Bustos sobre el impacto que tuvo, tanto en la justicia como en el ámbito de los derechos humanos, la estrategia que empleó Pinochet de fingir una enfermedad mental, para evitar ser extraditado y juzgado por crímenes de lesa humanidad.

Al respecto, el jurista señaló que como consecuencia de la supuesta demencia senil, se «frustró el procedimiento de extradición que estaba pidiendo no solo España».

«La solicitud comienza con el caso que logra preparar Joan Garcés y que lo presenta ante la Audiencia Nacional, en que (Baltazar) Garzón y otros dan la orden de extradición, pero cuando se supo que Pinochet estaba en Londres se presentaron querellas similares en distintos países, como Francia e Italia. Probablemente si no hubieran argumentado esta supuesta demencia, él habría sido extraditad, o bien a España, o incluso si el juicio en España no hubiera resultado, a algún tercer Estado, como Italia, como Francia, u otro. Entonces hubiera sido muy distinto», planteó.

Abogado Bustos: «Los prófugos son pocos, pero no debería haber ninguno»

En diálogo con este medio, el profesional del estudio jurídico “Caucoto Abogados”, profundizó en la estrategia que aplican varios condenados por delitos de lesa humanidad, que al momento de ser capturados declaran tener problemas de demencia para rehuir de la justicia.

Bustos indicó que resulta sospechoso que luego de su detención, reclamen deterioro cognitivo, cuando han desarrollado estrategias sofisticadas para escapar de la justicia, y evitar pagar por los crímenes que cometieron en la dictadura.

«Lo que tememos ahora es que ya cuando existen personas condenadas por docenas de procesos, en los que su participación está establecida y finalmente están capturados, la carta que les va queda es tratar de fingir demencia, decir que están dementes y yo aquí hago la salvedad, quien realmente está demente, una vez que se hacen los informes del Servicio Médico Legal y ojalá se complementaran por otro médico del Servicio o por especialistas de otra institución de salud mental como el Hospital Horwitz u otro, ahí no habría nada que hacer, pero lo que no queremos es que alguien pueda salir libre por falta de examen, porque eso sí sería una forma de imponerse», planteó.

Ante este escenario, Bustos se refirió al caso del oficial de Carabineros (R), Héctor Osses Yáñez, condenado al menos en una docena de causas, quien durante el juicio su defensa intentó decir que era un anciano indefenso, sin embargo, después de su primera condena se mantuvo prófugo eludiendo a la policía entre 2021 y 2023. Y ahora en 2025 está solicitando sustitución de condena alegando demencia.

«Desde octubre del 2021, prácticamente hasta septiembre del 2023, él logra evadir la justicia, esa es su primera condena del proceso por la víctima Joaquín Montesinos Rojas y en el intertanto él es condenado en otros 10 episodios Y por un lado era bien llamativo que las defensas de él seguían pidiendo que lo condenaran a una pena en su domicilio diciendo que tenía más de 80 años, que era una persona muy vulnerable. Entonces cuando nos tocaba intervenir a nosotros decíamos: bueno, quiero informarle que este mismo ancianito vulnerable llevaba prófugo de la justicia 15 meses. Entonces eso llamaba mucho la atención. Ahora cuando lleva menos de dos años de cumplimiento efectivo sale con esto. Entonces nosotros lo que queremos es que se agoten todas las instancias técnicas, que se le hagan todos los exámenes para determinar si es verdad, o si es un nuevo intento, el 20 o el 21 de impunidad. Entonces, eso es lo que nos preocupa, que por no hacer análisis suficientemente exhaustivos se genere una situación de estas características», advirtió el abogado especialista en causas de DDHH.

Ante la preocupación que tienen como querellantes de que no se realicen los exámenes suficientes y que se termine beneficiando indebidamente a los sentenciados por violaciones a los derechos humanos en dictadura, Bustos destacó la importancia que tienen los informes complementarios.

«Son personas que ya están condenadas, que ya están cumpliendo penas. Entonces los defensores ingresan una solicitud y piden que les hagan evaluaciones, y puede ocurrir que muchas veces presentan evaluaciones de médicos particulares, médicos privados. Ahí lo primero que hacen es pedir que el Servicio Médico Legal pueda revisar, eso es lo primero. Si el informe del médico legal no está tan claro o el Servicio Médico Legal no sigue todos los protocolos, nosotros pedimos que hagan un informe complementario. Entonces, en realidad y en general, los informes complementarios están sirviendo para descartar los que realmente no están con demencia y también para confirmar personas que realmente están con demencia», explicó el profesional.

El Ciudadano también le consultó al abogado sobre cuáles medidas deberían aplicarse en el país para poder dar encontrar y capturar a aquellos condenados por delitos de lesa humanidad que se encuentran prófugos de la justicia.

«Nosotros sí reconocemos que en general los procedimientos han mejorado bastante. Por ejemplo, en el 2023, el Poder Judicial determinó 96 causas, la mayoría de ellas estaban con condena. Entonces, n general, los prófugos son pocos, pero desde luego no debería haber ninguno. Por ejemplo existían errores antes como que se subía la noticia de la causa antes, por ejemplo, de que se dictaran las órdenes de aprehensión. Pero lo que nosotros esperamos es que el Gobierno y las instituciones pertinentes pongan todo el apoyo a las unidades de investigación encargadas de la búsqueda; que se decreten las medidas cautelares (…) podrían existir formas mejores de asesoramiento, pero en general, creemos que ha mejorado bastante la operativa para lidiar con estos casos», afirmó el abogado Francisco Bustos.