En el marco de la investigación por corrupción en la Municipalidad de Vitacura, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago condenó este martes a Antonia Larraín, exdirectora (s) de Desarrollo Comunitario (Dideco), quien admitió ser la encargada de entregar mensualmente sobres con aproximadamente $5 millones en efectivo al entonces alcalde Raúl Torrealba (ex RN).
La condena se dictó tras un juicio abreviado, en el que Larraín aceptó su responsabilidad en 20 delitos reiterados de fraude al Fisco. El tribunal, presidido por el juez Sergio Cárdenas, le impuso una pena de cinco años de presidio, una multa de 698 UTM (aproximadamente $48,54 millones) y la inhabilitación absoluta por diez años para cargos y oficios públicos. No obstante, a petición de su defensa, se acogió la aplicación de una pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva.
La audiencia contó con la intervención de la fiscal Alicia Ascencio, de la Fiscalía Regional Centro Norte, cuyo equipo, encabezado por el fiscal jefe Francisco Jacir, lleva la investigación. La condena se enmarca en un acuerdo entre la defensa de Larraín y el Consejo de Defensa del Estado para el pago de la multa y las indemnizaciones civiles correspondientes mediante la venta de su vivienda.
Sobres mensuales para Torrealba
El núcleo de la confesión de Larraín, quien trabajó 16 años en el municipio –los últimos tres como directora subrogante de Dideco–, detalla el modus operandi iniciado en 2018. En su declaración ante los investigadores, la ahora condenada relató el origen de su participación en la entrega mensual de sobres con dinero a Torrealba.
“Apenas asumí en el cargo, el alcalde Raúl Torrealba me citó a su oficina y me señaló que todos los meses yo recibiría un sobre con la suma aproximada de $5 millones que debía entregárselo a él”, afirmó Larraín, en declaraciones a los fiscales, recogidas por El Mostrador.
La estructura de la maniobra tenía un componente familiar. Según la investigación, quien le entregaba físicamente los sobres era su tío abuelo, Domingo Prieto, histórico jefe de finanzas de las corporaciones “Vita” de la comuna, considerada una figura central en el sistema de desvío de fondos desde estas entidades municipales.
Larraín se autodenunció en agosto de 2021, momento en que fue removida de su cargo. Su confesión, directa y con detalles precisos sobre montos y metodología, la ha convertido en una testigo clave para la arista penal que busca establecer la responsabilidad del exalcalde Torrealba, a quien se acusa de liderar una organización que defraudó cerca de $761 millones al municipio.
Cabe recordar que durante la indagatoria, el Ministerio Público reveló que el exjefe comunal mantenía una cuenta en el banco con más de 2.300 millones de pesos y en una segunda propiedad, donde se encontraron fajos de billetes escondidos en las paredes.
Otros condenados y la situación de Torrealba
La causa ya registra otras condenas mediante juicio abreviado. Los excontadores municipales Arnaldo Cañas y Augusto César Silva recibieron penas de tres años de presidio y multas que parten en los $16 millones. Por su parte, el exdirector de Desarrollo Comunitario, Renato Sepúlveda, también involucrado, fue condenado a cinco años de libertad vigilada.
Sin embargo, para el exalcalde Raúl Torrealba, quien enfrenta cargos de fraude al fisco, asociación ilícita y lavado de activos, no corre la posibilidad de un proceso abreviado. La Fiscalía lo acusa de ser el líder de la organización que perpetró el fraude, por lo que su caso deberá seguir la vía de un juicio oral. La condena y el acuerdo de Larraín fortalecen el relato de la persecución sobre el flujo ilegal de dinero hacia la máxima autoridad edilicia de entonces.
La investigación sobre la trama de desvíos de fondos municipales en Vitacura avanza hacia su fase decisiva, a la espera de las próximas definiciones judiciales respecto del principal imputado, Raúl Torrealba, mientras se devela el entramado de desvíos que afectó por años a una de las comunas con mayores recursos del país.

