“Confirma que su fortuna fue producto del robo al Estado”: Hugo Gutiérrez sobre el fallo contra herederos de Pinochet

El pasado mes de julio el 7° Juzgado Civil de Santiago falló a favor del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en la demanda civil presentada contra los herederos del dictador Augusto Pinochet ordenando la restitución de 16,2 millones de dólares al fisco, tras determinar que el origen de esos fondos se vincula a la sustracción de caudales públicos durante su régimen.

Esta sentencia se dictó casi siete años después de que la Corte Suprema cerrara el proceso penal del denominado caso Riggs, en el que se investigaron delitos de corrupción cometidos durante el régimela dictadura militar, incluyendo el uso de cuentas secretas en el extranjero con dineros de origen ilícito. 

Aunque Pinochet murió antes de ser juzgado penalmente, la justicia civil concluyó que existió un enriquecimiento injustificado por más de 17 millones de dólares, de los cuales más de 16 millones no han sido objeto de comiso y, por tanto, deben ser devueltos al Estado.

La sentencia determina que el dinero no decomisado fue heredado de forma proporcional por 16 personas, incluidos descendientes y su esposa ya fallecida, Lucía Hiriart.

En conversación con El Ciudadano, el abogado de derechos humanos, Hugo Gutiérrez, quien en 1998 logró procesar al dictador y que se le retirara la inmunidad de ex presidente de la República, señaló que aunque Pinochet murió en impunidad, el reciente fallo que obliga a sus familiares a devolver más de 16 millones de dólares «marca un hito simbólico», al demostrar que, «aunque la justicia penal falló, la impunidad económica puede ser revertida parcialmente».

El candidato a senador (PC) por Tarapacá planteó que aunque en un sistema verdaderamente justo, Aguusto Pinochet habría sido condenado a prisión por los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo su régimen dictatorial. Sin embargo, la sentencia a favor del CDE confirma que «su fortuna fue producto del robo al Estado».

-¿Cómo describiría la lucha que emprendió para poder procesar a Pinochet  con el fin de que respondiera por los crímenes cometidos?.

La batalla jurídica para llevar a Augusto Pinochet ante la justicia fue un proceso complejo que enfrentó múltiples obstáculos institucionales. Sin duda, la mentada Transición Democrática fue el gran escudo de impunidad de Pinochet, quien primero fue comandante en jefe del Ejército por ocho años y luego asumió como senador vitalicio. En esa calidad de senador impune por sus crímenes de lesa humanidad viaja a Inglaterra. Desde su detención en Londres en 1998 hasta su muerte en 2006, el sistema chileno demostró una clara resistencia a juzgar los crímenes de la dictadura. Aunque logramos retirarle la inmunidad y someterlo a arresto domiciliario, nunca hubo una condena penal efectiva. Esto refleja cómo las estructuras de poder, incluyendo el Poder Judicial y la clase política, actuaron para protegerlo, dilatando procesos y privilegiando la impunidad sobre la justicia.

-¿Usted considera que murió en impunidad, sin pagar por sus crímenes?.

Sí, Pinochet murió sin enfrentar las consecuencias penales por sus crímenes. A pesar de las más de 300 querellas en su contra, incluyendo casos de tortura, desapariciones y ejecuciones, el sistema judicial chileno nunca lo condenó. Sin embargo, el reciente fallo que obliga a sus herederos a devolver 16 millones de dólares malversados marca un hito simbólico, demostrando que, aunque la justicia penal falló, la impunidad económica puede ser revertida parcialmente. Y podríamos asegurar que durante algunos años no se escapó del castigo de la historia, pero, lamentablemente hoy vemos, como se pretende alzar una impunidad social, apuntalada por la ultraderecha, las redes sociales y medios de comunicación. Los cuales, pretenden dar una señal de que las atrocidades que se cometieron fueron necesarias y que bajo condiciones similares habría que volver a repetirlas. Eso no lo podemos aceptar, no podemos permitir que la historia y la sociedad le tiendan la mano a criminales de lesa humanidad.

-¿Que debería haber pasado en un escenario de verdadera justicia imparcial?.

En un sistema verdaderamente justo, Pinochet habría sido condenado a prisión por crímenes de lesa humanidad, con sentencia firme y sin beneficios especiales. Además, se habría garantizado una reparación integral a las víctimas, incluyendo la restitución de todos los bienes robados al Estado y la desclasificación de archivos militares, Valech y otros para revelar la verdad histórica. La justicia imparcial también habría implicado juzgar a sus colaboradores civiles y militares, sin amnistías ni prescripciones. Me pregunto, cuántos de los beneficiados hoy siguen viviendo de los excedentes de la privatización de empresas públicas y de sectores estratégicos

-¿Qué papel jugó el Estado, la clase política, el poder económico y el Poder Judicial en que Pinochet muriera evadiendo la justicia?

El Estado de Chile, incluyendo el Poder Judicial, la clase política y las élites económicas, actuó de manera coordinada para proteger a Pinochet. Jueces dilataron procesos, políticos negociaron su impunidad en nombre de una falsa «estabilidad», y grupos económicos ocultaron su fortuna ilícita. Las Fuerzas Armadas, algunos políticos y los empresarios, por su parte, ejercieron presión para evitar cualquier avance judicial. Esta red de poder aseguró que Pinochet muriera sin condena, evidenciando cómo las instituciones chilenas priorizan la protección de las élites sobre la justicia.

-¿Considera usted que la sombra de la dictadura no ha desaparecido del todo en la justicia chilena?.

Absolutamente. La Constitución de 1980, redactada bajo la dictadura, sigue siendo la base de un sistema que favorece la impunidad civil y militar. En años anteriores, el Tribunal Constitucional ha bloqueado reformas clave, y jueces han vuelto a aplicar criterios que benefician a violadores de derechos humanos. Además, leyes como la de Amnistía de 1978, que aún forma parte del catálogo de normas vigentes en Chile, que ya no se aplican formalmente, dejaron una cultura de impunidad que persiste en casos de crímenes de Estado. Así mismo, el intento de liberar a criminales de lesa humanidad bajo argumentos engañosos como la edad, son intentos para destruir lo que años nos costó construir e impulsar:  Verdad, Justicia y Reparación.

-¿Cree que la Constitución y algunas leyes  aún vigentes en el país, que fueron dictadas bajo el régimen dictatorial, contribuyen a que la aplicación de la justicia sea desigual?.

Sí, leyes como la Antiterrorista o la de Seguridad del Estado, fueron diseñadas para reprimir disidencia y hoy se aplican de manera discriminatoria. Mientras el pueblo mapuche es criminalizado bajo figuras penales excesivas, los delitos económicos de las élites reciben sanciones mínimas. Esta dualidad demuestra que el sistema legal chileno no es neutral, sino que reproduce las desigualdades estructurales heredadas de la dictadura. Igualmente pasa con las investigaciones, si son víctimas mapuches o defensores ambientales, nunca hay resultados ni celeridad. Un ejemplo es Julia Chuñil, pero hay otros como Alejandro Castro en Valparaíso, Macarena Valdés y Daniela Carrasco.

-¿Qué opina sobre el dictamen del Séptimo Juzgado Civil de Santiago que ordena a los herederos del dictador Augusto Pinochet restituir más de 16 millones de dólares, equivalente a más de 15 mil millones de pesos, dinero obtenido tras malversación de fondos públicos?.

La sentencia que obliga a los herederos de Pinochet a devolver 16 millones de dólares es un avance simbólico, pero insuficiente. Confirma que su fortuna fue producto del robo al Estado, pero también revela las limitaciones de la justicia chilena: mientras lo económico puede ser reparado décadas después, lo penal quedó en la impunidad. Este caso expone cómo el sistema tolera el enriquecimiento ilícito de las élites, pero castiga con dureza los delitos de los sectores marginados.