La Contraloría General de la República (CGR) asestó un duro golpe a la exalcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza (UDI), al acreditar en su contra siete cargos por “graves irregularidades” en la millonaria compra de un terreno destinado a la construcción de un nuevo Centro de Salud Familiar (Cesfam), habría generado enormes pérdidas para el municipio.
El ente fiscalizador, liderado por la contralora Dorothy Pérez, concluyó que la operación —por un monto de 353.956 UF y aprobada en marzo de 2022— vulneró principios esenciales de probidad, omitió información clave al concejo municipal y prescindió de los mecanismos legales exigidos para las adquisiciones públicas.
El sumario indicó que está “acreditada la responsabilidad administrativa de doña Daniela Peñaloza” respecto a los siete cargos formulados en su contra en su calidad de alcaldesa en la época de los hechos y, por ende, encargada de su dirección, administración superior y supervigilancia del funcionamiento de esa entidad edilicia”.
El paño de más de 5.300 metros cuadrados fue presentado al concejo para su aprobación de manera vaga: sin individualizar las propiedades específicas que se comprarían, sin detallar los precios de cada inmueble y sin informar qué mecanismo de compra se utilizaría. La municipalidad, además, “no realizó tasaciones independientes que permitieran comprobar la razonabilidad de los montos”, indicó el informe.
Uno de los casos más alarmantes del sobreprecio detectado es el de una casa que había sido previamente vendida en 14.600 UF, pero que fue adquirida por el municipio por más de 24.000 UF. Para la Contraloría, esta diferencia constituye una “grave violación al principio de probidad”.
El informe de 20 páginas, fechado este lunes, no se limita a la exalcaldesa y describe una red de responsabilidades al interior del municipio. La sanción más drástica se propone para el exdirector de Control, Eduardo López Arriagada, contra quien la Contraloría propone derechamente la “destitución”, imputándole —entre otras faltas— el haber “ordenado la adulteración de un instrumento público”. Al menos una decena de funcionarios más enfrenta cargos y sanciones, que incluyen suspensiones temporales, rebajas salariales y anotaciones en sus hojas de vida, consignó El Mostrador.
Cabe recordar que a fines de 2024, López declaró ante la fiscalía que fue la propia Peñaloza quien insistió en firmar los decretos que permitieron ejecutar la cuestionada compra.
«Yo le sugerí a la alcaldesa no firmarlos, por cuanto desde mi perspectiva no era procedente por el valor del terreno, existiendo a mi parecer lesión enorme en perjuicio de la municipalidad respecto del último terreno», sostuvo López.
Lo anterior fue ratificado por el exdirector jurídico de la municipalidad, Héctor Navarrete, quien aseguró que «la alcaldesa encargó el proyecto estrella de su administración a quien maneja el área de salud del municipio (Ricardo Gutiérrez) y a quien está a cargo del presupuesto y las finanzas municipales (Alejandro Contreras), personas de su exclusiva confianza».
“Graves irregularidades” en millonaria compra de terreno
El sumario detalla que la compra se formalizó el 19 de abril de 2022 con la participación de las empresas FG Oriente II Spa y Vulcon Asset Management Spa, sin que la municipalidad aplicara ninguno de los mecanismos que exige el artículo 9 de la Ley 18.575. Es decir, no hubo ni propuesta pública, ni licitación privada, ni resolución fundada para un trato directo. Al respecto, el dictamen es categórico y cita: “Omitir o eludir la propuesta pública (…) contraviene especialmente el principio de probidad”.
La Contraloría detectó además serias discrepancias entre los precios inicialmente pactados con las empresas y los valores finales pagados por el municipio. Un ejemplo de esta irregularidad fue la adquisición de la propiedad de Nueva Delhi, que “debía costar 14.688 UF, terminó siendo pagada en 24.280 UF”. Asimismo, se acreditó la intervención de profesionales externos mandatados por el municipio para realizar gestiones de la compra, actuando fuera de las unidades jurídicas y de control institucionales, lo que debilitó la fiscalización interna.
De acuerdo con los antecedentes, la fallida construcción de un Cesfam durante la gestión Peñaloza proyecto terminó provocando una pérdida de $15.200 millones para el municipio.
El caso llegó a la Contraloría tras una denuncia presentada por concejales de la comuna —encabezados por Catalina Ugarte (Partido Republicano)— quienes alertaron sobre las omisiones, documentos presuntamente adulterados y los posibles sobreprecios. Por su parte, la actual alcaldesa, Catalina San Martín, emprendió una estrategia municipal orientada a investigar y transparentar los hechos, primero en su rol de concejala y luego desde su cargo como jefa comunal.
Con esta resolución, la Contraloría cierra una investigación que se originó en 2023 y que coloca a Daniela Peñaloza frente a un escenario político y jurídico extremadamente complejo.
Tras los cargos contra la exalcaldesa, queda en manos del municipio de Las Condes, definir responsabilidades administrativas y e impulsar una eventual judicialización de los hechos que el máximo órgano fiscalizador calificó como una de las vulneraciones más graves al patrimonio y a la probidad ocurridas en esa comuna del sector nororiente de Santiago en los últimos diez años.
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