La Coordinadora Feminista 8M denunció una persecución judicial y sistemática contra la abogada de derechos humanos Karina Riquelme, quien enfrenta una investigación penal impulsada por la Fiscalía de Los Ríos en medio de su representación legal a la familia de Julia Chuñil Catricura, la dirigenta mapuche y defensora de la naturaleza desaparecida desde el 8 de noviembre de 2024.
En un comunicado público compartido en sus redes sociales, la agrupación cuestionó el trasfondo de la acción judicial: “¿Qué se persigue cuando se persigue a quien defiende los derechos humanos?. No sólo se busca amedrentar a quienes cumplen esta imprescindible labor, sino también promover la indefensión de quienes enfrentan la criminalización, la discriminación, la impunidad y el abuso”.
El expediente en contra de Riquelme —reconocida por su trayectoria en causas vinculadas a comunidades mapuche y violencia estatal— fue abierto en octubre de 2025 por la fiscal Tatiana Esquivel, misma contraparte que la profesional tiene en el proceso judicial por la desaparición de Chuñil.
Según reveló el medio Interferencia.cl, se indaga un supuesto delito de “violación de reserva procesal” a raíz de declaraciones que la profesional realizó a la prensa en el ejercicio de su defensa de los familiares de la dirigente de 72 años, vista por última vez en las inmediaciones de la “Reserva Cora Número Uno-A”, en la comuna de Máfil. La búsqueda de Chuñil, hasta hoy, no ha entregado respuestas.
Rodrigo Pizarro Rosales, abogado representante de Riquelme, detalló que están evaluando todas las alternativas para ejercer el derecho a defensa.
“En relación con la investigación que se lleva adelante por la supuesta falta a la reserva del secreto de una investigación, y además para solicitar un pronunciamiento en cuanto a las vigilancias de las que ha sido objeto por parte de la policía —que implica ser fotografiada en vía pública mientras ejercía su labor como abogada”, declaró a Interferencia.
Pizarro añadió que han realizado gestiones administrativas ante el Ministerio Público para acceder a los antecedentes de la causa, pero “se nos han puesto trabas infundadas”.
Historial de persecución y vigilancia policial contra Riquelme
Este nuevo proceso no es un hecho aislado. La Coordinadora Feminista 8M recordó que «es de público conocimiento que Karina Riquelme, en el ejercicio de su profesión, ha contribuido a develar montajes policiales y judiciales contra personas y comunidades mapuche», y ese historial la ha convertido en blanco de seguimientos reiterados.
En 2023, informes de inteligencia policial revelaron vigilancia sobre la abogada y su colega Patricia Cuevas en las inmediaciones del Juzgado de Letras y Garantía de Río Bueno, registrando marcas de vehículos, patentes y movimientos como sujetos de interés.
Antecedentes similares se remontan a 2010 y, más específicamente, durante la denominada Operación Huracán —donde se acusó falsamente a dirigentes mapuche mediante pruebas implantadas—, Riquelme denunció seguimientos por agentes de civil, luces láser hacia su domicilio e interceptaciones telefónicas bajo la Ley de Inteligencia.
En 2016, la Corte Suprema acogió un recurso de amparo y ordenó proteger el libre ejercicio profesional de la abogada, reconociendo que la vigilancia policial constituía una perturbación ilegítima. Sin embargo, a casi una década de aquel fallo, Riquelme vuelve a enfrentar la maquinaria persecutoria.
La Coordinadora Feminista 8M concluyó su comunicado ratificando su solidaridad con la abogada y una exigencia clara: «pleno respeto a la labor de quienes defienden los derechos humanos y acompañan las legítimas demandas de los pueblos indígenas».
Mientras tanto, la familia de Julia Chuñil sigue esperando justicia y verdad, y su abogada lucha ahora también por su propia defensa.
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