Corte de Apelaciones admite a trámite recurso de protección contra el MOP por obras ilegales en socavón de dunas de Concón

La Corte de Apelaciones admitió a trámite el recurso de protección presentado por Duna Viva contra el Ministerio de Obras Públicas (MOP) por las obras ilegales que está realizando en el socavón y colector de aguas lluvias en las dunas de Concón.

El abogado Gabriel Muñoz explicó que esto significa en la práctica que el recurso de protección está siendo tramitado por la corte, es acogido y declarado admisible y hay elementos necesarios. Asimismo indicó que “la intervención del MOP en las dunas es ilegal, amenaza su precaria estabilidad y pone en riesgo a los vecinos, profundizando el problema original causado por Reconsa».

«Creemos que el MOP, la Municipalidad y Reconsa deben respetar los fallos judiciales y asumir que toda intervención en la zona debe seguir procedimientos establecidos. Es lamentable que la alcaldesa Macarena Ripamonti siga ausente en la protección de las dunas y los vecinos, mientras la crisis sigue plenamente vigente en la zona”, dijo.

A modo de resumen, acotó Muñoz, el recurso de protección pretende que se cumpla la ley orgánica constitucional de base de medio ambiente, es decir, que exista un estudio de impacto ambiental para hacer obras de reparación, ya sea de emergencia o definitiva, y no se permita cambiar el campo dunar, o la duna, o la arena, por cemento.

Por su parte, Cecilia Rojas, presidenta de la Corporación Pro Defensa que es parte del movimiento Duna Viva, recordó que desde hace más de diez años han abogado por la protección del campo dunar Viña del Mar-Concón.

«Único en sus características, ya que se trata de dunas fósiles cuya pérdida cotidiana es irrecuperable. Agrava lo anterior el frágil ecosistema que alberga, los socavones han puesto en evidencia lo extremo que es el conflicto urbano ambiental en la región de Valparaíso», expresó.

Asimismo, Rojas agregó que como corporación les parece que es correcto el fallo, en razón de que obviamente una paralización de las obras que es necesaria, sin duda, sería absolutamente impopular. «Sin embargo, se emplaza a las autoridades competentes a hacer competentes a cumplir con el deber hacer de sus cargos, vale decir, la competencia de los órganos de Estado en cuanto a prevenir la contaminación ambiental, velar por la protección y conservación de la diversidad biológica y de las áreas protegidas y fomentar, por cierto, el desarrollo sustentable, la integridad de la política ambiental y su regulación normativa. Ese es el punto», agregó.

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