Corte ordena entregar nombres de ex agentes de la CNI que aún trabajan para el Ejército

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso presentado por el Comandante en Jefe del Ejército, general Humberto Oviedo Arriagada, para ocultar un listado de ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) que continúan ejerciendo funciones al interior de la institución castrense.

De esta forma, el Ejército queda obligado a entregar una información que originalmente negó a El Ciudadano tras una solicitud por la Ley 20.285 cuya procedencia fue ratificada por el Consejo para la Transparencia, órgano que falló en favor de este medio de comunicación.

En el texto del recurso de ilegalidad contra el CPLT, que fue presentado en abril de este año, el general Oviedo había defendido la reserva de los nombres solicitados citando la Ley 19.974, que protege el Sistema de Inteligencia del Estado.

Igualmente señaló que la publicidad de los nombres de quienes integraron la CNI no podía ser autorizada, puesto que ello afectaría la honra de los funcionarios y su derecho al trabajo, dando paso a “funas”.

Todos estos argumentos fueron refutados por la Novena Sala de la Corte capitalina, presidida por la ministra Pilar Aguayo Pino e integrada por el ministro subrogante Jorge Norambuena Carrillo y el abogado integrante Óscar Torres Zagal, que estableció que “si en su oportunidad la institución pudo cumplir con la entrega de la nómina de funcionarios de la CNI que habrían participado en el proceso denominado Operación Albania que conoció el Ministro en Visita Sr. Hugo Dolmestch Urra en el año 1998, ello significa que sí se encuentra en condiciones de entregar la información referida”.

Esto “máxime si se considera que actualmente se encuentran disponibles aplicaciones tecnológicas y computacionales que permiten cumplir con aquello en mejores condiciones materiales y administrativas que en el pasado”.

Asimismo, el tribunal de alzada indicó que el propio Ejército estimó el número de funcionarios activos que posiblemente integraron la CNI en un universo de 7.436, por lo que no hay antecedentes que hagan presumir que para cumplir con la solicitud respectiva se “requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales”.

Más adelante, el fallo sostiene que no es válido jurídicamente que el comandante en Jefe “pretenda eximirse” del cumplimiento de la resolución del Consejo para la Transparencia que ordenó entregar la información a El Ciudadano invocando la Ley del Sistema de Inteligencia del Estado, “toda vez que no es una disposición legal que corresponda aplicar al caso en análisis”.

La decisión de la Corte concluye que la información sí obra en poder del Ejército, “especialmente ante la Dirección del Personal… la que razonablemente debe estar ordenada administrativamente, a lo menos desde el punto de vista remuneracional y previsional”.

Como informó El Ciudadano en abril, uno de los tantos ex agentes de la CNI que a la fecha cumplen funciones en el Ejército, es el funcionario civil Héctor Cáceres Orellana, quien se desempeña en el Comando de Salud como asesor de contabilidad.

El trabajo del ex CNI ha sido cuestionado por la familia del cabo Orlando Morales Pinto, asesinado en extrañas circunstancias en 2002 tras denunciar irregularidades en el Cosale cuando Michelle Bachelet era ministra de Defensa. Junto con Héctor Cáceres, al momento de la muerte de Orlando se encontraba activo otro personaje vinculado a los servicios de inteligencia de Pinochet: Álvaro Guzmán Valenzuela, entonces director del Cosale.