Fiscalía pidió ocho años de cárcel

Defensa de profesor acusado de daños a estación del Metro recurrirá al TC para que se declare inaplicable Ley de Seguridad del Estado

El Ministerio Público solicita tres años de presidio para Roberto Campos por daños agravados y cinco por infringir la Ley de Seguridad del Estado.

El Ministerio Público solicita ocho de prisión para el profesor de matemáticas Roberto Campos, acusado de destruir los torniquetes en la estación San Joaquín del Metro en pleno estallido social.

De acuerdo a la acusación de la Fiscalía, citada por La Tercera, el docente “en compañía de a lo menos otros seis sujetos, procedió a incitar y promover por medio de gritos, aplausos y ademanes realizados con sus brazos a un grupo de personas de número indeterminado que lo observaban a romper torniquetes de control de acceso y aparatos sensores validadores de tarjetas de prepago del transporte de nombre “BIP”, ubicados en dicha estación”.

En ente judicial desglosa la pena de la siguiente manera: cinco años de presidio menor en su grado máximo en su contra por infringir la Ley de Seguridad del Estado, y otros tres años de presidio menor en su grado medio sumados a una multa de 11 UTM por el delito de daños agravados, refiere el medio antes mencionado.

Asimismo, fue solicitada la inhabilitación absoluta perpetua de sus derechos políticos, así como también para asumir cargos u oficios públicos durante el tiempo de la condena.

Se espera que la audiencia de preparación del juicio oral sea para el lunes 11 de mayo.

La acusación de la Fiscalía recuerda que junto con al menos otros seis sujetos, Campos «procedió a incitar y promover por medio de gritos, aplausos y ademanes realizados con sus brazos a un grupo de personas de número indeterminado que lo observaban a romper torniquetes de control de acceso y aparatos sensores validadores de tarjetas».

El docente estuvo dos meses en prisión preventiva en la Cárcel de Alta Seguridad por estos hechos, hasta que la Corte de Apelaciones ordenó su libertad, optando en cambio por las cautelares de arresto domiciliario nocturno y firma semanal.

 La Defensoría Penal Pública recurrirá al Tribunal Constitucional con miras a que éste declare inaplicable la Ley de Seguridad del Estado en la causa, según anunció el abogado Mario Araya, quien representa a Campos.

«Vamos confiados en que el tribunal, en este caso, nos dará la razón y que declarará inaplicable la Ley de Seguridad del Estado, principalmente porque tiene problemas de carácter democrático y porque no describe suficientemente las conductas por las cuales las personas puedan ser juzgadas bajo esa ley«, sostuvo el jurista, citado por Radio Cooperativa.

Araya agregó que la resolución del TC probablemente «va a determinar la pretensión del Ministerio Público con la presente causa. Sin embargo, creemos que incluso en un peor escenario, Roberto Campos no debiese cumplir privado de libertad«.

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