Defensores de Penco por «supremazo» contra minera Aclara: «Sienta un precedente ante la criminalización de la defensa territorial»

Los defensores ambientales de Penco, Camila Arriagada y Arnoldo Cárcamo, valoraron que después de cuatro meses de intensa batalla judicial, finalmente la Corte Suprema emitió un fallo en el que rechazó el recurso de protección presentado en su contra por parte de la minera Aclara Resources, en el que los acusó de desprestigiar su proyecto de Tierras Raras y «enlodar su reputación», a través de las redes sociales.

El pasado 9 de junio, el máximo tribunal del país, decidió revocar la sentencia de Corte de Apelaciones de Concepción, en la que acogió la acción legal interpuesta por la minera, a través de su filial REE Uno SpA,.

En el documento de 55 páginas, la trasnacional acusó a ambos pobladores- que por años han denunciado los daños ambientales causados por los proyectos extractivos que han pretendido instalarse en la comuna de la Región del Bio Bío-, de gestionar la cuentas de Instagram y Facebook de la organización Keule Resiste, donde presuntamente había sido «víctima de diversos ataques de terceros destinados a enlodar y afectar la reputación y el buen nombre de Aclara».

Tras acoger el recurso, el tribunal de alzada le ordenó a ambos activistas, que eliminaran sus publicaciones críticas al mencionado proyecto que prevé la construcción y operación en Penco de una mina y una planta de procesamiento de regolito, para producir concentrado de tierras raras.

Tanto Arriagada como Cárcamo rechazaron las acusaciones y advirtieron de forma tajante, que se trataba de un intento de censura e intimidación por parte de Aclara contra todo aquel que se opusiera o criticara su proyecto.

«Supremazo contra Aclara»

Durante un punto de prensa realizado en las Plaza de Penco, frente a la Municipalidad, los defensores medio ambientales y sus abogados celebraron el «supremazo contra Aclara», destacando que es un fallo que sienta un precedente para los movimientos territoriales y socioambientales a nivel nacional que enfrentan este tipo de intimidaciones, hostigamiento e intento de censura por parte de grandes empresas.

«Ambos hemos sido judicializados por la empresa minera de Tierras Raras, la empresa Aclara y hoy estamos celebrando que ganamos un fallo de la Corte Suprema, nos ganamos un ´´supremazo´´ en contra de esta minera en defensa de nuestro territorio», destacó Arriagada, quien es exconsejera regional del Bio Bío.

«La Corte Suprema en este caso se pronunció respecto a nuestro recurso de apelación, presentado en contra de la resolución de la Corte de Apelaciones de Concepción, y manifestó que ante la carencia definitiva de elementos probatorios para acreditar la responsabilidad de Camila o de Arnaldo, revocó el fallo de primera instancia, en este caso el fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción, estableciendo que no había responsabilidad alguna de Camila y de Arnaldo, y además es importante destacar que hubo un voto disidente, un voto de otro ministro que estableció que en definitiva no se puede censurar, y tampoco en pasado ni a futuro, es decir, las declaraciones de una persona no pueden ser censuradas para el efectos de garantizar la honra, en este caso, de la empresa o de los representantes de la empresa. ¿Qué quiere decir esto?, quiere decir que aquí las personas, tanto Arnaldo como Camila, tienen una libertad para informar, para poder hacer visitas sociales, para poder realizar todas las investigaciones que les queden pertinentes, sin necesidad de censura previa, y tampoco una censura futura», explicó el abogad Cristian Urrutia.

«La Constitución, en su artículo 19 y número 12, garantiza la posibilidad de informar y de emitir opiniones sin censura previa, y también los pactos internacionales, como el Pacto San José de Costa Rica, que contempla la Convención Americana de los Derechos Humanos, que en su artículo 13 garantiza la posibilidad también de emitir opiniones e informar sin ningún tipo de censura previa. Aquí lo que existe, por parte de la minera, es la intención de censurar, de acallar a los vecinos que se manifiestan, y en definitiva, si dio alugar esto la Corte de Apelaciones, desconocemos por qué, porque no existe ningún motivo, no existe ninguna prueba que los vinculara. Sin embargo, la Corte Suprema, en un acto de dignidad jurídica, dio lugar a nuestra pretensión, y en definitiva revocó el fallo de la Corte de Apelaciones», señaló el profesional.

«Nosotros creemos que esta acción que interpuso a la minera Aclara tiene por objeto amedrentar a los vecinos de Penco, amedrentar a los dirigentes sociales», subrayó.

Por su parte, Camila Arriagada destacó que el fallo de la Corte Suprema es favorable hacia las comunidades que cuentan con «pocas herramientas para enfrentar este tipo de situaciones en donde nos sentimos hostigados, criminalizados por una empresa privada, solamente por ser la voz crítica».

«Esto es una señal muy positiva para las comunidades que estamos expuestas a estos procesos judiciales al hostigamiento y a la criminalización de la defensa territorial, porque la minera lo que pretendía con este recurso era sentar un precedente para acallar todas las voces críticas a ese proyecto y estaba vulnerando el derecho de la libertad de expresión y también nuestro derecho de vivir en un medio ambiente limpio que es por lo que estamos pidiendo», subrayó.

La activista recordó que Aclara Resources no tiene una resolución de calificación ambiental y por lo tanto, todo el tipo de censura e intentos de acallar las voces críticas, «no da a lugar ni en la justicia, y menos sobre todo en las comunidades que nos movilizamos frente a estos proyectos».

«Hoy en día está en evaluación ambiental, en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y por lo tanto todas las personas, habitantes ciudadanos y ciudadanas podemos participar, tenemos derecho a participar de este proceso, haciendo observaciones críticas al proyecto como lo hemos hecho con Arnoldo Cárcamo y que en el fondo eso es lo que persigue la minera, que no hagamos oposición a este proyecto, por eso era tan importante demostrar ante la justicia en una instancia superior como es la Corte Suprema de que los ciudadanos tenemos la razón, de que tenemos derecho a defender nuestro territorio y que empresas tan poderosas y con capitales transnacionales y que tienen un fin extractivista, no pueden mal utilizar la justicia de esta manera para solamente hostigar y perseguir a quienes defendemos el territorio», afirmó.

La exconsejera regional del Bio Bío lanzó críticas contra todos aquellos que han decidido apoyar el cuestionado proyecto de Tierras Raras desde el mundo político, como es el caso del exalcalde de Las Condes, Joaquín Lavín (UDI) y «otros personeros políticos que están haciendo un lobby tremendo sin tener una solución de calificación ambiental».

Defensores emplazan al SEA a pronunciarse por acciones legales de intimidación

En el punto de prensa, tanto Camila Arriagada como Arnoldo Cárcamo emplazaron al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) a pronunciarse respecto a la intimidación de la que fueron víctima por parte de Aclara Resources, a través de acciones legales que representaron un intento de acallar voces críticas.

«Invocamos y emplazamos a las instituciones que son pertinentes en este caso, como el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la Seremi de Medio Ambiente y también el Instituto de Derechos Humanos (INDH) para que no se sigan vulnerando los derechos de las personas a vivir en un medio ambiente limpio y también a esperar todos los procesos como se deben y no andar vendiendo humo y mostrando una falsa imagen ante la comunidad, como lo ha hecho esta empresa minera Aclara desde hace bastantes años en donde ha cambiado su nombre constantemente para poder mostrar una cara amigable con la comunidad y con el medio ambiente y que se ha demostrado que Penco dijo que no a Tierras Raras en una consulta ciudadana que participaron más de 7.000 personas», indicó la activista.

Este emplazamiento van en línea con lo señalado recientemente por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) con relación a que «el proyecto minero de Tierras Raras está siendo evaluado en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y las personas atacadas por la empresa son reconocidos ciudadanos/as que participan de los procesos impulsados por la institucionalidad».

Lo anterior se vincula con el Acuerdo de Escazú, «que exige que el Estado, representado en este caso por el SEA, el Ministerio de Medio Ambiente, la Subsecretaría de DDHH y el resto de la institucionalidad competente, se pronuncie y tome medidas para dar garantías y protección a los mecanismos de participación ciudadana del proceso de evaluación ambiental».

Camila Arriaga recordó que llevan muchos años de lucha, tratando de visibilizar los peligros que representa el proyecto de Tierras Raras para la comuna de Penco, sus pobladores y su ecosistema.

«Esto no nace solamente a raíz de este recurso, sino que esta empresa ha querido instalarse aquí en Penco por muchos años, ha hecho mal las cosas, no ha tenido buenas relaciones con la comunidad, ha llegado a hacer un ofrecimiento engañoso a las personas y no ha relatado las verdaderas consecuencias que va a tener una faena minera tan cercana a las poblaciones», planteó.

En la misma línea, Arnoldo Cárcamo indicó que tras el fallo de la Suprema van a seguir defendiendo, «nuestra autonomía y nuestra soberanía territorial».

«Vamos a seguir luchando como vecinos, yo me comprometo hasta mis últimos días a seguir luchando y decir la verdad», aseveró.

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