En un fallo que vuelve a exponer prácticas de violencia institucional al interior de Carabineros, el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenó el miércoles 3 de diciembre a cuatro funcionarios de la 21° Comisaría de Estación Central por delitos de torturas, apremios ilegítimos, detención ilegal y falsificación de instrumento público, cometidos entre 2016 y 2018. Los uniformados actuaban bajo el mando del mayor (r) Francisco Arzola, conocido como el “Paco Nazi”, quien ya cumple una condena de 22 años de cárcel por crímenes similares.
La resolución, de primera instancia y por tanto apelable, recayó con mayor fuerza sobre el subteniente Carlos Leal Aqueveque, a quien la fiscalía –dirigida por el fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Francisco Ledezma– había solicitado 20 años de prisión. El tribunal acreditó su responsabilidad en dos delitos de tortura, tres de apremios ilegítimos, uno de detención ilegal y otro de falsificación de instrumento público. Junto a él, fueron condenados los carabineros Carlos Calderón Ortega, por tres delitos de apremios ilegítimos; Carlos Soto Soto, por un crimen de torturas y otro de apremios ilegítimos; y Camilo Vásquez Masman por un delito de tortura y otro de falsificación de instrumento público. Otros seis imputados fueron absueltos.
Los delitos probados por el tribunal, detallados en el auto de apertura de la causa al que accedió CIPER, pintan un cuadro de abuso sistemático y brutalidad. El subteniente Leal, señalado en su momento por el diario La Tercera como “discípulo” de Arzola, fue hallado culpable de algunos de los episodios más graves.
Control preventivo que derivó en golpiza
El 30 de enero de 2017, Leal detuvo arbitrariamente a un ciudadano identificado como J.A.E., tras un control de identidad preventivo. Cámaras de vigilancia registraron que la víctima entregó su cédula sin oponer resistencia. Al negarse a subir a un vehículo policial sin razón alguna, fue reducido y golpeado. Según el relato del tribunal, el procedimiento se realizó “sin que haya existido una orden judicial de detención previa en su contra, sin que este haya cometido previamente una falta, simple delito o crimen y sin que se haya configurado a su respecto algunas de las circunstancias de flagrancia”.
Posteriormente, Leal y otros efectivos lo subieron a un bus policial, donde le propinó un puñetazo en el ojo. Ya en el suelo, el subteniente y dos carabineros más lo golpearon con patadas y puñetazos. La paliza continuó al interior de la comisaría. Por este hecho, el tribunal no solo condenó a Leal por los apremios y la detención ilegal, sino también por falsificación de instrumento público con obstrucción a la investigación, señalando durante la audiencia que el carabinero “faltó a la verdad reiteradamente” a lo largo del proceso.
Tortura de una adolescente de 16 años
Uno de los casos más alarmantes fue la agresión contra G.C.R., una adolescente de 16 años. El 7 de noviembre de 2017, una radiopatrulla en la que viajaba Leal la golpeó levemente al retroceder. La joven, irritada, insultó al conductor: “Ten más cuidado, ahueonao”. Leal bajó del vehículo, la empujó, golpeó y redujo, afirmando que ella lo había agredido primero y diciéndole “a los pacos no se les pega”. Acto seguido, le dio un puñetazo en la cabeza.
Trasladadas a una garita junto a su amiga T.G.P., la violencia escaló. Según el auto de apertura, “Leal tomó a T.G.P. del pelo y golpeó su cabeza contra la pared de concreto, para luego tomar de la misma forma a la menor G.C.R. y darle dos golpes de puño en la cara, uno en la mejilla y otro en la mandíbula. Leal también escupió a la adolescente”.
Ya en la comisaría, al saber que ambas vivían en Pedro Aguirre Cerda, las habría tratado de “comunistas”, insultó a T.G.P. por tener un hijo “antes de tiempo” y las tildó de fracasadas, jactándose de que “él, a sus 25 años, ya era ‘teniente e ingeniero’”. Este último dato fue crucial para la credibilidad del relato de las víctimas. El tribunal verificó que Leal, efectivamente, tenía 25 años en esa fecha y estaba por ingresar a estudiar ingeniería comercial, información que las jóvenes no podían conocer de no haber ocurrido los hechos. La consistencia de los testimonios y la concordancia de las lesiones llevaron al tribunal a acreditar el delito de tortura contra G.C.R. y apremios ilegítimos contra T.G.P.
Uso de un perro policial para atacar a un detenido
En diciembre de 2018, J.R.U. llegó a la comisaría a denunciar un procedimiento irregular en el marco de un operativo por comercio ilegal. Allí, el carabinero Camilo Vásquez Masman se abalanzó sobre él para reducirlo, momento en que un perro policial le mordió una nalga. Al caérsele el celular –con el que había grabado el hecho que denunciaba–, un funcionario lo lanzó contra una muralla, como lo corroboraron las cámaras de seguridad.
Ya esposado, J.R.U. fue llevado a una oficina donde ingresó Leal y lo golpeó. Vásquez Masman esperaba afuera con el perro. Minutos después, Vásquez ingresó con el animal, que atacó nuevamente a la víctima, esta vez en el tobillo. Los registros de las cámaras, las lesiones y los testimonios permitieron al tribunal dar por acreditado este delito de torturas cometido por ambos carabineros.
Sentencia y próximos pasos
La lectura de la sentencia, donde se conocerán las penas específicas para cada condenado, fue fijada para el 17 de febrero de 2026. Al momento de que CIPER publicara su artículo, se discutían las medidas cautelares para los cuatro carabineros.
Consultado por el medio digital en los tribunales, el abogado defensor de Carlos Leal Aqueveque, Pedro Orthusteguy, declinó referirse al veredicto por falta de tiempo.

