La justicia chilena ha sellado un nuevo capítulo en la búsqueda de verdad y reparación por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet, al ratificar las condenas contra tres exmiembros del Ejército por los crímenes de Jorge Rubén Lamich Vidal, obrero de la construcción y militante comunista; y de Héctor Victoriano García García, médico cirujano y militante socialista, quienes fueron detenidos y llevados al cerro Chena, donde fueron ejecutado en agosto de 1974.
La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, en un fallo de segunda instancia, confirmó íntegramente en lo penal, la sentencia dictada en octubre de 2024 por la ministra en visita extraordinaria Marianela Cifuentes.
Los magistrados Edwin Danilo Quezada, Carlos Hidalgo Herrera —quien actuó como redactor— y la abogada integrante Yasna Otárola ratificaron las penas de 15 años de presidio mayor en su grado medio para el suboficial (r) Juan Enrique Ruiz Salazar y el exconscripto Luis Antonio Arévalo Céspedes. Ambos fueron declarados autores de los secuestros calificados de Lamich y García.
En tanto, el coronel (r) Pablo Gabriel Opitz Arancibia vio confirmada su condena a 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, siendo considerado coautor del secuestro de Lamich Vidal, consolidando así la responsabilidad penal en distintos niveles de la cadena de mando.
En el proceso y a lo largo de la investigación de estos crímenes han resultado sobreseídos por fallecimiento los oficiales del Ejército Germán Jorge Barriga Muñoz, Iván de la Fuente Séez, Pedro Montalva Calvo y Pedro Cubillos Torres; y el soldado Jorge Connell Alarcón.
El abogado querellante Francisco Busto, del Estudio Caucoto Abogados señaló que el fallo del tribunal de alzada es una «sentencia categórica que reafirma las conclusiones de la investigación y la sentencia dictada en primera instancia».
«El crimen de Jorge Rubén Lamich y Héctor García estuvo por décadas en la impunidad, por lo que el proceso y esta sentencia nos pone más cerca de que los responsables enfrenten su castigo», señaló, citado en una nota de prensa.
Detenidos y ejecutados por la dictsdura
De acuerdo con el fallo de primera instancia emitido por la ministra Cifuentes , durante la madrugada del 13 de agosto de 1974, una patrulla militar de la Compañía de Morteros de la Escuela de Infantería de San Bernardo, bajo el mando del entonces subteniente Opitz Arancibia y en coordinación con Carabineros, irrumpió en la vivienda de Lamich Vidal en la calle Errázuriz para detenerlo arbitrariamente. Inmediatamente, fue trasladado al Cuartel N° 2 de la Escuela de Infantería, ubicado en el interior del cerro Chena, donde fue encerrado, sometido a interrogatorios y a brutales malos tratos físicos. Finalmente, lejos de ser puesto a disposición de los tribunales, fue ejecutado de un disparo en la cabeza por el soldado conscripto Luis Antonio Arévalo Céspedes, mientras permanecía bajo custodia de la unidad castrense.
El caso del médico García García presenta una dinámica similar, aunque con particularidades en su detención. Ese mismo día, alrededor de las 05:00 horas, una patrulla se presentó en su domicilio de la calle Villaseca para interrogarlo, retirándose sin llevarlo. Sin embargo, horas más tarde, cerca de las 09:00, fue detenido de manera ilegal en el Hospital San Luis de Buin por la misma patrulla a cargo de Opitz Arancibia. Conducido al cerro Chena, fue llevado a la oficina del capitán Germán Barriga Muñoz, comandante de la Compañía, donde fue interrogado bajo apremios ilegítimos por el propio capitán, el subteniente Opitz, el sargento Cáceres y el cabo Ruiz Salazar. Al mediodía, y sin derecho a defensa, fue ejecutado mediante disparos en la cabeza y el tórax por el soldado coscrpto Jorge Connell Alarcón.
La sentencia también revela la estructura jerárquica que permitió estos crímenes, al señalar que la Compañía de Morteros estaba bajo el mando del capitán Barriga Muñoz y era parte del Batallón de Infantería de la Escuela de San Bernardo, comandado por el teniente coronel Pedro Cubillos Torres. Esta unidad, a su vez, respondía al director de la escuela, coronel Pedro Montalva, y al subdirector, teniente coronel Iván de la Fuente.
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