Diputada Nuyado anuncia que Comisión de DD.HH. realizará sesión sobre trabajos forzados de inmigrantes: «El Gobierno insiste en ignorar una situación que se está multiplicando en Chile»

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputadas y Diputados, Emilia Nuyado, anunció que citará a una sesión especial de dicha instancia a raíz de que se conociera que el Ministerio Público adelanta una investigación contra al menos 20 empresas del área de producción de arándanos y mandarinas, relacionadas a una misma contratista, por la explotación laboral masiva contra un grupo de inmigrantes venezolanos y haitianos, quienes bajo engaño y amenazas fueron víctimas de presunto trabajo forzado y hasta posible trata de personas.

«Estamos preocupados ante estas denuncias y el gobierno insiste en ignorar una situación que se está multiplicando en Chile», señaló.

«El fin de semana vimos como personas quemaban pertenencias de inmigrantes que estaban en una plaza en Iquique en pésimas condiciones y hoy vemos como empresarios inescrupulosos se aprovechan de la inmigración para abusar laboralmente de ellos amenazándolos de quitarles la visa de trabajo. Eso a todas luces es una violación de los derechos humanos y seguimos viendo que el gobierno hace oídos sordos», subrayó, citada por El Mostrados.

Sobre la denuncia de explotación laboral , Nuyado advirtió que «esta verdadera esclavitud a la que son sometidos muchos inmigrantes hoy, puede derivar en otros problemas y da la impresión que al gobierno y a los intereses empresariales les conviene la inmigración ilegal para tener mano de obra barata y explotable».

«Por eso creemos necesario que el ejecutivo y las autoridades migratorias expliquen que están haciendo para evitar este tipo de abusos. El Estado tiene la obligación por convenios internacionales proteger las condiciones de inmigrantes y eso no lo está haciendo en ninguna de esas formas», dijo.

Explotación de inmigrantes

La investigación sobre la explotación de inmigrantes por parte de empresas del área de producción de arándanos y mandarina, está a cargo de la fiscal Marcela Rocha Mella, y abarca condiciones abusivas debido a salarios inferiores a lo acordado, jornadas extensas sin remuneración de horas extras, incumplimiento del descanso dominical, habitaciones insalubres sin las normas sanitarias mínimas y la no autorización para abandonar los predios.

Por estos hechos, que datan de 2016 a 2019, la Inspección del Trabajo sancionó a algunas de las empresas involucradas y falló a favor de algunos trabajadores que denunciaron salarios impagos. Entre las faltas se encuentran no proveer condiciones mínimas de campamento, no contar con cuartos de baño dispuestos [equipados] de excusado, lavatorio y ducha con agua fría y caliente, separado para hombres y mujeres y no proveer dormitorios, container para pernoctar, separados por sexo.

Sigue leyendo: Investigan a 20 empresas agroproductoras por explotación laboral masiva de inmigrantes venezolanos y haitianos

Además, las autoridades constataron que los lugares de habitación no cumplían con el espacio necesario, la ubicación, las condiciones de aislamiento y temperatura; que existía una falta de manejo y disposición adecuados de desechos industriales líquidos y sólidos, y que faltaban medios para extinguir incendios.

Un reportaje realizado por el Centro de Investigación Periodística (Ciper)  y citado por El Ciudadano, menciona que entre las empresas que estarían involucradas en los delitos se encuentran Soluciones Agrícolas SpA (que funciona como la contratista), Agrícola El Recodo Spa, Servicios De Cosecha Geraldine Alejandra Nilo Cáceres E.I.R.L., Agrícola Paola Molinet Troncoso E.I.R.L., Servicios Auxiliares para el Agro Erika Segovia E.I.R.L., Valles del Sur SpA., Agrícola San Clemente Limitada, Agrícola Cerrillos de Tamaya S.A., Agrícola Los Robles Limitada, Inversiones La Estaquilla S.A., Servicios Agrícolas El Maule SPA, Agrícola Nilo SPA, Servicios San Cristóbal SPA y Servicios de Cosechas Nilo SPA.

Los afectados trabajaron en regiones del Norte y Sur de Chile, Coquimbo y Los Lagos, lugares en donde se hospedarían y en los que fueron sometidos a condiciones de hacinamiento. En cuanto a las habitaciones, por ejemplo, las víctimas se quedaban en 20 contenedores instalados cerca del predio y en donde “al principio no había nada, ni cocina ni baños”. Los primeros días debían bañarse con baldes de agua, incluso a la intemperie. Luego instalaron seis duchas unisex con cortinas transparentes para un total de 94 trabajadores. No había comedor, y se cocinaba junto a los baños químicos, los que se limpiaban una vez a la semana. El resultado era un espacio denigrante y nauseabundo.

No obstante, las funciones que desempeñarían no fueron las mismas por las que fueron contratados, ya que en realidad tenían que “limpiar” los arbustos, es decir, decir revisar las plantas una por una y sacar los pocos frutos rezagados. A final de mes, en lugar de los $600 mil prometidos solo consiguieron montos mensuales totales de $90 mil, $50 mil o incluso $30 mil.

De acuerdo a lo publicado por Ciper, los temporeros trabajaban desde las 8:30 hasta las 20:30 y solo tenían 30 minutos para almorzar. Además, tenían prohibido poner la hora de entrada y de salida en el libro de asistencia, nada más estaban autorizados a firmar. Los domingos y festivos también se trabajaba.

Las largas jornadas se sucedían cosechando sin guantes, sin gorros y sin protección solar. Al final del mes no se informaba respecto de la cantidad de kilos recogidos y los trabajadores recibían montos aparentemente aleatorios y bajos, sin que se les detallara cómo se habían calculado, más la promesa de que lo adeudado se pagaría “después”. Respecto de las leyes sociales, la Inspección Provincial del Trabajo de Osorno constató que no eran pagadas correctamente y en algunos casos, nunca fueron canceladas. Así también lo precisa la sentencia del juzgado.