Discriminación en la tierra del «asilo contra la opresión”

Denuncias de persecución a la población inmigrante en Antofagasta.

Expulsión indiscriminada, arbitrariedad en la atención, persecución por sospecha, redadas sin investigación previa. Éstas serían sólo algunas de las injusticias que “sistemáticamente” se estarían cometiendo en contra de la población inmigrante en Antofagasta por parte de las autoridades nortinas, según denuncia el Centro de Atención Psicosocial a Inmigrantes “Martín-Baró”, de la Universidad Católica del Norte.

En una declaración titulada “Apoyo en contra de la política institucional que discrimina a las personas en condición de inmigrantes”, el Centro afirma que habría una campaña del gobierno regional y nacional de ‘coerción’, tanto simbólica como práctica, en contra de los extranjeros por medio, principalmente, de “la promoción del temor en la población chilena, la cual es transmitida a través de los medios de comunicación masivos”. Además, se ha aumentado el número de expulsados del país, llegando a trescientos en los últimos cinco meses.

Los integrantes del Centro Psicosocial trabajan en las áreas de investigación, socioeducativa y psicosocial con las comunidades de inmigrantes, donde su principal tarea está abocada a la enseñanza de derechos judiciales que muchas veces estas personas desconocen. En su trabajo han logrado que varios casos de repatriación de personas que llevaban años trabajando en Chile se revocaran.

Según Susan Yañez, directora del Centro, el gobierno regional tiende a “meter en el mismo saco” a todas las personas foráneas que tienen algún problema legal, desde traficantes hasta inmigrantes que no han podido sacar visa de residencia. Esto ocasionaría la toma de “decisiones arbitrarias”, perjudicando a todos los extranjeros que tienen que realizar trámites jurídicos en la región.

El alza sostenida de los índices de delitos, junto a la oleada migratoria producto del boom minero, parece estar incidiendo en la percepción de los antofagastinos acerca de los inmigrantes de los países vecinos. Según Yánez, asociar “prostitución”, “drogadicción” y otros “delitos” a la población boliviana, peruana y colombiana, quienes son la mayoría de los extranjeros en la ciudad, está siendo de uso común, tanto en los medios como en parte importante de la ciudadanía.

El abogado Ignacio Barrientos, colaborador de la organización de la Universidad Católica y trabajador de la defensa pública, prefiere hablar de “una discrecionalidad mayor” que discriminación, argumentando que las leyes de extranjería están sujetas a una variable de aplicación, que en los últimos años se ha “endurecido”.

Al tratar de exponer estas problemáticas a las autoridades correspondientes, los miembros del Centro Psicosocial no tuvieron respuesta, según informaron.

Para las autoridades la situación es distinta. Pablo Toloza, gobernador provincial (UDI), declaró en una entrevista al diario El Mercurio de Antofagasta, que «aquí se persigue a los ciudadanos chilenos y extranjeros que infringen la ley», desmintiendo una campaña de persecución xenofóbica por parte de los aparatos de seguridad.

La actividad conjunta del gobierno regional con la policía respondería a una acción normal de combate contra el crimen:  “Tenemos que combatir a aquellos que vienen a hacer de la delincuencia su forma de vida, en especial en sectores como el Barrio Rojo y otras áreas residenciales», no comprometiendo a los inmigrantes que son “la gran mayoría… que vienen a trabajar y son un aporte a la comunidad”, dijo Toloza.

El problema, según las autoridades, reside en el hecho de que los extranjeros que cometen delitos leves generalmente no van a la cárcel, teniendo que firmar mensualmente. A estas personas no se les puede dar derecho de residencia por lo que no pueden optar a trabajos, con lo que, según el gobernante regional, se crearía un “círculo vicioso”.

El Centro de Atención convoca a una marcha por la diversidad y la no discriminación el lunes 12 de julio, a las once de la mañana en la intersección de las calles Prat con Matta, en Antofagasta.

Por Sebastián Fierro

El Ciudadano