Duro informe de la ONU contra el accionar del Estado argentino en el caso de Santiago Maldonado

Foto: DYN / Alberto Raggio

En un duro informe fechado el 6 de octubre, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU remarca su preocupación por las falencias en el accionar del Estado en la búsqueda de Santiago Maldonado y la investigación judicial por la responsabilidad en su desaparición.

El informe llega en respuesta a la presentación que realizó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) el 5 de agosto, un pedido de “acción urgente” para buscar y localizar a Maldonado, tomando en cuenta los datos proporcionados por la comunidad mapuche Pu Lof.

El informe comienza señalando que “pasó más de un mes” para que ésta información fuera tenida en cuenta y recuerda al Estado argentino que los primeros momentos tras la desaparición de una persona “son los de mayor relevancia en la perspectiva de buscar y ubicar a la persona desaparecida”.

Además de lo que (no) hizo el poder judicial y ejecutivo, señala en particular las declaraciones públicas que se hicieron a lo largo de los primeros 35 días posteriores a la desaparición de Santiago Maldonado por “altos mandos del gobierno del Estado”.

Las declaraciones de Bullrich

El informe, firmado por Ibrahim Salama, jefe de la Subdivisión de Tratados de Derechos Humanos, cuestiona la postura del poder ejecutivo que, en esas declaraciones públicas, rechazó “la hipótesis de involucramiento de las fuerzas federales en los hechos, así como la tipificación de los mismos en una desaparición forzada”. Los expertos enumeraron, en particular, algunas de las declaraciones de la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich:

El 7 de agosto, la ministra dijo que “no hay ningún indicio” del involucramiento de Gendarmería en la desaparición.

El 27 de agosto, declaró a La Nación: “Estoy segura de que no fue Gendarmería porque investigamos mucho”.

El 16 de agosto, la ministra dijo en su interpelación en el Senado que no había ningún testimonio que aseverara que Maldonado estuvo en la Pu Lof. Dicen los expertos: “El Comité queda sorprendido con esta afirmación toda vez que ya existía una declaración incorporada a la investigación judicial en la que se ubicaba al señor Santiago Maldonado en el territorio”.

Por esa razón, concluye: “El Comité está altamente preocupado porque estas posiciones e hipótesis fueron presentadas de forma pública antes de que se haya realizado una investigación integral y exhaustiva de los hechos y, en particular, del proceder de Gendarmería. Como resultado de esta situación, el posible involucramiento de la Gendarmería solamente fue integrado como hipótesis de investigación seria más de un mes después de la desaparición del señor Maldonado, tiempo en el cual no se ha cumplido con las acciones calificadas como urgentes dentro de los estándares básicos de personas desaparecidas”.

Prioridad: los medios

Los expertos también dedican un apartado a la filtración de las “actuaciones administrativas” del Ministerio de Seguridad y se declaran “sorprendido” de la filtración de éstas a algunos medios de comunicación incluso antes de que figuraran en la causas judiciales. A modo de ejemplo, cita cuando el Ministerio aportó las entrevistas relacionadas al incidente en el que un gendarme le habría tirado una piedra a un manifestante a las 00:20 del martes 12 de septiembre. No obstante, según la información proporcionada al Comité, “esa información fue publicada en la versión impresa del diario La Nación del mismo 12 de septiembre, antes de que las partes tuvieran conocimiento de dicha presentación”.

Los expertos señalan que esa acción “no es compatible con los principios básicos de confidencialidad y debido proceso aplicables a la investigación de cualquier caso de desaparición forzada”, y en ese sentido, el Comité requiere al Estado argentino una serie de explicaciones:

“Proporcionar información sobre las razones por las cuales las autoridades a cargo de la búsqueda del señor Maldonado y de la investigación de su desaparición esperaron más de un mes para tomar en cuenta de forma efectiva todas las hipótesis investigativas disponibles y relevantes”.

“Asegurar que el equipo a cargo de la búsqueda del señor Santiago Maldonado y de la investigación de su desaparición cuente con el profesionalismo, imparcialidad, autonomía y legitimidad necesarios al desarrollo de sus funciones”.

“Excluir de la investigación a toda persona que pueda estar involucrada ‘de alguna manera’ en la desaparición”.

“Adoptar todas las medidas necesarias para investigar y sancionar cualquier tipo de intervenciones de las autoridades del Estado parte que hayan podido entorpecer, hasta la fecha, la efectividad de los procesos de búsqueda e investigación en curso”.

A su vez, en otro apartado del Informe el Comité de la ONU señala la “entrega tardía” de actuaciones admistrativas con datos sobre la actuación de la Gendarmería, en particular de “varias entrevistas a gendarmes que tuvieron lugar a mediados de agosto, pero solo fueron entregadas al expediente a finales de septiembre”.

El informe previo

Los expertos del Comité toman en cuenta el duro dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que –como reveló lavaca hace unas semanas– define la investigación del Ministerio como “chapucera”. El Comité toma nota que las actuaciones incurrían en la “falta de certeza” en el origen de las actuaciones; las dudas sobre la supuesta funcionalidad o no del área que encaró las entrevistas a los gendarmes; y la “informalidad” de esos contenidos que no contaron con “ningún tipo de resguardo legal” para los efectivos entrevistados.

El rol de Gendarmería

Los expertos lamentan que las declaraciones, fotografías y videos con imágenes del operativo fueron integradas “de forma muy tardía” a la investigación y resaltó la preocupación de que las autoridades del Estado “inicialmente elaboraron su estrategia” en base a declaraciones “no verificadas” sobre que los efectivos no habían llegado hasta el Río Chubut el 1 de agosto cuando las propias actuaciones internas lo desmentían. También criticó que los vehículos de Gendarmería “podrían haber sido lavados” (como denunció el Defensor Oficial Federal Fernando Machado) que hay un “faltante” de fotos y videos del operativo.

Señala el allanamiento “tardío” a los escuadrones del GNA y analiza que dicho accionar judicial (en ese momento la causa estaba a cargo del juez federal Guido Otranto) “demuestra una violación clara de los principios básicos de la cadena de custodia”

En virtud de esto, requiere al Estado argentino “investigar y sancionar de forma inmediata toda manipulación de elementos probatorios”, además de adoptar medidas que protejan las pruebas disponibles y futuras y asegurar que toda la información disponible sea tenida en cuenta.

Por todo esto, la ONU reclama esclarecer “de forma prioritaria la participación de Gendarmería en los hechos”.

El maltrato a la familia

El Comité dedica diversos párrafos a señalar el maltrato del Estado hacia la familia del joven desaparecido. En términos generales lamenta que “los familiares del señor Maldonado han encontrado grandes dificultades para tener acceso de forma debida y rápida a la información relacionada con el desarrollo de su búsqueda”, así como de “varias críticas de altos mandos del gobierno del Estado” así como a los mapuches miembros de la Pu Lof. “En vez de proteger” – dice la ONU, recordando en otro párrafo que el mismo organismo requirió al Estado argentino la adopción de medidas cautelares de protección- “este tipo de declaraciones los pone en riesgo”.

Publicado en la Cooperativa de Trabajo La Vaca, de Argentina