El cuestionable «dato» que insertó El Mercurio en nota sobre la Ley Araucanía

Este martes por la mañana apareció una nota en El Mercurio acerca de la futura y cuestionada «Ley Araucanía»

El cuestionable «dato» que insertó El Mercurio en nota sobre la Ley Araucanía

Autor: Nicolás Massai

Este martes por la mañana apareció una nota en El Mercurio acerca de la futura y cuestionada «Ley Araucanía». En esta se anuncia que, luego de una reunión entre el senador de la IX Región José García Ruminot (RN) y el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, se había acordado un plazo de 30 días para la presentación del borrador y 60 días para el ingreso de la legislación al Congreso.

No se hace referencia al recurso de protección que interpuso ante la Corte de Apelaciones de Temuco la semana pasada el Pacto Mapuche por la Libre Determinación en contra de la eventual ley, aludiendo a que no ha habido «una participación efectiva del pueblo mapuche y se están vulnerando distintas normativas como el Convenio 169» (nota relacionada).

Y precisamente es lo que llama la atención de la nota del diario de la familia Edwards. Al centro del artículo aparece un destacado que, cuando menos, resulta cuestionable.

«Por tratarse de una norma orientada a toda la población, y no solo a los mapuches, no requiere de consulta indígena», se resalta. Sin embargo, este dato no se incluye, paradójicamente, en ningún otro lugar del cuerpo de la noticia.

La falta de contexto se profundiza más a lo largo del texto, en el que ni siquiera se ocupan palabras como «indígena» o «mapuche».

Solo se expone, a partir de cuñas de dos parlamentarios, los tópicos de los que se haría cargo esta nueva legislación.

«Hay que pensar que los proyectos más grandes y ambiciosos, en un plazo de cinco años no alcanzan ni siquiera a formularse», comienza afirmando el senador RN Jorge García Ruminot, en alusión al tiempo que se tomaría para realizar un desarrollo de infraestructura de la región, uno de los puntos importantes que incluirá la legislación.

Otro aspecto que se considera, según las palabras del parlamentario, es un «incentivo tributario para la inversión privada».

Por último, la intención sería aplicar «una suerte de política de discriminación positiva hacia la región, en cuanto a los beneficios de la red social, con una focalización hacia su condición de región con mayor pobreza y marginalidad».

Además de confuso e inentendible, el contenido no se hace cargo de cuestionar a las autoridades acerca de los problemas reales que existen en la Araucanía.

No solo eso: da por descontando, sin consultar a otra fuente autorizada, que la consulta indígena a la que obliga el Convenio 169 de la OIT no se debe realizar en esta ocasión, en una región en la que el 23,4% de la población pertenece a un grupo étnico, según los resultados del Censo 2002, el último del que se conocen resultados confiables.


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