Resaltan situación dramática de los reos comunes

El doble estándar de las cárceles chilenas: reos comunes sin beneficios y violadores de los DD.HH. libres

Torturadores y asesinos, simpatizantes de la dictadura cívico militar impuesta en 1973, se están aprovechando que la Comisión De Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento se encuentra en período de discusión del proyecto que modifica la ley 18.216 (que establece penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad), en busca de aplicar un nuevo régimen de condena, igualándose a los reos comunes que padecen una enfermedad terminal e intentando generar beneficios que ni siquiera debieran poder solicitar.

Cárceles10 personas, de un universo de 138 mil, se encuentran calificadas por el departamento de salud de Gendarmería en condiciones de poder acceder a nuevos beneficios dado el nivel de compromiso vital en el que se encuentran debido a las múltiples enfermedades que padecen.

Aciagos momentos en la historia de la humanidad han establecido los límites frente a las acciones del ser humano. Y si bien existe un acuerdo a nivel mundial entre la clara distinción de los crímenes comunes y los de lesa humanidad, en Chile aún existen individuos que quieren pasar por alto los cánones de decencia y ética, útiles a la hora de vivir en sociedad.

Frente a la discusión llevada a cabo por la Cámara de Diputados, la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, representada en Lorena Pizarro, en más de una ocasión ha sido clara: “la situación carcelaria de la población común es realmente dramática por tanto es necesario un estudio profundo de cada caso. Es necesaria una evaluación médica muy profunda, siempre teniendo en cuenta a quienes fueron víctimas de otros tipos de delito. Sin duda, es plausible acoger situaciones particulares en el caso de los enfermos terminales”.

Sin embargo, si tomamos en consideración la violación a los derechos humanos, para la AFDD «el objetivo siempre será la no repetición de estos hechos». No obstante, en Chile, estos sujetos han ingresado de manera muy tardía a cumplir con sus condenas, la mayoría de ellos (por no decir todos) nunca han colaborado con la justicia. Es más, se sienten salvadores de la patria y estarían dispuestos a repetir las acciones que hicieron porque se sienten orgullosos de lo que lograron.

Frente a este escenario, afirma Pizarro, “lo que está en juego es el tipo de democracia que se construye, el tipo de valores en los que se sustenta. Estas discusiones ponen en juego la construcción democrática de un país y la calidad con que sus cimientos son construidos”.

Tomando en cuenta que de parte del duopolio de la prensa chilena se ha generado una campaña mediática que quiere tergiversar la realidad, transformando a criminales en pobres viejitos enfermos terminales,y otorgándole el carácter de indolente a los familiares y víctimas del terrorismo de Estado. Por tanto, no existe discusión alguna: las razones humanitarias no caben para los delitos de lesa humanidad.

Además, a los violadores de DD.HH se les han garantizado todos sus derechos, tienen todas las garantías de salud para enfrentar cualquier situación, jamás ha sido víctimas de alguna inequidad respecto a la ley e incluso poseen garantías absurdas como recintos militares adecuados como recintos penales (pero con todas las comodidades de un resort).

La discusión aún no está zanjada, sin embargo existen esperanzas en el actuar de los integrantes de la Comisión. De lo contrario, una nueva lucha será configurada y llevada a cabo por las nuevas generaciones.


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