Enrique Monasterio Rebolledo, quien fuera asesor legal de los jerarcas de Colonia Dignidad y defensor de sus intereses económicos, obtuvo la primera mayoría en las elecciones internas del gremio realizadas el sábado 17 de octubre, con 76 de los 598 votos emitidos. Su triunfo ocurre en un momento en que la institución se apresta a implementar una reforma que exige altos estándares de transparencia y probidad.
La Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile eligió el sábado 17 de octubre a los integrantes de su nueva directiva para el período 2027, en un proceso que registró una participación del 100% de sus asociados, con un total de 598 votos emitidos. El resultado dejó una señal que difícilmente pasará desapercibida: el abogado Enrique Monasterio Rebolledo, exasesor legal de la Colonia Dignidad, fue el candidato más votado de la jornada.
Monasterio, actual conservador de Bienes Raíces y archivero judicial de Castro, obtuvo 76 preferencias, equivalentes al 12,71% de los sufragios. Lo siguieron Claudia Brahm, notaria de Los Muermos, con 57 votos, y Patricia Ahumada, notaria de Colina, Lampa y Tiltil, con 56. También resultaron electos como titulares Gaby Hernández, Ricardo Salgado, Gonzalo Montané, Gloria Ortiz y Abdallah Fernández, mientras que Camila Jorquiera y Eduardo Rodríguez ocuparán los cargos de suplentes. A ellos se suman, por derecho propio, el actual presidente del gremio, Carlos Miranda, y el conservador de Concón, Carlos Swett.
Aunque la presidencia de la asociación deberá ser definida internamente por los integrantes de la nueva directiva, el hecho de que Monasterio haya encabezado la votación lo posiciona como la figura de mayor peso en la mesa que asumirá en enero de 2027.
El historial que genera incomodidad
El nombre de Enrique Monasterio no es nuevo en el debate público chileno. Su vínculo con la Colonia Dignidad —el enclave alemán que funcionó como centro de detención, tortura y exterminio durante la dictadura militar y que luego fue escenario de graves abusos sexuales y sustracción de menores— está documentado desde hace más de una década.
Según reportajes de CIPER Chile y The Clinic publicados en 2013, Monasterio asumió la defensa de los jerarcas de la Colonia en 2007, con un acuerdo que incluía un pago mensual de $3 millones por un máximo de tres años. Su labor no se limitó a la representación judicial: también se encargó de “tramitar otros asuntos legales de los herederos de Villa Baviera y de algunos jerarcas”, como el doctor Helmuth Hopp, por los cuales cobraba aparte.
El episodio más álgido ocurrió en febrero de 2013. En los precisos días en que los ex jerarcas de Colonia Dignidad ingresaban a la cárcel de Cauquenes a cumplir condenas por su rol en la violación, abuso sexual y sustracción de menores, Monasterio fue nombrado notario y conservador de Bienes Raíces de Castro, uno de los cargos más importantes de Chiloé. El nombramiento causó indignación porque Monasterio solo tenía ocho meses de antigüedad como notario en Chile Chico, y aun así fue incluido en una terna por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, superando a una candidata —Martita Wörner, ex vicaria de la Solidaridad— con 14 años de experiencia en el rubro. La decisión fue firmada por la entonces ministra de Justicia, Patricia Pérez.
Cinco años después, en 2018, su nombre volvió a aparecer en una terna para ocupar el cargo de Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, lo que reavivó las críticas y las sospechas sobre sus redes de influencia política.
La paradoja de la probidad
La elección de Monasterio como la primera mayoría del gremio ocurre en un momento particularmente sensible para la institución. La reforma al sistema notarial y registral —promulgada en septiembre de 2025 y cuya implementación avanza durante 2026— introdujo cambios estructurales que apuntan precisamente a lo que el historial de Monasterio cuestiona.
La nueva normativa establece que los notarios serán nombrados mediante el Sistema de Alta Dirección Pública, limita el ejercicio del cargo a los 75 años, fija tarifas máximas para los trámites y otorga al SERNAC facultades de fiscalización sobre la calidad del servicio y los cobros. Además, incorpora a los fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones como organismos de supervisión de la conducta funcionaria.
El propio Carlos Miranda, presidente saliente del gremio, explicó que la asociación deberá abordar “las nuevas supervisiones del SERNAC, las auditorías externas y los procesos de selección mediante Alta Dirección Pública”, y destacó que estas modificaciones buscan “mejorar la atención a los usuarios y fortalecer los estándares de probidad y transparencia”.
La paradoja es evidente: la persona que obtuvo la primera mayoría para liderar ese proceso de fortalecimiento de la probidad es alguien cuyo historial profesional está intrínsecamente ligado a la defensa de uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de Chile, y cuyo ascenso dentro del sistema notarial estuvo marcado por cuestionamientos sobre sus “padrinos políticos” y su escasa experiencia previa.
Un silencio que habla
A diferencia de otras elecciones gremiales, la votación del 17 de octubre no ha estado acompañada de un debate público significativo sobre el significado de que un exabogado de Colonia Dignidad encabece la lista de los notarios y conservadores de Chile. La asociación no ha emitido declaraciones sobre las implicancias éticas del resultado, y las organizaciones de víctimas de la Colonia no han reaccionado públicamente en las horas posteriores a la elección.
Sin embargo, el dato permanece: en un país que discute desde hace años cómo fortalecer la transparencia en sus instituciones, el gremio que agrupa a los fedatarios públicos —los encargados de dar fe de los actos más importantes de la vida civil y económica de los chilenos— eligió como su candidato más votado a un abogado cuya trayectoria profesional está marcada por la defensa de un sistema de abusos. La nueva directiva asumirá en enero de 2027, y con ella, la responsabilidad de implementar las reformas que, precisamente, buscan que episodios como el ascenso de Monasterio no vuelvan a repetirse sin preguntas.
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