Ex Comandante en Jefe Ricardo Martínez seguirá en prisión preventiva imputado por fraude al fisco: TC rechazó requerimiento de la defensa

El Tribunal Constitucional (TC) rechazó el requerimiento presentado por la defensa del ex general Ricardo Martínez para suspender el requerimiento en su contra.

Lino Riffo, relator abogado del TC, detalló que “el acuerdo fue adoptado en un acuerdo de tres votos contra dos”.

Asimismo, la primera sala del TC resolvió llamar a alegatos de admisibilidad en la causa para el 13 de abril a las 12:00.

De esta forma, el ex general Martínez seguirá en prisión preventiva, con arraigo nacional y en calidad de procesado, al ser imputado como autor del delito de fraude al Fisco por un monto total de $44 millones por ocho viajes que realizó entre los años 2011 y 2017.

La noche de ayer martes, la ministra en visita Romy Rutherford sometió a proceso al ex Comandante en Jefe del Ejército. La magistrada ordenó la prisión preventiva del ex uniformado, quien quedará recluido en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén.

De acuerdo a la información entregada por el Poder Judicial, el general Martínez fue procesado como autor de fraude al Fisco en la arista Empresas de Turismo del denominado Caso Fraude en el Ejército.

En esta etapa procesal, la magistrada responsabilizó al general en retiro por 8 delitos por un monto total de $44.871.911, actualizados a la fecha y que corresponden al periodo entre febrero de 2011 y octubre de 2017.

Además, la ministra ordenó el embargo de los bienes del general por un monto total de $50.000.000.

El general Martínez se convirtió en la cuarta máxima autoridad del Ejército que está procesada en la investigación por el millonario fraude en la institución, junto a Óscar Izurieta (2006-2010), Juan Miguel Fuente-Alba (2010-2014) y Humberto Oviedo (2014-2018).

Recordemos que a inicios de marzo de este año se hizo público que Martínez fue citado a declarar por las aristas «Pasajes y Fletes» (uso irregular de dinero asignado para viajes oficiales) y «Gastos Reservados» (presunta malversación de recursos destinados a Seguridad e Inteligencia), en el marco del llamado «Milicogate».