Exalcalde de Rancagua Juan Godoy (exPS) condenado a 12 años: cohecho, fraude al fisco y lavado

En una sentencia que sienta un precedente en la persecución penal de la corrupción municipal, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua condenó al exalcalde de la comuna, Juan Ramón Godoy Muñoz(exPartido Socialista, en la foto), a 12 años de presidio mayor en su grado medio.

La condena, una de las más duras dictadas contra una exautoridad local en los últimos años, se produjo luego de que fuera declarado culpable de cohecho, fraude al fisco y lavado de activos, delitos cometidos durante su administración, calificada por la Fiscalía como una «gobernanza fraudulenta».

La lectura del fallo unánime, emitido el 23 de diciembre de 2025, puso fin a un proceso judicial que develó una trama sistemática de corrupción. La pena se suma al año y ocho meses (20 meses) que Godoy ya cumple en prisión preventiva en el Complejo Penitenciario La Gonzalina.

Inhabilitación perpetua y millonarias sanciones económicas para Godoy

Junto con la pena privativa de libertad de 12 años, el tribunal decretó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, terminando así de manera definitiva con la carrera política del exedil, quien fue suspendido anteriormente de su militancia en el Partido Socialista.

Además, se impusieron sanciones económicas que alcanzan la suma de $940 millones. Este monto se desglosa en una multa de $400 millones por el delito de cohecho y una indemnización de perjuicios de $540 millones derivada de la demanda civil, consignó El Mostrador.

El fallo establece que los delitos fueron cometidos durante su gestión al frente de la Municipalidad de Rancagua, afectando gravemente la probidad administrativa y el correcto uso de recursos públicos, configurando así un caso emblemático de corrupción a nivel municipal.

«Diezmos», tarjetas de crédito y un sistema de pagos por favores

La investigación, que se inició en 2022 tras un reportaje del Centro de Investigación Periodística (CIPER), acreditó que bajo la administración de Godoy se desarrolló un sistema de adjudicaciones fraudulentas. El tribunal determinó que las licitaciones municipales fueron sistemáticamente asignadas, mediante tratos directos o el sistema de adjudicación, a empresas de sus cercanos, en especial a las del empresario Javier Cornejo, quien fue condenado como cómplice por soborno y uso de instrumento privado falso, aunque absuelto de fraude al fisco.

A cambio, Cornejo le facilitó al entonces alcalde acceso a tarjetas bancarias para gastos personales, vehículos y otros beneficios. El Ministerio Público cifró en $2.300 millones el dinero involucrado en las operaciones ilícitas.

Uno de los hallazgos más reveladores fue la existencia de un «diezmo». El tribunal logró acreditar que Godoy exigía un 10% del monto comprometido en las licitaciones que se adjudicaban bajo su mandato a las empresas favorecidas.

«Lo más grave es el cúmulo de hechos, porque cada uno está relacionado con otro, independientemente que existan privados, empresarios, sobornantes, el mecanismo era básicamente el mismo, pagar por asignación de tratos directos, pagar por asignación de licitaciones», indicó el fiscal de alta complejidad de O’Higgins, Nicolás Núñez,

Respecto a la tarjeta de crédito proporcionada por Cornejo, el persecutor señaló que fue un hallazgo crucial, «porque nos permitió acreditar los delitos base y también el delito de lavado de activos, en una operación que no es bastante común en delitos de corrupción, usar el producto bancario de un tercero, fue algo bastante novedoso. Pero también usamos junto con la Policía de Investigaciones el ingenio, la creatividad para poder descubrir ese modo de lavar dinero».

Siete condenas por una «gobernanza fraudulenta»

El Tribunal encontró a Godoy culpable como autor de cohecho consumado y agravado en múltiples capítulos, fraude al fisco y lavado de activos ocurrido entre 2021 y 2023. Fue absuelto, junto a Cornejo, de los delitos de malversación de caudales públicos y delitos tributarios.

El abogado querellante, César Zamorano, valoró el resultado y detalló la extensión de las condenas: «Conseguimos siete condenas por siete partidas distintas, por siete grupos de delitos y, en algunos casos el cohecho que es el delito más reiterado que se presenta con mayor frecuencia en tres ítems o tres partidas, el tribunal estimó que era cohecho agravado sin otros delitos y, en el otro, respecto del primer capítulo era un cohecho con fraude al fisco».

Para Zamorano, el daño trasciende lo jurídico y afectó directamente a la comunidad: el delito más grave fue «haber echado mano de la caja municipal, haber dejado a los niños sin educación, haber dejado a los adultos sin remedios y sin pañales». Asimismo, subrayó el descalabro financiero heredado: «Godoy recibió la Cormun [Corporación Municipal] con un superávit de 700 millones y, antes de tres años, lo entregó con un déficit de más de 17 mil millones de pesos».

En la audiencia del pasado 23 de diciembre fiscal Núñez se mostró plenamente conforme con el veredicto, que a su juicio valida la tesis central de la investigación: «que durante el gobierno de Juan Ramón Godoy, efectivamente existió una gobernanza fraudulenta”.