Fabiola Campillai advierte que proyecto de ley de la derecha permitirá beneficios a presos de Punta Peuco

La senadora Fabiola Campillai advierte que la mejora de las condiciones carcelarias no debe ser excusa para suspender penas a criminales de lesa humanidad.

Un proyecto de ley que busca otorgar beneficios a adultos mayores en prisión, incluyendo a quienes cumplen condenas por violaciones a los derechos humanos se discute actualmente en la Comisión de Derechos Humanos del Senado. La senadora Fabiola Campillai se refirió a esta iniciativa, subrayando la necesidad de cautela para no menoscabar la justicia para las víctimas.

En sus declaraciones, la senadora Campillai reconoció la urgencia de abordar la situación de las cárceles chilenas y la importancia de mejorar las condiciones para la reinserción social. Sin embargo, enfatizó que «esto no puede ser usado como excusa para beneficiar a criminales de lesa humanidad suspendiéndoles sus condenas», afirmó. Su postura se centra en la necesidad general del sistema penitenciario, pero no apoya la especificidad para quienes realizaron crímenes de lesa humanidad.

Campillai señaló la desigualdad histórica en el trato penitenciario, indicando que mientras las cárceles comunes se encuentran marcadas por el hacinamiento y la precariedad, los condenados por crímenes de la dictadura «han tenido todo tipo de privilegios», sostuvo. Para la senadora, otorgarles beneficios adicionales ignora el dolor de las víctimas y sus familias, un dolor que se agudiza debido a que «estos condenados no colaboran ni muestran arrepentimientos», asegura.

El proyecto de ley en cuestión propone beneficios para personas de entre 70 y 80 años que cumplen sus condenas en la cárcel. La preocupación expresada por la senadora y por diversos sectores, surge por la posibilidad de aplicar estos beneficios a aquellos que fueron sentenciados por crímenes considerados imprescriptibles y que requieren la pena máxima por su naturaleza.

Finalmente, la senadora Campillai concluyó que la prioridad debe ser mejorar las condiciones de la población penal común, apuntando a una verdadera reinserción social. Sin embargo, reiteró la importancia de no confundir esta necesidad con la posibilidad de otorgar beneficios a quienes cometieron graves violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura militar.