El Ministerio Público acusa que al menos $57 millones provenientes del consorcio de origen bielorruso Belaz-Movitec (CBM) habrían terminado en manos de Gonzalo Migueles, esposo de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, a cambio de fallos favorables a la compañía en su multimillonario litigio con Codelco.
La información quedó al descubierto en un documento de 148 páginas que la fiscalía presentó al 7° Juzgado de Garantía de Santiago para solicitar la detención de Migueles y de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, representantes de CBM en el proceso legal con la minera estatal, así como el allanamiento del domicilio de la exjueza.
De acuerdo con un reportaje de CIPER, los pagos se realizaron en dos oportunidades específicas, siempre coincidiendo con resoluciones judiciales clave en las que Vivanco participó activamente. La fiscalía sostiene que la exministra «concurrió con su voto a resoluciones favoreciendo las pretensiones procesales y pecuniarias de CBM, que obligaron a Codelco desembolsar sumas millonarias al consorcio», dineros con los que luego se habrían realizado los pagos a su pareja.
Los pagos y los fallos que los precedieron
Según el documento fiscal, el primer desembolso ocurrió el 18 de diciembre de 2023. Este habría sido realizado después de que la Tercera Sala de la Corte Suprema, integrada por Vivanco, fallara a favor de CBM en varios recursos críticos para el litigio con Codelco.
El 4 de julio de 2023, con voto favorable de Vivanco, la Corte acogió un recurso de protección de CBM, ordenando a Codelco la restitución inmediata de maquinarias y el término de la retención de pagos, lo que implicó un desembolso superior a $12 mil millones por parte de la cuprífera estatal.
El 28 de septiembre de 2023, nuevamente con el voto de Vivanco, el máximo tribunal falló a favor de un recurso de aclaración que obligó a Codelco a pagar $4 mil millones adicionales por el costo de desmovilización de la maquinaria de CBM.
La fiscalía determinó que, para concretar el pago, el abogado Eduardo Lagos coordinó con una casa de cambios llamada «Inversiones Suiza Ltda.» una operación para ocultar el origen de los fondos. Lagos emitió un cheque por $70 millones, que fue cambiado a dólares sin registrar la operación. Finalmente, el 18 de diciembre de 2023, Migueles concurrió a la oficina de los abogados en el barrio El Golf, y recibió US$14.000 en efectivo.
El segundo pago se habría materializado el 17 de junio de 2024, luego de que Vivanco interviniera a favor de que Codelco pagara a CBM otros $1.026 millones por conceptos de reajuste e IVA asociados a la desmovilización de los equipos.
La investigación establece que, para este pago, Lagos giró un cheque por $45 millones a nombre de Miguel Ángel Obieta, trabajador de la casa de cambio de Harold Pizarro, un excliente de los abogados Vargas y Lagos, quien lo cobró en efectivo. El dinero fue entregado a Migueles, parte en pesos y parte en dólares, frente a las oficinas de Inversiones Suiza Ltda. Según la fiscalía, el dinero luego fue llevado al Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, para realizar transferencias que disimularan su procedencia, en una clara operación de lavado de activos.
La ruta del lavado de activos y viajes a Argentina y Brasil
El Ministerio Público ha descrito una compleja red de triangulaciones destinada a ocultar el origen ilícito del dinero. En ambas transacciones, los abogados Lagos y Vargas utilizaron los servicios de la casa de cambios «Inversiones Suiza Ltda.», propiedad de Harold Pizarro Iturrieta, para convertir cheques nominativos en efectivo no rastreable.
Posteriormente, en el caso de los $45 millones, se involucró a los conservadores de Bienes Raíces Sergio Yáber (de Puente Alto) y Yamil Najle (de Chillán), quien mantenía vínculos laborales previos con Migueles. Ellos habrían aceptado el dinero sin verificar su procedencia y realizado transferencias fragmentadas para reintroducir los fondos al sistema financiero y blanquearlos.
La fiscalía también sostiene que parte de este dinero se destinó a gastos personales de la pareja. Tras recibir el primer pago en diciembre de 2023, Vivanco y Migueles realizaron un viaje a Buenos Aires entre el 22 y 25 de diciembre de 2023, y posteriormente disfrutaran de unas vacaciones en Brasil entre el 12 y 27 de enero de 2024, con millonarios gastos en dólares en sus tarjetas de crédito.
Reuniones clandestinas y la defensa de Vivanco
La investigación no solo se basa en el rastro del dinero, sino también en evidencias físicas y digitales que conectan a los implicados. La orden de detención describe que, mientras se tramitaba la causa en la Corte Suprema, Vivanco, Migueles, Vargas y Lagos se reunían en la casa de la ministra.
Específicamente, se detalla que el 9 de febrero de 2024, a solo días de que los abogados de CBM ingresaran un recurso de queja ante la Suprema, todos se reunieron en el domicilio de la exjueza. Incluso, la fiscalía afirma que un escrito en defensa de CBM, presentado el 8 de agosto de 2023 a la Corte de Apelaciones de Copiapó, fue ingresado a ese tribunal desde la casa de Vivanco, según la georreferenciación de los celulares de los involucrados.
Consultada por CIPER, la exministra Vivanco reafirmó su inocencia y declaró; “Como yo lo he dicho antes, nosotros teníamos economías separadas y en consecuencias los intercambios de platas entre nosotros tenían que ver con gastos comunes, devoluciones de que una de las dos personas había gastado más o menos y contribuciones de gastos. Pero yo no tenía ningún control ni acceso ni cuentas comunes con él, por lo cual, cualquier pago que aparezca que, obviamente, en sus declaraciones (Gonzalo Migueles) tendrá que dar cuenta qué fue lo que pasó, yo no tuve ningún conocimiento de ninguno de los dos pagos que usted me comenta. Y tampoco tuve yo ninguna relación con ningún tipo de transacción que haya tenido que ver con la causa”.
Sin embargo, la fiscalía describe el rol de la exministra de la Suprema en toda esta trama de esta manera:
“Entre las diversas decisiones en las que intervino la imputada Vivanco con infracción a sus deberes del cargo durante la tramitación del recurso de protección ante la Corte Suprema, concurrió con su voto a resoluciones favoreciendo las pretensiones procesales y pecuniarias de CBM, que obligaron a Codelco a desembolsar sumas millonarias al consorcio, dineros con los que la empresa pagó honorarios a los abogados imputados, procediendo éstos, con parte de esos recursos, a dar beneficios económicos a la entonces ministra Vivanco y su conviviente Víctor Gonzalo Migueles Oteiza, quien concertadamente con ella facilitó los 4 medios para recibir el pago en conocimiento tanto del cohecho como del origen ilícito del dinero, que usaron para fines personales de él y de la ex ministra”, indicó el ente persecutor en el escrito consignado por CIPER.
Querella criminal del CDE
Este caso, conocido como la arista «Muñeca Bielorrusa» dentro de la macro causa «Audio», ha tenido repercusiones inmediatas. Gonzalo Migueles y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos se encuentran actualmente detenidos. Además, según informó El Mostrador, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal contra todos los involucrados por soborno, cohecho y lavado de activos, por que se sumó formalmente a la causa.
Para Ángela Vivanco, las consecuencias también han sido graves. En septiembre de 2024 fue suspendida de la Corte Suprema, después de que se estableciera que mantuvo contactos con el abogado Luis Hermosilla, formalizado por lavado de dinero, soborno y evasión fiscal como parte del denominado «Caso Audio», que involucra a una gran cantidad de ex funcionarios gubernamentales, políticos y empresarios.
Las conversaciones de WhatsApp entre Vivanco y el penalista, quien cumple arresto domiciliario total, darían cuenta de su influencia para que la exministra integrara la Corte Suprema y posteriormente interfiriera en nombramientos y entrega de información clave.
Cabe señalar que aunque la exministra tiene calidad de imputada en la investigación de la arista «Muñeca Bielorrusa», para que pueda ser detenida debería ser objeto de una querella de capítulos, dado que en el momento de los hechos era integrante del máximo tribunal y, por ende, tenía fuero.
Sin embargo, la Fiscalía de Los Lagos presentó este miércoles una querella de capítulos en contra de Vivanco.
Esta acción penal deja ahora en manos del máximo tribunal del país la decisión de acogerla, lo que constituye un trámite necesario para que pueda concretarse la eventual formalización de la exmagistrada, prevista para este viernes, consignó Diario U de Chile.

