Fiscalía citó a Ricardo Yáñez como imputado por causa de DDHH en el estallido

La causa comenzó en 2019 y ahora está a cargo de la jefa de la Unidad de Alta de Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Ximena Chong, quien citó a Yáñez para la semana que viene.

El Ministerio Público citó al director de Carabineros, Ricardo Yáñez, a declarar en calidad de imputado, en una investigación que se lleva a cabo sobre los delitos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad durante el estallido social.

La causa comenzó en 2019 y ahora está a cargo de la jefa de la Unidad de Alta de Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Ximena Chong, quien citó a Yáñez para la semana que viene.

Pese a que la indagatoria es sobre presuntos crímenes de lesa humanidad, esta nueva comparecencia se relaciona a una nueva causa iniciada a base de dos querellas presentadas en 2021 por abogados particulares, refiere Cooperativa.

Las querellas apuntan a establecer una responsabilidad de superior o de «mando» por supuestos «delitos de omisión» en apremios ilegítimos durante el estallido, comprendiendo las fechas entre el 18 de octubre del 2019 hasta el 30 de marzo del 2021.

Te interesa leer: Carabineros deberá entregar registros capturados con cámaras corporales en casos del estallido social

Declaración de Yáñez como jefe de Orden y Seguridad

Yáñez ya había declarado, en el marco del estalldio social, pero como jefe de Orden y Seguridad, donde se encargó de la «dirección, planificación, control y supervisión a través de los distintos jefes de zona para mantener los servicios operativos conforme a la misión institucional que recae en la institución a nivel nacional».

Además, estaba encargado del control del orden público.

«Desde el 18 de octubre la comunicación era diaria y permanente (…) se canalizaba a través de los jefes de zona que son quienes informan a la Dirección de Orden y Seguridad, a mí concretamente. Dentro del informe referido se incluía el reporte de personas lesionadas en manifestaciones, fueran carabineros o civiles. En algunos casos no contábamos con la individualización del lesionado, pero se informaba igual, porque esas fueron las instrucciones impartidas, además de formular las denuncias al Ministerio Público, incluyendo la información del personal de Carabineros involucrado en el procedimiento y del funcionario que había hecho uso del armamento», declaró en su momento el general.

En concreto, detalló Yáñez; realizó más de 81 instrucciones a los cuerpos de seguridad y – según alega el ahora director de Carabineros – estaban enfocados en «respetar la integridad de detenidos».

«La mejor demostración de ello es que no haya existido ninguna persona fallecida por el actuar de Carabineros. Muy por el contrario, las más de 81 instrucciones que impartí fueron en el sentido contrario, esto es, cumplir con los protocolos establecidos, desplegar controles de línea, respetar integridad de detenidos y esto aun en situaciones de agresión a carabineros o en que se hayan visto sobrepasados, por mucho que se haya tenido el interés de recuperar el orden público», sostuvo.

«No todos los manifestantes fueron atacados»

La defensa de Yáñez, por su parte, alegó que – pese a lo que se registró durante la revuelta social -, «no todos los manifestantes fueron atacados.

«A la vista de todo el análisis podemos concluir que Chile vio, durante el estallido, unos problemas de orden público no conocidos en su historia reciente. Ello llevó a la necesidad de incorporar a las tareas de control del orden público a un elevado número de efectivos que no venían ejerciéndolas habitualmente», lo cual se tradujo en «una incapacidad (más que falta de voluntad) de recuperar el espacio público garantizado a la vez que todos los agentes cumplieran con los protocolos de uso de la fuerza», recalcó la abogada Alicia Gil Gil, directora del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la UNED de Madrid.

De igual forma, la defensa busca descartar «el elemento ‘existencia de una política (estatal para dañar a la población)», aquello «siguiendo las argumentaciones de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional», a la vez que apuntó que «se constata que tampoco existen indicaciones suficientes de la existencia de un ataque generalizado sistemático contra una población civil».

«Hay que atender el hecho de que no todos los manifestantes fueron atacados (de hecho, la mayoría de los millones de intervinientes en las manifestaciones no sufrieron ningún daño). Además, tampoco se constata un patrón consistente de atacar a los opositores al Gobierno fuera del contexto de las manifestaciones», complementó.

Síguenos y suscríbete a nuestras publicaciones

Comparte ✌️

Relacionados

Comenta 💬