De la selfie con Kast al retorno de Pinochet: Frei es citado a declarar por rol de su gobierno en regreso del dictador desde Londres

La foto de Eduardo Frei Ruiz-Tagle sonriendo junto a José Antonio Kast, y el comunicado en que dijo compartir “muchas de sus visiones”, abrió una polémica política que remeció a la ex Concertación. Pero mientras el expresidente intentaba explicar esa aproximación a la ultraderecha, otro frente —mucho más delicado— se activó en los tribunales: Frei fue citado a declarar por escrito en una causa que investiga encubrimiento de crímenes de lesa humanidad y el rol de su gobierno en el retorno de Augusto Pinochet desde Londres.

Según reveló un reportaje de Biobiochile.cl, la diligencia fue ordenada por la ministra en visita para causas de derechos humanos, Paola Plaza, en el marco del proceso que busca establecer si la administración Frei colaboró —y de qué forma— con la vuelta del exdictador a Chile durante su arresto en el Reino Unido, entre 1998 y 2000. La arista no solo toca decisiones de política exterior, sino también eventuales maniobras para garantizar impunidad.

La solicitud fue presentada por la abogada Karinna Fernández, representante de familiares de víctimas de la Caravana de la Muerte, y plantea preguntas dirigidas al exmandatario. Entre ellas, una de las más explosivas: si tuvo conocimiento de un documento de unas diez páginas, elaborado supuestamente por su gobierno, con instrucciones para que Pinochet fingiera demencia y así obtener su liberación por razones médicas.

Por qué Frei es citado por retorno de Pinochet

La ministra Paola Plaza no solo acogió la petición de la querellante; además amplió el alcance de la diligencia con nuevas interrogantes. El objetivo es despejar qué sabía Frei sobre la estrategia oficial para lograr que el exdictador regresara a Chile, qué coordinaciones se hicieron con mandos militares y si existieron gestiones con el presidente de la Corte Suprema para que “no hubiera problemas” con su desafuero una vez de vuelta en el país.

El corazón de estas dudas está en las declaraciones del exasesor presidencial Cristián Toloza al jurista británico Philippe Sands, recogidas en el libro Calle Londres 38. Allí, Toloza afirma que integró un grupo encabezado por el entonces ministro del Interior, Raúl Troncoso, cuya misión habría sido facilitar el retorno de Pinochet desde el Reino Unido, en plena ofensiva judicial internacional por crímenes de la dictadura.

Según el registro citado, ese equipo elaboró un dossier con instrucciones para que el exgeneral simulara deterioro cognitivo: “Tenía que decir que había pensado suicidarse, que tenía problemas de memoria, cosas irracionales y absurdas”, señala el relato atribuido a Toloza. El documento habría sido entregado al general Ricardo Izurieta antes de reunirse con Pinochet en Londres.

Frei citado por retorno de Pinochet: el dossier, Londres y la versión de su exasesor

La diligencia ordenada por Plaza también pregunta por otras gestiones atribuidas a Cristián Toloza. Entre ellas, su viaje a Londres llevando un documento reservado en el que Pinochet autorizaba la Operación Caravana de la Muerte, texto que habría intentado usar para convencer al jefe de gabinete de Tony Blair, Jonathan Powell, de que el exdictador sería efectivamente juzgado en Chile.

La jueza busca que Frei detalle qué conoció de esa supuesta estrategia, cuáles fueron las coordinaciones con el alto mando militar y quiénes participaron en la definición del “plan de retorno”. No solo se trata de saber si existió o no un dossier para fingir demencia, sino también de establecer la eventual responsabilidad política del gobierno civil en un proceso que terminó con Pinochet de regreso en Chile y, finalmente, sin condena penal.

En este escenario, la citación al expresidente como testigo —y el hecho de que la causa investigue encubrimiento de crímenes de lesa humanidad— tensiona el relato que por años se instaló sobre la transición: el de un gobierno que habría defendido con firmeza la justicia internacional y la responsabilidad del exdictador, frente a la presión militar y diplomática.

Lo que dice Frei y sus excancilleres

Estas revelaciones comenzaron a circular públicamente en abril, cuando se difundió el contenido de las entrevistas recogidas por Sands y los antecedentes del dossier. Ante ese escenario, los excancilleres de Frei, José Miguel Insulza y Juan Gabriel Valdés, salieron a marcar distancia. Ambos sostuvieron que, si dicho documento existió, fue elaborado “a espaldas del gobierno”, es decir, sin conocimiento ni autorización del exmandatario ni de la Cancillería.

El propio Frei ha negado tajantemente cualquier vínculo con el supuesto dossier. En conversación con Radio Bío Bío, el mes pasado afirmó: “Nunca entregaron un documento así (…) Si lo entregaron otros, es responsabilidad de otros”. La frase deja abierta la puerta a que hubiese iniciativas paralelas, pero insiste en que no hubo instrucción directa desde la cabeza del gobierno.

Por ahora, el oficio de la ministra Paola Plaza ya fue recibido por Frei y está siendo analizado por su abogado. Será su respuesta escrita la que determine el próximo movimiento del proceso: si la línea de defensa se mantiene en negar total conocimiento o si aparecen matices sobre el grado de información que tuvo La Moneda respecto del regreso del exdictador.

El contraste entre la selfie con Kast, las declaraciones del expresidente sobre compartir “visiones” con el líder de la ultraderecha, y esta causa que lo obliga a responder por el retorno de Pinochet, instala una pregunta incómoda para la transición chilena: ¿hasta dónde llegaron las concesiones políticas para cerrar el capítulo de la dictadura, y qué costo tuvo eso para verdad, justicia y reparación de las víctimas?

Mientras la ministra Plaza avanza en su investigación, el país vuelve a mirar los años noventa no solo como “el inicio de la democracia”, sino también como un período en que se tomaron decisiones clave sobre el destino judicial del principal responsable de los crímenes de la dictadura. Y esta vez, la justicia quiere escuchar a Frei directamente.