Fundación nacional de la discapacidad pide al gobierno frenar violencia policial en marchas estudiantiles.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, por medio del apartado “Protección contra la explotación, la violencia y el abuso” (Art. 16) insta a los Estados partes –incluido Chile- a adoptar todas las medidas de carácter legislativo, administrativo, social, educativo y de otra índole que sean pertinentes para proteger a las personas, contra todas las formas de explotación, violencia y abuso.

“Lamentamos el uso y abuso excesivo que el gobierno ejecuta por medios de las fuerzas especiales de carabineros, contra mujeres y hombres jóvenes desarmados, que además de constituir un acto de cobardía absoluta, atentan contra los Derechos Humanos y Salud integral de estos, generando actuales o futuras lesiones permanentes, es decir, diversos tipos y grados de discapacidades físicas, sensoriales y orgánicas” señaló Alejandro Hernández, Presidente y Director Ejecutivo de Fundación Nacional de Discapacitados.

Hernández agregó que “la gestión y planificación en discapacidad del Estado y el actual gobierno es pésima, por tanto no puede darse el lujo de fabricar más personas con discapacidad a punta de violencia y represión, propias de un gobierno de facto y no de uno elegido democráticamente. Rechazamos de plano las agresiones en contra de los estudiantes Rodrigo Avilés -quien permanece en coma y riesgo vital- y la estudiante de 19 años Paulina Estay quien fue golpeada brutalmente por un efectivo de policía, ambas agresiones en el contexto de la cuenta pública de este 21 de mayo”.

Karina Olivares, Directora de Acción Social de la FND, señaló por su parte que “Un Estado como el nuestro, debe considerar los efectos que puede traer el uso de la violencia y la represión de grupos organizados que buscan manifestarse, expresando sus opiniones y haciendo uso del derecho a marcha, Chile ha evolucionado y este derecho se ha ganado luego del retorno a la democracia en 1989.  El Estado debe salvaguardar la seguridad integral de la población, y ese debe ser su objetivo principal, máxime cuando en Chile se cometieron en el pasado, tantas y tan graves vulneraciones a los derechos humanos”.

En  todo el mundo, no solo en Chile, el uso de la violencia por medios institucionalizados, lleva consigo un grave riesgo para la población. Se constata en los países donde se utilizan estos “medios disuasivos”, que aumenta de manera exponencial el riesgo de muerte, discapacidad y accidentabilidad de quienes están expuestos al uso de la violencia represiva. 

Sabemos que en Chile, lo que le espera a una persona que presenta un diagnostico similar al de Rodrigo Avilés es un alta médica y una larga “hospitalización domiciliaria” concepto con el cual se denomina a los cuidados paliativos que puedan brindarle sus familiares y personal médico y paramédico del sistema de salud, acotada a breves visitas una vez por mes. De sobrevivir Rodrigo a este desolador panorama médico, la perspectiva social no es muy alentadora, pues sabemos que Chile no cuenta con establecimientos públicos de larga estadía que brinden rehabilitación especializada por atender personas que han adquirido discapacidad severa, agregaron los dirigentes.

Como tantos otros casos de personas en estado de dependencia total -al menos 600 mil en Chile- no existe alternativa de rehabilitación distinta a la que pueda ser otorgada desde sus casas. El Estado de Chile no dispone de la voluntad política para invertir en Centros de Rehabilitación especializados para atender a pacientes adultos con discapacidad. Es por eso la relevancia de frenar el uso de la violencia y abuso policial. Porque no existe la responsabilidad ni la voluntad del Estado de hacerse parte de las consecuencias que ello acarrea, de ahí la importancia vital de eliminar el uso de la violencia en marchas donde la ciudadanía clama por un real “Estado de Derecho”, más responsable y respetuoso de los Derechos Humanos y Sociales, concluyeron desde la Fundación.