Giro en la causa: Detienen a exjuez tributario por cohecho agravado en caso de peritos designados “a dedo”

En un giro en la causa, el exjuez del Segundo Tribunal Tributario y Aduanero (TTA) de la Región Metropolitana, Óscar Meriño Maturana, fue detenido ayer martes por el delito de cohecho agravado. La medida, ordenada por el fiscal Jaime Retamal de la Fiscalía Centro Norte, contrasta con el resultado de un sumario administrativo que el año pasado, pese a comprobar las irregularidades, solo sancionó al magistrado con una suspensión de cuatro meses, sin lograr acreditar el beneficio económico.

La detención se concretó a las 13:45 horas de la tarde en la comuna de Colina, según información del Ministerio Público consignada por CIPER. Meriño permanecerá detenido hasta este miércoles, cuando será pasado a control de detención y posterior formalización por su presunta participación en una trama de designación de peritos “a dedo”, a cambio de pagos.

Una investigación de dos vías: la administrativa y la penal

El caso de Meriño se ha desarrollado en dos carriles paralelos. Por un lado, el sumario administrativo a cargo de la Corte de Apelaciones de Santiago, liderado por el fiscal judicial Daniel Calvo y que concluyó el año pasado, logró comprobar que el juez designó de manera “arbitraria e irregular” a peritos en al menos diez causas tramitadas en el Segundo TTA de Santiago en el periodo comprendido entre 2018 y 2021.

Los expertos que fueron nombrados en esas controversias legales fueron, principalmente, Teresa del Pilar Gaete Navarro, Sergio Castro Rivero y José García Donoso

La investigación administrativa no pudo comprobar la recepción de coimas en favor de Meriño para concretar las designaciones, sobreseyendo al magistrado de la acusación de haberse beneficiado financieramente.

No obstante, el informe del fiscal Calvo determinó que las designaciones se produjeron en un contexto de “múltiples transacciones bancarias cuestionables por parte del juez señor Meriño, cuya repetición sostenida sugiere un patrón de comportamiento de parte del juez investigado que va más allá del mero error o descuido y que impacta en la garantía de un procedimiento judicial justo e imparcial”.

Aunque Merino justificó las transacciones como movimientos relacionados con el pago de arriendos de ocho departamentos en Colina, que renta a personas migrantes por montos entre $120 y $130 mil al mes, en el fallo de 74 páginas, la Corte aseguró que se constataron “múltiples transferencias de dinero y movimientos financieros” del juez, cuyo origen y justificación “no han sido plenamente esclarecidos”, consignó CIPER.

Entre esos movimientos se encontraban traspasos por $18,8 millones provenientes de la sociedad Mejías San Martín, conformada por su madre y su hermano, a quienes emitió boletas de honorarios por “servicios no especificados”; a lo que se sumaron $3,3 millones enviados por su pareja, Auddy Graterol Rivero, quien ―a su vez― había recibido dineros de parte de una de las peritos que fue designada por el propio Meriño.

También se registraron o traspasos a su hermano por $118 millones, así como a su asistente en el tribunal, por un monto de $4,5 millones. Además, existirían depósitos de terceras personas no identificadas, por la suma total de $30 millones.

Pese a la gravedad de estos hallazgos, el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago decidió suspender a Merino por cuatro meses. En esa votación, una minoría de ministros intentó elevar el caso a la Corte Suprema para abrir un cuaderno de remoción, pero la iniciativa no prosperó.

Paralelamente, la investigación penal, a cargo del fiscal Jaime Retamal, se mantenía activa. Se originó a partir de una denuncia anónima que afirmaba que el juez y otros funcionarios del tribunal recibían pagos a cambio de nombrar peritos específicos en causas bajo su revisión. A diferencia del sumario, la investigación de la Fiscalía Centro Norte, derivó en la detención de Óscar Meriño por el delito de cohecho agravado.

Esta indagatoria también se centró en otros tres funcionarios del Segundo Tribunal Tributario y Aduanero de Santiago y abarcó los últimos cinco años y al menos 50 causas que se tramitaron en el Segundo Tribunal Tributario y Aduanero (TTA) de la Región Metropolitana.

Estos 50 procesos tienen como denominador común la realización de peritajes contables en causas de contribuyentes con un alto monto en impuestos adeudados, los cuales suelen realizarse de forma excepcional, dado el alto costo que tienen.

También trascendió que se usaba a personas externas en estos documentos y en las 50 causas indagadas se repiten, al menos, cinco peritos, lo que ha llamado la atención tomando en cuenta que las designaciones se realizan de forma «aleatoria», para garantizar que no estén a cargo siempre de los mismos expertos.

Suprema sacó a Meriño por malas calificaciones

En marzo de este año, la Corte Suprema removió a Óscar Meriño en el Segundo TTA de la Región Metropolitana. Sin embargo, el argumento para su destitución no estuvo directamente vinculado al escándalo de cohecho, sino que se basó en haber “obtenido una calificación inferior a 3.0 en dos ocasiones consecutivas”.

El proceso se desarrolló luego de que en una escala con nota máxima siete, la calificación sobre su evaluación laboral fuera de 2.9; la segunda consecutiva con una calificación “deficiente” tras obtener una nota inferior a 3.0.

Según reveló El Mostrador, para intentar revertir su baja calificación, el juez Óscar Meriño decidió un recurso de protección contra la ministra Romy Rutherford, quien sugirió calificarlo con una nota de 2.7. Sin embargo, esta acción no prosperó, y su remoción como juez Tribunal Tributario y Aduanero de Santiago se concretó el 5 de marzo.

En aquella ocasión resolución del Pleno la Corte Suprema fue comunicada a la administración zonal de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a la Oficina de Concursos y a la Oficina de Calificaciones de la Corte de Apelaciones; así como también a la Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros y del Tribunal de Contratación Pública, al Ministerio de Hacienda y al Segundo Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana.